Ignacio González declara por Lezo, mientras que Podemos rompe con Frente Amplio

La precampaña del 29-N avanza con cinco frentes abiertos que cruzan la actualidad judicial, institucional y electoral. Desde Ceuta hasta los tribunales, pasando por la acampada de Sol y las negociaciones de la izquierda, cada bloque añade tensión a una campaña que aún no ha comenzado formalmente.

El rey Felipe VI ha defendido este martes en Ceuta “la españolidad irrenunciable” de la ciudad autónoma y ha pedido el “regreso lo antes posible” de quienes entraron irregularmente en territorio español durante la crisis de finales de julio. Los reyes visitan Ceuta dos meses y medio después de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos, con la novedad de que Marruecos mantiene un silencio oficial ante la visita, a diferencia de lo ocurrido hace 20 años, cuando la visita de Juan Carlos I provocó la retirada del embajador marroquí .

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha agradecido a Felipe VI su “confianza y aliento” para superar una crisis que ha calificado como “el momento más difícil de la historia” de la ciudad. Vivas ha denunciado que Ceuta “no es la que era” y ha reclamado la expulsión de los inmigrantes que aún permanecen en la ciudad, además de medidas para que el control de la frontera no dependa de terceros .

En el plano político, el PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber ocultado al Congreso la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta durante la crisis migratoria. La polémica se suma al relato de la oposición sobre la gestión del Ejecutivo en la ciudad autónoma .

El Tribunal Supremo ha confirmado por cinco votos a uno la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos que no acrediten ser descendientes de exiliados. La decisión afecta a 163.020 personas para las elecciones del 29-N y mantiene la medida adoptada en septiembre a petición de Vox e Iustitia Europa .

El Supremo argumenta que “el interés general de preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer sobre el derecho de sufragio” y reprocha a la Administración que no haya podido facilitar la identidad de los afectados. El auto introduce una novedad procesal: permite a los afectados personarse en el procedimiento para defender sus derechos y solicitar la revocación de las cautelares .

El Gobierno ha tildado la decisión de “despropósito” y la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha afirmado que “no se entiende” que se prive del voto a personas que ya votaron en 2023. El Ejecutivo estudia si puede recurrir al Tribunal Constitucional, aunque fuentes gubernamentales consideran que son los propios afectados quienes tienen legitimación para hacerlo . Feijóo, por su parte, ha respaldado la decisión y ha anunciado que el PP enviará interventores y apoderados a “todas las mesas” el 29-N .

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha asegurado que su partido auditará todas las nacionalizaciones concedidas al amparo de la ley de nietos si llega al Gobierno y goza de "una fuerza suficiente". Buxadé ha afirmado que se exigirán "todas las responsabilidades penales" a los funcionarios que hayan "certificado algo que no responde a la realidad" y "aceptando el fraude, la ocultación o la falsedad".

Las declaraciones se producen horas después de que el Tribunal Supremo decidiera mantener la suspensión del derecho a voto de las personas nacionalizadas por la ley de nietos. Buxadé ha celebrado que no puedan votar "todas esas personas que han sido inscritas en el censo de los españoles residentes en el exterior" porque, ha afirmado, "existe una indiscutible duda, más que razonable, de que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la instrucción ilegal de Sofía Puente que cambió totalmente el sentido de la disposición adicional octava" de la norma.

"Estamos ante un reconocimiento de la nacionalidad para nietos de exiliados, sino directamente el regalar la nacionalidad a cientos de miles de personas que no tienen vínculo alguno con España, pero que sobre todo es que no es lo que decía la ley", ha rematado el dirigente de Vox.

Vox ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y contra los organizadores de la acampada de la Puerta del Sol. Les atribuye presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación administrativa, y a los organizadores, un delito de reunión ilícita por no impedir la presencia de objetos peligrosos como “cuchillos de hoja superior a 11 cm” y piedras. La querella también menciona daños en la Real Casa de Correos y en la escultura del Oso y el Madroño, así como incidentes con periodistas . En paralelo, un juzgado ha archivado la querella de Manos Limpias contra el delegado del Gobierno por la acampada.

Los partidos del Frente Amplio —IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los Comuns— han designado a Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno para el 29-N. La coalición ha invitado expresamente a Podemos a sumarse al proyecto, pero los morados han rechazado integrarse y mantienen su alianza con ERC. Irene Montero ha defendido que su acuerdo con Gabriel Rufián está “abierto a que se incorpore quien quiera” y ha rechazado las primarias como condición para la unidad . Más Madrid ha propuesto que Emilio Delgado encabece la lista por Madrid, con Mónica García en segundo lugar, una fórmula que deja a Podemos fuera de los primeros puestos en la circunscripción de la capital .

