Se ejecutó en el año 2023

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido una sentencia que declara nula la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) que afecta al área del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, conocido actualmente como Movistar Arena. Este recinto se encuentra ubicado en la calle de Goya número 90, en el distrito de Salamanca de Madrid.

La sentencia fue dictada el 7 de octubre de 2025 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM. El fallo responde a un recurso presentado por el abogado Pedro Gili Granado, quien impugnó un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, aprobado el 13 de marzo de 2024. La Comunidad de Madrid llevó a cabo un proyecto de ajardinamiento en las inmediaciones del Palacio de Deportes, con un contrato que ascendió a aproximadamente 347.316 euros, el cual fue ejecutado en el año 2023. Este proyecto fue parte de la modificación urbanística que ahora ha sido declarada nula.

La parte recurrente argumentó que el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, intentaba clasificar las mismas áreas como "zona verde básica de barrio", tal como se había hecho antes de la reconstrucción del Palacio de los Deportes. Se alegó que, con las obras propuestas, estas áreas no podrían cumplir con la calificación de zona verde.

El tribunal desestimó uno de los argumentos principales del Ayuntamiento, que sostenía que todas las áreas del proyecto constituían una única y continua zona verde alrededor del Palacio de Deportes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluyó que la propuesta mostraba una clara diferenciación entre las zonas, sin conexión entre ellas, lo que impedía que el esparcimiento o recreo ciudadano fuera continuo y apreciable.

La resolución judicial destacó que la fragmentación de las áreas propuestas para el ajardinamiento es un factor determinante para la nulidad del planeamiento aprobado. Se subrayó que las zonas no cumplían con el objetivo establecido en la Memoria del proyecto. Al comparar fotografías del área antes y después de la reconstrucción, se concluyó que no se satisfacían los requisitos del artículo 195.2 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, que se citó en la Memoria.

El fallo también ordenó la publicación completa de la sentencia en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), lo que proporciona publicidad oficial a la anulación de la modificación urbanística correspondiente al expediente 135-2021-00779. Esta publicación se realizó el lunes posterior a la sentencia.

El concejal del Grupo Municipal Socialista (PSOE) en Madrid, Antonio Giraldo, ha expresado su descontento con la gestión del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este fallo anula la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGUOM) relacionada con el antiguo Palacio de Deportes, ahora conocido como Movistar Arena.

Giraldo sostiene que Carabante debería asumir "responsabilidades políticas" debido a lo que califica como un "varapalo judicial". Según él, no es aceptable que las decisiones tomadas por el Ayuntamiento sean constantemente anuladas por los tribunales, tanto por defectos de forma como de fondo. Esta situación plantea serias dudas sobre la eficacia y la legalidad de las acciones del Ayuntamiento en materia urbanística.

Giraldo menciona que el PSOE ya había advertido durante un Pleno que las acciones del Ayuntamiento estaban siendo realizadas de manera irregular. Señala que no se habían incorporado las correcciones necesarias tras la anulación previa de modificaciones al Plan General, lo que ha llevado a esta nueva anulación judicial.

El concejal del PSOE plantea la preocupación sobre la seguridad jurídica en la ciudad de Madrid. Afirma que los ciudadanos se encuentran en una situación de incertidumbre, sin saber si las decisiones del Ayuntamiento serán finalmente validadas o anuladas por los tribunales. Esta falta de claridad genera un clima de desconfianza hacia la gestión urbanística del Ayuntamiento.

Giraldo califica la situación como "desoladora", destacando que los "varapalos judiciales" se están acumulando uno tras otro. Insiste en que esta es una situación insostenible y que Borja Carabante debería rendir cuentas por la serie de fallos que afectan al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado su intención de acatar la sentencia. En respuesta a la sentencia, el alcalde Almeida ha declarado que el Ayuntamiento está comprometido a cumplir con lo dictado por el tribunal. En una declaración a la prensa, enfatizó que están trabajando en la identificación de la vía más rápida y efectiva para ejecutar la sentencia, lo cual incluye la posibilidad de comunicarse con el TSJM para aclarar cómo proceder.

Almeida también mencionó que, a pesar de la sentencia, el Ayuntamiento está llevando a cabo mejoras en el espacio público, como la remodelación de la Plaza de Dalí, ubicada en la avenida de Felipe II. Estas acciones han sido bien recibidas por los vecinos, quienes han notado una mejora significativa en su entorno. El alcalde resaltó la relevancia del Palacio de los Deportes para la ciudad de Madrid, subrayando que las iniciativas de mejora del espacio público no son incompatibles con el cumplimiento de la sentencia. Almeida se mostró optimista sobre la posibilidad de devolver a la comunidad una zona verde que beneficie a los residentes.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que el Gobierno de Almeida asumiera alguna responsabilidad o hiciera autocrítica tras esta sentencia. Maestre señaló que, a lo largo de los años, no ha habido un reconocimiento de responsabilidades por parte del Gobierno de Almeida, a pesar de los errores evidentes en la gestión. Como ejemplo de la falta de asunción de responsabilidades, mencionó la reciente anulación de una sanción impuesta por el Ayuntamiento a una vivienda de uso turístico (VUT) por infracción de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Según Maestre, esto permite que numerosas VUT operen ilegalmente en la ciudad, lo que refleja una gestión deficiente.

Maestre instó al Gobierno local a hacerse cargo de la situación y a ejecutar la calificación y ordenación de las zonas verdes que debían ser protegidas según lo establecido. Este llamado a la acción se enmarca en un contexto más amplio de defensa del medio ambiente y la necesidad de una planificación urbana adecuada.