La campaña electoral del 29N ha entrado este martes en una fase de máxima tensión política, con el liderazgo de Pedro Sánchez convertido en el eje de todos los ataques y en el principal obstáculo para cualquier acuerdo postelectoral. Dos formaciones clave han coincidido en señalar que el presidente del Gobierno es una línea roja para pactar. La presidenta de Democracia21, Miriam González, ha asegurado en la Cadena Ser que Sánchez "ni siquiera debería haberse presentado" y que "ya tendría que haber dimitido" por su gestión de la crisis de Ceuta. En paralelo, la candidata de Junts al Congreso, Míriam Nogueras, ha abierto la puerta a investir un Gobierno del PSOE sin Sánchez si eso "beneficia a Cataluña". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ido más allá y ha sentenciado que "la regeneración pasa por intentar que Sánchez no sea protagonista ni en la oposición en la próxima legislatura".

En el capítulo de las declaraciones institucionales, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado el tono de la confrontación. En un acto público, ha pedido "no acostumbrarse a que se quemen calles en España" y ha advertido de que "hay una parte de la sociedad que es totalitaria y no admite ideas diferentes". Ayuso ha ido un paso más allá al asegurar que "el sanchismo está destruido" y que el PSOE de Sánchez "solo quiere intentar comprar las elecciones para no perder el poder". Sus palabras se producen en plena polémica por las protestas y disturbios de las últimas semanas, y después de que la Comunidad de Madrid haya cifrado en 25 millones de euros las pérdidas por la acampada de Sol.

La agenda de la calle no da tregua. Para este miércoles, los médicos madrileños han convocado un paro estival para reclamar mejoras laborales y el fin de los "matutes", mientras que una tractorada recorrerá las calles de Madrid con cinco columnas de vehículos agrícolas que confluirán en la capital. A estas movilizaciones se suma la décima jornada de huelga educativa, que este martes ha vuelto a dejar cortes en la Gran Vía con barricadas de sillas y mesas, y que continuará el miércoles con un micro abierto en Callao y el jueves con nuevas concentraciones.

En el plano institucional, la corrupción y los frentes judiciales siguen ocupando un lugar central. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar como testigos a tres consejeros del Gobierno de Ceuta que participaron en la gestión de la crisis migratoria de julio. Además, el juez del caso Leire ha permitido que un coronel declare como testigo, mientras la UCO investiga la transferencia de Aldama al PSOE por presunta financiación ilegal. En el Ayuntamiento de Madrid, Vox ha instado a levantar el campamento de Sol, al que ha calificado de "perroflautas" y "gentuza", y el Consistorio ha anunciado una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno por su inacción ante la acampada.

La resaca de la dimisión de Francisco Martín como delegado del Gobierno en Madrid ha convertido la jornada del martes en un nuevo capítulo de tensión política y callejera. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el Ayuntamiento interpondrá una denuncia penal contra el ya exdelegado del Gobierno por "inacción" ante la acampada de la Puerta del Sol. Almeida ha calificado a Martín de "comisario político" y ha asegurado que su dimisión responde a "una rabieta" por no haber sido incluido en las listas del PSOE al Congreso.

"Si este Ayuntamiento tuviera competencias, me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal a desalojar la acampada de Sol", ha declarado Almeida durante el Pleno de Cibeles, en respuesta a una pregunta de Vox. El regidor ha explicado que la denuncia se presentará una vez agotado el plazo administrativo del requerimiento enviado a la Delegación del Gobierno y ha cifrado en 30 millones de euros los perjuicios al comercio de la zona, según los datos aportados por el delegado de Economía, Borja Carabante.

El anuncio de Almeida coincide con el cierre de filas en torno a la figura de Martín por parte del PSOE. El ya exdelegado se ha despedido este martes a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento a Pedro Sánchez y ha reconocido "aciertos y errores" durante sus algo más de tres años al frente de la Delegación, lamentando que los avances logrados se vean "ahora amenazados". El BOE ha publicado también el cese de Pilar Trinidad como subdelegada del Gobierno, y está previsto que el Consejo de Gobierno nombre al nuevo delegado a lo largo del día.

La despedida de Martín cierra un mandato marcado por su enfrentamiento abierto con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y muy especialmente por el caso del ático de Chamberí. El ya exdelegado llegó a exigir públicamente la dimisión de la presidenta madrileña por "mentir" sobre la compra de un inmueble de lujo de casi 500 metros cuadrados por parte de la empresa pública Planifica Madrid, destinado según la Comunidad a alojar autoridades durante las obras de la Real Casa de Correos. "Está tardando en esa dimisión", llegó a declarar Martín en septiembre, acusando a Ayuso de haber mentido "a toda la ciudadanía madrileña y con un descaro inmenso".