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha negado que su formación se vaya a integrar en el Frente Amplio y ha defendido que su alianza con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, está abierta a que otros partidos se incorporen. "Vamos a seguir hablando e intentando todas las formas de colaboración", ha señalado Montero en una entrevista en TVE, en la que ha indicado que la gente progresista "está pidiendo acuerdos" entre diferentes, en los que se busquen "puntos en común y formas de cooperación".

Montero ha puesto en valor el acuerdo con ERC sobre el que van a trabajar y que, según ha explicado, "está abierto a que se incorpore quien quiera". "Que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que no estén hechas con la mejor voluntad", ha advertido. En una entrevista previa en la Cadena SER, la dirigente de Podemos había evitado pronunciarse sobre la "puerta abierta" que le ha ofrecido el Frente Amplio y había señalado: "Prefiero mi silencio porque creo que es lo que mejor puede contribuir a que las cosas vayan bien".

Podemos va a "contribuir" a la candidatura de ERC y hará "equipo" con Rufián "en todo el territorio" de cara a las elecciones generales del 29-N. La decisión deja al Frente Amplio —integrado por IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los Comuns— sin los morados, a tres días del plazo para registrar coaliciones ante la Junta Electoral Central, que vence el viernes 16 de octubre.

La Audiencia Nacional ha arrancado este martes el juicio contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras cuatro personas por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos del Canal de Isabel II vinculados a un campo de golf. La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 550.000 euros de multa para cada acusado por un presunto delito de cohecho .

González ha negado las acusaciones en la primera jornada, al igual que el resto de procesados, entre ellos su hermano y su cuñado, socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas. La defensa ha solicitado la expulsión del Ayuntamiento de Madrid como acusación particular, pero el tribunal ha desestimado la petición porque el consistorio es accionista del Canal y “puede ser perjudicado por los hechos que se van a juzgar” .

Según Anticorrupción, los hechos se remontan a 2004, cuando la dirección del Canal, ostentada por González y por Ildefonso de Miguel, impulsó un modificado del concurso “con el fin de beneficiar a familiares” del expresidente madrileño. La empresa TCT, sin capacidad técnica para ejecutar los trabajos, se interpuso “innecesariamente” y obtuvo un beneficio de al menos 504.780 euros .

La Audiencia Nacional ha arrancado este martes el juicio contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras cuatro personas por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público. Es la pieza 2 del caso Lezo. Junto a González están acusados el director gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente.

Para todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios, así como una multa de 550.000 euros. En la primera jornada, las partes han planteado las cuestiones previas y González y el resto de acusados han negado los hechos. La defensa conjunta del hermano y el cuñado de González ha solicitado la expulsión de la causa de la representación del Ayuntamiento de Madrid, argumentando que no tiene "ningún perjuicio acreditado ni alegado". El tribunal ha desestimado la petición al considerar que el consistorio "se encuentra integrado en la estructura societaria del Canal de Isabel II, de forma que un eventual perjuicio económico ocasionado a esta repercute necesariamente en los intereses" del Ayuntamiento. La Fiscalía también se ha opuesto a la expulsión porque el consistorio "es accionista del Canal de Isabel II y, por lo tanto, puede ser perjudicado por los hechos que se van a juzgar".

Los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal. Dos años más tarde, según Anticorrupción, la dirección del Canal, ostentada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación". La actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, "empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones".

El 15 de junio de 2006, antes de que se le adjudicase formalmente el modificado, Dragados subcontrató a TCT para la ejecución de un hoyo de prueba en el campo de golf por 160.204,79 euros, importe que se amplió después con cuatro anexos hasta alcanzar los 3.067.864,83 euros. Como TCT carecía de capacidad para ejecutar los trabajos deportivos, los subcontrató a su vez con Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, acordando percibir una comisión del 8% por su intermediación. Entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, los acusados fueron repartiéndose parte de los beneficios: el hermano de Ignacio González, oculto bajo las siglas PG, recibió 101.348 euros mediante 20 entregas en efectivo; el cuñado, bajo las siglas JJC, recibió 94.425 euros en once entregas, y José Antonio Clemente, bajo las siglas JCM, recibió 71.199 euros. Además, en 2006 el canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas del tercer depósito a una UTE formada por TCT, Soto Once e Iridium, que constituyó la sociedad Green Canal Golf. Esta subcontrató con TCT el mantenimiento del césped durante cinco años por 9.875 euros mensuales, y TCT lo subcontrató con Onlygolf por 7.941, obteniendo un beneficio aproximado de 124.000 euros por su mera intermediación.

La Comunidad de Madrid está personada en la causa. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha expresado su deseo de que el caso se resuelva "cuanto antes" y ha recordado que el Gobierno madrileño está personado. "Está personada la propia Comunidad de Madrid, por tanto lo que esperamos que cuanto antes se pueda resolver", ha valorado. Preguntado por las críticas del PSOE sobre la falta de "prisa" en juzgar este tipo de casos, García Martín ha señalado que el "gran culpable" es el Gobierno de la nación por "no haber dotado de medios a la Justicia durante todos estos años".