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21
Nov
2026
El cara a cara se convierte en el segundo debate electoral más visto de la Democracia PDF Imprimir E-mail
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El Supremo anula el voto de los nietos y el voto por correo se hunde

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha devuelto los debates electorales a dimensiones que parecían perdidas. El encuentro organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, emitido simultáneamente por una veintena de cadenas, reunió una audiencia media de 10.152.000 espectadores y una cuota de pantalla del 70,8%, según los datos de Barlovento Comunicación. El minuto de oro se registró a las 22:13 horas, con 11,2 millones de espectadores y un 72,4% de share. En total, 15.980.000 personas conectaron en algún momento con la retransmisión.

Se trata del segundo debate con mayor cuota de pantalla de la historia democrática, solo superado por el segundo cara a cara entre Felipe González y José María Aznar en 1993, que alcanzó un 75,3% y 10.526.000 espectadores. El encuentro de este jueves supera al primer González-Aznar (61,8%) y a los dos debates Zapatero-Rajoy de 2008 (59,1% y 56,3%). Si se atiende al número absoluto de espectadores, el debate Sánchez-Feijóo se sitúa en sexta posición histórica, por detrás de los cara a cara de 2008 y 1993.

La comparación con el anterior duelo entre ambos, en julio de 2023, resulta demoledora: aquel encuentro reunió a 5.911.000 espectadores y un 46,5% de cuota, frente a los más de 10 millones y el 70% de este jueves. Antena 3 fue la cadena más vista durante el debate, con 2.456.000 espectadores y un 17,1% de cuota, seguida de La 1 (2.168.000 y 15,1%) y Cuatro (1.277.000 y 8,9%), que se impuso con claridad a Telecinco (898.000 y 6,3%).

La resaca del debate ha dejado una batalla de relatos entre los dos grandes partidos. El PP ha amanecido este viernes con la convicción de haber ganado "por goleada". Fuentes de la dirección de campaña citadas por EFE señalan que Feijóo "arrasó" al presidente del Gobierno y que la victoria fue "por cinco a cero", imponiéndose en cada uno de los bloques. En Génova han continuado con los símiles futbolísticos: "si este era el penalti que el PSOE buscaba marcar para remontar, Sánchez ha dado una patada al aire y ha mandado el balón al cielo".

Para celebrarlo, la cuenta oficial del PP en X ha difundido una imagen de Alberto Núñez Feijóo paseando a su perra Cata, una schnauzer negra, con un escueto texto: "Buenos días". La fotografía es una referencia velada al apodo de "Perro Sanxe" con el que los críticos se refieren a Sánchez, un meme que el propio presidente del Gobierno había convertido en un símbolo de su campaña y que el PP ha decidido ahora apropiarse tras el debate. Feijóo continuará este viernes su campaña en El Hierro y Tenerife, escenarios clave de la crisis migratoria que centró parte del cara a cara.

Desde el PSOE niegan la victoria del PP. La portavoz socialista, Rebeca Torró, ha defendido que "ha ganado Pedro Sánchez" porque es quien "ha defendido un proyecto de país centrado en el bienestar frente a un Feijóo que ha estado todo el rato embarrando". Fuentes del equipo del presidente citadas por Público sostienen que "no puede ganar un debate alguien que miente más de 20 veces" y que el PP "no ha ganado ni un solo voto que no estuviera en su bloque junto a Vox". Los socialistas registraron "mentiras" de Feijóo en hasta 13 temas diferentes, desde fiscalidad y vivienda hasta pensiones y corrupción. En redes, el PSOE ha lanzado la etiqueta **#FeijóoMentiroso** y ha compartido un cartel de Sánchez con el puño en alto y el lema "Quien pueda votar, que vote con toda tu alma", en referencia al minuto de oro del presidente.

Fuera del eje PP-PSOE, las reacciones han sido mayoritariamente críticas. El candidato de ERC, Gabriel Rufián, ha sentenciado que "si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos". Este viernes ha matizado que Sánchez suele preparar bien sus intervenciones, pero que en esta ocasión "se equivocó al adoptar una actitud defensiva".

