La oposición le pide que devuelva las multas

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito y el régimen de funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El Alto Tribunal considera que la sentencia recurrida se basa en "un completo y exhaustivo análisis del Informe de impacto económico", y que el recurso del Ayuntamiento refleja "una mera discrepancia con el juicio de ponderación". El revés judicial ha desatado una cascada de críticas de la oposición, que exige explicaciones y la devolución de las multas.

El origen de todo se remonta a 2021, cuando el Pleno de Cibeles (con los votos de PP, Ciudadanos y Vox) modificó la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2018. Vox recurrió la ordenanza y el TSJM le dio la razón parcialmente, anulando los artículos referidos a la delimitación y el régimen de funcionamiento de las ZBE. El motivo: la ordenanza carecía de un informe de impacto económico suficiente, no se había ponderado adecuadamente el balance de beneficios y costes, y no se habían valorado alternativas menos restrictivas. El Ayuntamiento recurrió en casación, pero el Supremo ha inadmitido el recurso, dando la razón al TSJM.

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha sido el más duro en sus críticas. "Almeida, todo un abogado del Estado, será estudiado en las facultades de Derecho como ejemplo de lo que no hay que hacer en procedimientos administrativos", ha señalado. Benito ha advertido de los "errores recurrentes" en la tramitación de expedientes municipales: "Están tan acostumbrados a gobernar con mayoría absoluta que se olvidan de cumplir los criterios técnicos que precisa cada norma. Unas veces falta el informe de impacto ambiental, en esta ocasión el informe económico".

El socialista también ha alertado de la "inseguridad jurídica" que el gobierno de Almeida "esparce entre los madrileños". "Los ciudadanos saben que las políticas municipales en último término no están en manos de su alcalde sino de un juez", ha señalado, cuestionando que se pueda exigir cumplimiento normativo a la ciudadanía "si el primero en saltársela reiteradamente es su alcalde". Benito ha defendido la importancia de las ZBE ("salvan vidas en una ciudad con 2.000 madrileños muertos cada año por culpa de la contaminación"), pero ha insistido en que el gobierno municipal "debería haber sido especialmente riguroso y diligente" en su implantación.

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha sido igualmente crítica, acusando a Almeida de "abrazar el negacionismo de la extrema derecha" en lugar de "aprender de los errores". "Es otro ejemplo más de lo chapuzas que es este Gobierno municipal. Almeida lo hizo mal desde el principio, no cumplió todo lo que tenía que cumplir, y aprobó una mala ordenanza", ha afirmado.

Gómez ha advertido de que el revés judicial supone "un paso atrás" que puede tener consecuencias en el cumplimiento de los objetivos europeos de calidad del aire para 2030. "Incumpliremos los niveles de contaminación establecidos por la directiva europea de calidad del aire, aprobada en 2024", ha afirmado, señalando que "con datos de 2025, 17 de las 24 estaciones de medición incumplirían los nuevos valores límite de NO2". La concejala también ha criticado que el gobierno municipal no haya aprovechado la oportunidad para reforzar la protección de entornos escolares, mejorar la distribución urbana de mercancías o impulsar el transporte público y la movilidad activa.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha ido un paso más allá. Anunció que presentará en el próximo Pleno de Cibeles una moción de urgencia para reclamar al alcalde la devolución de todas las multas impuestas en el marco de las ZBE. "Cuando ya es firme y definitivo y no hay más recursos, lo más importante es que hay que cumplir el Estado de Derecho", ha señalado.

Ortega Smith ha acusado al Consistorio de actuar de forma "absolutamente dilatoria" al recurrir una sentencia que ya anulaba los artículos clave de la ordenanza. "Ese fraude de ley y ese fraude procesal que ha sido interponer este recurso de casación de manera absolutamente dilatoria para aprobar una ordenanza absolutamente fraudulenta para mantener las mismas restricciones y multas", ha afirmado. El edil de Vox ha cifrado en "300 millones de euros al año" el importe de las multas impuestas, y ha cuestionado la necesidad de restricciones "365 días al año" cuando, a su juicio, bastaría con medidas "quirúrgicas" en días y zonas concretas.

Por su parte, desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, han trasladado que tras ser aprobada la nueva ordenanza de Movilidad en el Pleno del pasado marzo, la sentencia del Supremo queda sin efecto. El Ayuntamiento sostiene que la nueva norma subsana las deficiencias de la anterior, pero la oposición (PSOE y Más Madrid) y el socio de gobierno (Vox) le exigen responsabilidades.

La pregunta que queda en el aire es qué pasará con las multas impuestas durante el tiempo en que estuvo vigente la ordenanza anulada. Vox exige su devolución íntegra. El PSOE y Más Madrid, aunque críticos con la gestión de Almeida, no se han pronunciado explícitamente sobre la devolución, centrando sus críticas en la "chapuza" administrativa y el "negacionismo". El PP, por su parte, tendrá que decidir si apoya o no la moción de Vox, lo que podría generar un nuevo frente de tensión entre los socios de gobierno. Mientras tanto, los madrileños que fueron sancionados esperan. Y la calidad del aire, también.