Además propondrá también la reprobación de Mónica García y Ana Redondo

El Partido Popular registrará en el Senado cinco solicitudes de reprobación contra los ministros de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad e Igualdad por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, que se votarán en el pleno del 9 de septiembre . La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha calificado la situación como un "ataque a la integridad territorial y a la soberanía de España" y ha criticado la "rebeldía democrática" del Gobierno por la falta de comparecencia de los ministros en el Senado .

La reprobación se dirige específicamente a Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles, Mónica García y Ana Redondo, a quienes acusan de no haber reforzado la frontera, no haber explicado las negociaciones con Marruecos, haber cambiado su decisión de comparecer, no haber atendido el "colapso sanitario" en Ceuta y no haber visitado la ciudad autónoma durante la crisis .

García ha señalado que la crisis, que se intensificó con la entrada masiva de inmigrantes el 30 de julio, "merece el reproche político más contundente que el Senado puede ofrecer" y ha criticado la decisión del Gobierno de no comparecer en el Senado, donde el PP tiene mayoría, como un intento de "control de daños" en lugar de promover la transparencia . La portavoz ha asegurado que el presidente Pedro Sánchez parece estar más preocupado por sus vacaciones que por la crisis en Ceuta, y ha recordado que en la presente legislatura ya se han producido reprobaciones anteriores a varios ministros .

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Supremo la negativa de varios ministros del Gobierno a comparecer en el Senado para explicar la crisis migratoria en Ceuta, al considerar que esta actitud es un "desacato parlamentario" . Feijóo ha argumentado que el Gobierno no tiene la prerrogativa de elegir en qué cámara legislativa se somete a control, y que el Senado, como cámara de representación territorial, tiene el derecho de solicitar información sobre eventos que afectan a regiones específicas como Ceuta . El líder del PP ha calificado de "demoledor" que algunos primeros ministros europeos hayan comparecido ante sus respectivos parlamentos antes que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo que subraya la falta de responsabilidad y transparencia del Ejecutivo .

Además de la acción legal, Feijóo ha presentado siete propuestas que considera "imprescindibles" para abordar la crisis migratoria, entre las que se incluyen el establecimiento de un mando único en la ciudad autónoma, un plan para el regreso voluntario o la expulsión de todos los que han entrado ilegalmente, el fomento de relaciones de reciprocidad con Marruecos, y el empleo de todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad en la frontera . También ha abogado por asegurar la inviolabilidad de la frontera mediante la mejora de infraestructuras, recursos humanos y tecnología, buscar el reconocimiento europeo de Ceuta como parte de la solución, y desarrollar un plan de reactivación económica para la región afectada por la crisis migratoria . Las propuestas del PP buscan abordar de manera integral la crisis .

Feijóo ha enfatizado que la comparecencia en el Senado es fundamental y no puede ser sustituida por una comparecencia en el Congreso, y ha acusado al Gobierno de intentar "controlar los daños" con su negativa a comparecer en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría . Las reprobaciones de los ministros se votarán en el pleno del Senado del 9 de septiembre, en un momento de tensión política tras la crisis migratoria en Ceuta . El anuncio de Feijóo refleja una postura firme del PP en defensa de la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno .

El Partido Popular ha presentado una moción de reprobación contra cinco ministros por la crisis de Ceuta, pero el núcleo real del conflicto es otro: la negativa de los ministros de Interior, Exteriores y Defensa a comparecer en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. El artículo 502 del Código Penal establece que negarse a comparecer ante una comisión parlamentaria puede ser constitutivo de un delito de desobediencia, con penas de suspensión de empleo público de seis meses a dos años. El Gobierno ha argumentado que los ministros comparecerán en el Congreso —la Cámara que considera prevalente para rendir cuentas—, evitando así las comparecencias en el Senado. Sin embargo, esta decisión ha abierto un conflicto institucional sobre el alcance del control parlamentario en una Cámara con mayoría de la oposición.