Ada Colau, candidata de Frente Amplio, ha calificado el cara a cara de "fallido" y ha emplazado el debate a cuatro del próximo jueves para abordar vivienda, salarios, educación, sanidad, pensiones, igualdad y Palestina. Irene Montero, de Podemos, ha ironizado señalando que "cuanto más escuchas a Feijóo y a Sánchez más ganas te entran" de otra huelga general, y ha llamado a movilizarse por la bajada de los alquileres. Míriam Nogueras (Junts) ha reprochado a ambos candidatos que utilizaran Cataluña como "arma" y ha echado en falta propuestas para la comunidad. Vox, por su parte, ha mantenido un silencio absoluto en redes durante todo el debate, en contraste con el resto de partidos.

La resaca política ha tenido otro frente en Madrid. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido por primera vez que la compra del ático de 6,3 millones de euros en el paseo de General Martínez Campos (Chamberí) por parte de la empresa pública Planifica Madrid fue "un error", aunque ha matizado: "No por lo que hicimos, sino por cómo lo explicamos". En una entrevista con Bloomberg, Ayuso ha criticado que se cuestione a una mujer en política cuando no tiene "un marido estable y tres hijos". El PSOE-M ha endurecido su ofensiva: su secretario general, Óscar López, ha replicado que "no hay 'chao pescao' que valga" y ha exigido explicaciones sobre "quién dio la orden" y qué ha pasado con "casi 7 millones que nos hemos gastado todos los madrileños". La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha ido más allá y ha advertido de que "más que un error, la señora Ayuso lo que ha podido cometer es un delito".

En paralelo, Ayuso ha valorado el debate desde Ceuta, donde se encuentra de visita. Allí ha asegurado que el cara a cara mostró a un Sánchez "vacío" frente a un Feijóo "líder" y "con rigor", y ha insistido en la necesidad de "concentrar el voto" en el PP para el 29-N. "Ceuta es el gran símil de lo que ocurre en España", ha afirmado, antes de advertir de que "no vamos a claudicar".

La ofensiva judicial de la Comunidad de Madrid también ha tenido su capítulo en el ámbito educativo. El comité de huelga de la educación pública madrileña ha anunciado que llevará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las nuevas instrucciones de la Consejería que preside Mercedes Zarzalejo, que imponen el "deber de neutralidad" a los docentes y les prohíben usar las aulas, correos o fachadas para promover los paros. Los sindicatos solicitarán medidas cautelarísimas y la suspensión urgente de la orden de servicios mínimos, al considerar que las medidas vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de huelga. CNT ha calificado las instrucciones de "depuración de maestros" y las ha relacionado con "prácticas fascistas". El comité vuelve a reclamar la dimisión de Zarzalejo y exige una mesa de negociación para abordar las ratios y los recursos de los centros.

En el plano económico y administrativo, el Gobierno de Ayuso ha anunciado que recurrirá en los tribunales el Real Decreto sobre Centros de Procesamiento de Datos (CPD) aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, pedirá medidas cautelares y lo llevará ante las instituciones europeas al considerar que invade competencias autonómicas. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha advertido de que la norma pone en riesgo inversiones por valor de 26.000 millones de euros en la región y 69.000 millones a nivel nacional. El Ejecutivo central defiende que la regulación evita un sobrecoste de 5.000 millones anuales en la factura eléctrica.

Mientras tanto, Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo para las elecciones del 29-N, lo que supone un 11,47% más que en los comicios de noviembre de 2019, pero un 58,07% menos que en los de julio de 2023, que se celebraron en plena temporada estival y registraron cifras históricas. La Comunidad de Madrid lidera el volumen de peticiones, con 149.499 solicitudes. El plazo para depositar el voto finaliza el próximo jueves 26 de noviembre a las 14:00 horas.

Correos ha admitido un total de 1.099.687 solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según los datos facilitados por la compañía este viernes. La cifra supone un 11,47% más que en los comicios de noviembre de 2019, la referencia más comparable por celebrarse en el mismo periodo del año, pero un 58,07% menos que en las elecciones de julio de 2023, que se celebraron en plena temporada estival y registraron un volumen histórico de voto postal.

