El Gobierno anuncia ajustes una semana después de comenzar la regularización

La regularización extraordinaria de migrantes cumple una semana sumida en la polémica y los problemas de gestión. La Secretaría de Estado de Migraciones ha anunciado este jueves "ajustes" para agilizar el proceso después de que las primeras jornadas se caracterizaran por las colas, la confusión sobre el certificado de vulnerabilidad y las críticas de ayuntamientos y comunidades autónomas.

El Partido Popular y Vox han endurecido sus críticas. La portavoz de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la regularización como una medida que "pretende atascar los servicios públicos y promover la tensión en las calles". Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Ignacio Dávila, ha tachado el proceso de "paraíso de mafias" y "caos disfrazado de humanidad". El PP en el Ayuntamiento de Madrid ha tumbado las peticiones del PSOE para agilizar la regularización, alertando de la presencia de mafias.

El Gobierno, mientras tanto, intenta corregir el rumbo. La Secretaría de Estado ha reconocido que es necesario "ajustar" el procedimiento para que los primeros trámites sean más ágiles. Las colas y la falta de información han marcado el arranque de un proceso que, según el Ejecutivo, beneficiará a miles de personas que ya viven y trabajan en España.

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que recibe una media de 1.000 solicitudes diarias de certificados de vulnerabilidad solo en las oficinas presenciales. Una cifra que evidencia la alta demanda y también el cuello de botella administrativo.

Cáritas Madrid, por su parte, ha presentado un balance positivo de su programa de acompañamiento laboral: ha ayudado a 4.962 personas en situación de vulnerabilidad a acceder a un empleo digno y a formación bajo el lema "Me cambió la vida". La organización insiste en que la regularización debe ir acompañada de políticas activas de empleo e inserción.

La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha solicitado que "cualquier tipo de regularización que se haga esté siempre vinculada al trabajo", para evitar que el proceso genere bolsas de fraude o desincentive la contratación regular.

Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha visitado CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), una de las entidades sociales que colaboran en el proceso, para agradecer su labor y coordinar esfuerzos. Desde el Gobierno central insisten en que la regularización es una medida humanitaria que debe ser blindada frente a la "confrontación política".

El pulso sigue abierto. La regularización entra en su segunda semana con instrucciones más claras, pero con la misma tensión política. Los migrantes, entretanto, siguen esperando. Las oficinas, desbordadas. Y los ayuntamientos, reclamando recursos.