Begoña ficha al abogado de Laporta y los Pujol

La agenda política y judicial de este 29 de julio de 2026 ha estado marcada por cuatro frentes abiertos que afectan al Gobierno y al Partido Socialista, demostrando que los incendios políticos no se apagan tan fácilmente como los forestales.

El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña y líder de Junts, Laura Borràs, conmutando su pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años, aunque mantiene la multa y la inhabilitación de cuatro años y un día. Borràs fue condenada por prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos para adjudicarlos a un amigo durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas.

El indulto se concede en los mismos términos planteados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya señaló que la pena de prisión era "desproporcionada y excesiva". La decisión, que no ha sido exenta de polémica, se suma a otros indultos parciales aprobados en la misma reunión del Consejo de Ministros, como el del artista Natalio Grueso o el del exalcalde de Linares, Juan Fernández Gutiérrez.

Natalio Grueso, director del Centro Niemeyer de Avilés durante 15 años, fue condenado a ocho años de prisión por malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios continuados. La sentencia le consideró responsable de desviar más de 600.000 euros de las arcas de la fundación, un centro cultural de referencia internacional diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer y financiado con fondos públicos.

El modus operandi de Grueso consistió en falsear facturas y contratos para justificar pagos a empresas vinculadas a su entorno, como su propia empresa, Luz de Mar de Villaviciosa S.L. La investigación destapó un entramado de sociedades a través de las cuales Grueso canalizó fondos de la fundación para su propio beneficio, utilizando el dinero público para pagar gastos personales y de su familia. El exdirector llegó a ser detenido en 2022 en el marco de una investigación de la Guardia Civil, que también apuntó a que había realizado pagos irregulares a colaboradores y había utilizado una tarjeta de crédito de la fundación con una línea de crédito personal de 3.000 euros, que luego no justificó debidamente.

El indulto concedido por el Gobierno, que se justifica en "motivos humanitarios relacionados con el estado de salud del condenado", le permite eludir los dos años de prisión que le quedaban por cumplir. La decisión, que llega después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena, ha generado críticas entre quienes consideran que la medida de gracia es un exceso de generosidad con un condenado por corrupción.

El exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, fue condenado a tres años de prisión y siete de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos. La sentencia le consideró responsable de cobrar sobresueldos indebidos durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Linares, que sumaron más de 10.000 euros.

Fernández Gutiérrez, que gobernó Linares entre 2011 y 2015, percibió retribuciones complementarias que no estaban previstas en el presupuesto municipal, utilizando su posición para beneficiarse económicamente de forma irregular. El caso fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción, que encontró pruebas de que el exalcalde había cobrado cantidades adicionales sin la debida justificación. La sentencia, que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2025, le condenó a devolver el dinero percibido de forma ilegal.

El indulto concedido por el Gobierno le ha conmutado la pena de prisión de tres años por dos años, una rebaja que, aunque parcial, le permite reducir su condena. La decisión ha sido respaldada por el tribunal sentenciador y por el propio Ayuntamiento de Linares, que apoyó la solicitud de indulto, así como por una asociación vecinal que recogió firmas a su favor. El apoyo institucional y vecinal ha sido un factor clave para que el Gobierno haya decidido conceder la medida de gracia.

En un movimiento estratégico de última hora, Begoña Gómez ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que deja la defensa de Antonio Camacho y que será el letrado Jaime Campaner quien la asista en la causa por tráfico de influencias y malversación. El nuevo abogado ya ha solicitado ampliar el plazo para presentar el escrito de defensa, una maniobra que podría retrasar el inicio del juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia de Madrid.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha presentado un escrito de conclusiones en el que reclama a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil en el caso de que sean condenadas por malversación. La universidad, que ejerce la acción civil como perjudicada, sostiene que el 'software' desarrollado en el seno de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que dirigía Gómez fue desviado para fines privados, y reclama también la restitución de la titularidad y el control del 'software'.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputado el 10 de septiembre al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en la causa que investiga una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Pedraz también ha citado como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca, y ha ordenado librar oficio a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz para que remitan documentación relacionada con la denuncia contra la exmilitante socialista Leire Díaz.

La noticia del indulto a Borràs y las nuevas imputaciones relacionadas con el PSOE han generado una oleada de reacciones en la oposición. El PP, a través de su portavoz en el Congreso, ha exigido explicaciones al Gobierno sobre el indulto a Borràs, preguntando si se ha producido "una contrapartida por el apoyo de Junts al Gobierno" y si el "caso de los contratos de la ILC es de obligado cumplimiento". La portavoz del PP ha calificado la decisión de "inaceptable" y ha asegurado que "la partida del indulto no cierra" para el PP.