Del total de solicitudes, 735.583 se han gestionado en la red de oficinas postales y 364.104 de forma telemática a través de la web de Correos. En términos absolutos, se han presentado 986.446 solicitudes más que en 2019 y 2.622.755 menos que en 2023.

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el número de peticiones con 202.683, seguida de Madrid (149.499) y Cataluña (129.918). Por debajo de las 100.000 solicitudes se sitúan la Comunidad Valenciana (87.930), el País Vasco (73.494), Castilla y León (71.076) y Galicia (70.326). Canarias registra 68.574, mientras que las cifras más bajas corresponden a Ceuta (3.283), Melilla (3.806) y La Rioja (8.252).

El plazo para depositar el voto en las oficinas de Correos finaliza el próximo jueves 26 de noviembre a las 14:00 horas, tras la ampliación aprobada por la Junta Electoral Central. La compañía recomienda no esperar al último día. El personal de Correos realiza al menos dos intentos de entrega en mano de la documentación electoral y, si no lo consigue, deja aviso para que el elector acuda a recogerla a su oficina.

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central (JEC) que garantice que las 163.355 personas nacionalizadas al amparo de la 'ley de nietos' no puedan votar en las elecciones del 29-N, incluso aunque ahora residan en España. La Sala de lo Contencioso ha dictado una providencia en la que exige que "ninguna de las 163.355 personas incluidas puedan figurar como electores en el Censo Electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España", con la única excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular acreditando ser descendientes de exiliados, o aquellas que aporten dicha certificación antes del día de la votación.

La decisión llega después de que el Alto Tribunal ya mantuviera en octubre la suspensión cautelar del voto para este colectivo, una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez calificó entonces de "extraordinaria gravedad". Ahora, el Supremo da un paso más al extender la prohibición a quienes figuran inscritos en el Censo de Electores Residentes en España, un extremo que hasta ahora no había precisado. El tribunal ha tomado esta decisión tras analizar las alegaciones de Iustitia Europa y Vox y un informe del Instituto Nacional de Estadística que redujo de 163.355 a 113.326 los afectados reales, al detectar menores, duplicados y personas ya inscritas en el CERA con anterioridad a la ley.

La resolución ha provocado reacciones contrapuestas. El Gobierno ha reiterado su malestar con la decisión del Supremo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en cambio, ha celebrado que el tribunal ponga "límite a la irresponsabilidad" del Ejecutivo con la ley de nietos. Vox, que junto a Iustitia Europa impulsó las alegaciones, ha considerado que la providencia avala su tesis de que la norma se diseñó para inflar el censo electoral con votantes afines al Gobierno.

En paralelo, el Supremo ha dado un plazo hasta el lunes a las 15:00 horas para presentar alegaciones sobre la documentación remitida por el Ministerio del Interior en relación con la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico, después de que Iustitia Europa instara al tribunal a corregir el acuerdo de la JEC que levantó la suspensión de ese sistema.

La resaca del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha dejado este viernes dos relatos enfrentados y un reguero de consecuencias políticas en Madrid. El PP ha amanecido con la convicción de haber ganado el debate "por la puerta grande", en palabras de la vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid, Ana Millán, quien ha asegurado desde un mitin en Valdemoro que a Sánchez "no le aplaudieron ni los suyos". Millón ha recurrido al símil taurino para describir la noche: "En la de las Ventas hay dos opciones, o puerta grande o por enfermería. Anoche Feijóo salió por puerta gayola, hubo faena y puerta grande". Fuentes de la dirección nacional del PP han insistido en que Feijóo se impuso en los cinco bloques del debate y han celebrado que el formato permitiera ver al "verdadero candidato" en igualdad de condiciones.

Desde el PSOE, la portavoz socialista Rebeca Torró ha rechazado esa lectura y ha defendido que "ha ganado Pedro Sánchez" porque fue quien "contrastó dos modelos" frente a un Feijóo que "embarró" el debate con mentiras. Los socialistas han lanzado la etiqueta #FeijóoMentiroso y sostienen que "no puede ganar un debate alguien que miente más de 20 veces". Fuentes de La Moncloa, citadas por EFE, se han mostrado "muy satisfechas" con la estrategia del presidente, que "no quiso entrar en el espectáculo" y logró captar la confianza de "muchos indecisos" con un tono presidencial.