El caso, sin embargo, sigue vivo en los tribunales. Un abogado personado como actor público ante el Tribunal de Cuentas se ha opuesto al posible archivo de las actuaciones y aprecia un presunto perjuicio de 437.058,46 euros para los fondos públicos. Según el escrito presentado el 19 de octubre, Planifica Madrid desembolsó 6.679.942,65 euros, incluidos impuestos y gastos, por un inmueble cuya tasación atribuía un valor de 6.242.884,19 euros. La diferencia, de 437.058,46 euros, constituiría, a su juicio, un posible perjuicio económico que debe ser investigado. El letrado reclama que se nombre un delegado instructor para investigar la operación y recurre la decisión de dar una nueva audiencia al Ministerio Fiscal sin trasladar las alegaciones de la Comunidad de Madrid y de la sociedad pública a los actores personados. También señala como posible responsable contable directo al consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro C. R., y solicita que se aclare el título por el que la Comunidad de Madrid representa y defiende a la sociedad pública en el procedimiento. El ático, que salió a subasta por más de 6,6 millones de euros, quedó desierto en dos ocasiones y sigue sin comprador. Ahora es Martín quien abandona el cargo, y lo hace sin el aforamiento que le habría dado un escaño en el Congreso, en un momento en el que Vox ya ha presentado una querella contra él por su gestión de la acampada de Sol.

En paralelo, la huelga de la educación pública en Madrid ha vuelto a calentar la calle. El Comité de Huelga ha celebrado la "liberación" del manifestante detenido el lunes por un delito de resistencia y desobediencia al intentar cortar el tráfico, y ha exigido a la Delegación del Gobierno que "investigue lo ocurrido" y "depure responsabilidades". En un comunicado, los convocantes han condenado "rotundamente" las "agresiones" y "detenciones" de la Policía Nacional y han recordado que cortar una calle o colgar una pancarta "no justifican, por sí mismas, una carga policial".

Cientos de profesores han vuelto a concentrarse frente a la Consejería de Educación, ataviados con sus camisetas verdes y al grito de "Educación pública y de calidad", y han desplegado una pancarta en un edificio en obras de la calle Alcalá con el lema "Zarzalejo negocia con la pública". La protesta ha derivado en momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes ha intentado cortar el tráfico a la altura del Banco de España, lo que ha provocado la intervención de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la detención de uno de los docentes.

En el plano de la campaña, el PP y Vox siguen rentabilizando su pacto para el Senado. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la "prioridad nacional" y la reducción de la administración del Estado estarán presentes en la negociación con el PP tras el 29N. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha condenado el "nuevo intento de intimidación de la izquierda violenta" en Bilbao y ha garantizado "orden" si gobierna.

La versión oficial del PSOE y del ya exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, insiste en vincular su dimisión con su exclusión de las listas electorales para el 29N. Sin embargo, la cronología de los hechos apunta a un desencadenante mucho más incómodo: el riesgo real de tener que responder con su patrimonio personal ante una demanda millonaria por su gestión de la acampada de la Puerta del Sol.

Según ha desvelado El Mundo, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) remitió el pasado jueves un requerimiento formal a la Delegación del Gobierno. En el escrito, la patronal advertía de una más que probable reclamación por daños y perjuicios derivada de la "inacción" de Martín ante el campamento de Sol, cuyas pérdidas económicas para el comercio de la zona ya se cifran en decenas de millones de euros. Solo la Confederación de Comercio Especializado (Cocem) calcula un perjuicio de 25 millones.

Tres días después de recibir ese requerimiento, el domingo, Martín anunciaba su dimisión. El propio exdelegado ha querido desvincular su salida de la amenaza judicial, pero los hechos son tozudos: su renuncia se produce justo cuando la vía administrativa se agota y el riesgo para su esfera personal (sin el paraguas de un aforamiento, al quedarse fuera de las listas) se vuelve inminente. La "rabieta" por no ir en las candidaturas, tal y como la calificó Almeida, es un relato político mucho más digerible que la idea de que un alto cargo socialista dimite para proteger su cuenta corriente.

Es en este punto donde entra en juego la cortina de humo. En plena resaca de la dimisión, el foco mediático y político se ha desplazado hacia el runrún sobre la posible inclusión de Begoña Gómez en las listas del PSOE, un asunto que el partido ha negado y tachado de "bulo", pero que ha ocupado titulares, portadas y declaraciones cruzadas. Mientras tanto, la razón de fondo de la salida de Martín —la inacción ante una ocupación ilegal que le va a costar una fortuna a las arcas públicas y, previsiblemente, a él mismo— queda aparcada en un segundo plano.