En el plano madrileño, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido por primera vez que la compra del ático de 6,3 millones de euros en el paseo de General Martínez Campos (Chamberí) por parte de la empresa pública Planifica Madrid fue "un error", aunque ha matizado que "no por lo que hicimos, sino por cómo lo explicamos". Más Madrid ha reaccionado con dureza: su portavoz ha advertido de que "el error" es tener a Ayuso como presidenta y que la operación "le va a salir muy caro". El PSOE-M ha ido más allá y ha sostenido que la compra podría constituir "un delito" y no limitarse a un error de explicación, según recoge Demócrata. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha replicado a Ayuso con un "no hay 'chao pescao' que valga" y ha exigido saber "quién dio la orden" y qué ha pasado con "casi 7 millones que nos hemos gastado todos los madrileños".

La jornada número 37 de la huelga indefinida del profesorado madrileño ha estado marcada por la judicialización del conflicto. Miles de personas han recorrido el centro de Madrid bajo el lema 'Defendemos la pública, defendemos el futuro', en una manifestación que ha arrancado frente a la sede de la Consejería de Educación, en la calle Alcalá, y ha culminado en la plaza de España. Los manifestantes han coreado consignas como "Zarzalejo, siéntate o márchate" y han exhibido carteles contra la "censura" de la instrucción de neutralidad, con docentes que se han pintado cruces rojas en la boca o han lucido antenas de insecto en alusión a las declaraciones de Ayuso sobre las "garrapatas". El comité de huelga, integrado por CGT, UGT, STEM, CCOO, Solidaridad Obrera, CNT, Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna, ha anunciado que pedirá medidas cautelarísimas ante el TSJM para suspender la orden de servicios mínimos, al considerar que "vacía de contenido" el derecho de huelga.

La Consejería que dirige Mercedes Zarzalejo ha defendido la instrucción de neutralidad como "una obligación legal" y ha asegurado que "un aula no se puede convertir en un mitin". Zarzalejo se ha mostrado "sorprendida" de que se tache de "censura" la medida y ha subrayado que los centros deben estar "libres de cualquier ideología política, sindical, electoralista". En paralelo, el TSJM ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por CSIF contra la orden de servicios mínimos que refuerza el Bachillerato, al no apreciar "circunstancias de especial urgencia". CSIF había calificado los servicios mínimos de "abusivos, excesivos y desproporcionados", al fijar un profesor por cada tres unidades en Bachillerato, lo que a su juicio demuestra "una intencionalidad manifiesta de boicotear el seguimiento de la huelga".

Los ayuntamientos de Alcorcón y Getafe han anunciado que no ordenarán a los conserjes municipales retirar las pancartas de apoyo a la huelga de los colegios públicos. El Consistorio de Alcorcón ha rechazado las nuevas instrucciones de la Comunidad y ha advertido de que "no podemos aceptar que, bajo el argumento de garantizar la neutralidad, se pretenda limitar la expresión de reivindicaciones laborales legítimas". Getafe ha defendido que la Comunidad "no tiene competencias para dar órdenes a su personal ni decidir sobre instalaciones de titularidad municipal".

En el plano económico, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula los centros de datos, con el objetivo de evitar un sobrecoste de 5.000 millones de euros anuales en la factura eléctrica. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha advertido de que sin la norma el recibo industrial se encarecería un 25%. La patronal SpainDC ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar del decreto al considerar que impone "condiciones de imposible cumplimiento" que suponen un "veto de facto" al desarrollo del sector.

En el capítulo de sucesos y críticas políticas, el sindicato policial Jupol ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por aparecer bailando en un acto de campaña del PSOE en el barrio de Chueca. Jupol ha reprochado al ministro que no haya trasladado públicamente sus condolencias por el fallecimiento de un agente en Oviedo ni se haya desplazado para acompañar a sus compañeros, y ha lamentado que las condiciones de los policías apenas tuvieran protagonismo en el debate electoral.

 

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