La PAH llevó su gestión al Defensor del Pueblo

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una inversión de 7,5 millones de euros para garantizar la continuidad del Centro de Emergencia Temporal 'Las Caracolas' hasta noviembre de 2028. La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la prórroga del contrato de gestión de este recurso, coordinado por SAMUR Social, que en 2025 atendió a un total de 2.184 personas en situación de vulnerabilidad social y residencial.

El centro, ubicado en Villa de Vallecas, dispone de 300 plazas distribuidas en 32 construcciones prefabricadas, y ofrece alojamiento temporal a personas y familias en situación de emergencia social o residencial, así como a solicitantes de asilo que esperan la tramitación de su acceso al Sistema de Protección Internacional. Además de cubrir necesidades básicas como alojamiento, manutención e higiene, el equipo de profesionales del centro proporciona una intervención social individualizada que incluye apoyo profesional, acompañamiento social y orientación a cada usuario.

Aunque la atención a solicitantes de asilo es competencia exclusiva del Estado, el Ayuntamiento de Madrid actúa como recurso temporal de emergencia para evitar que estas personas queden en situación de vulnerabilidad o en la calle mientras el Gobierno central tramita sus solicitudes. Durante 2025, el centro atendió a 1.299 personas en emergencia social y a 885 solicitantes de asilo, pertenecientes a un total de 868 unidades familiares.

Aunque está diseñado como una solución transitoria de corta duración, el centro acumula múltiples denuncias y un importante foco de protesta vecinal por el trato que reciben sus residentes y las condiciones en las que se producen las salidas. Las protestas se han intensificado en los últimos meses debido a las críticas de asociaciones vecinales, sindicatos y grupos políticos que denuncian desalojos masivos y condiciones "cuasicarcelarias" en el centro . La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo tras documentar más de 200 desalojos de personas vulnerables en los últimos meses, muchas de ellas expulsadas sin una alternativa habitacional real . El conflicto alcanzó especial repercusión a principios de 2025 cuando una niña con cáncer fue desalojada del centro junto a su madre, lo que provocó un fuerte cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento y la oposición .

El origen de la tensión está en el colapso del sistema: diseñado para estancias cortas, el centro se ha visto desbordado por la falta de derivaciones del Gobierno central a sus recursos de protección internacional, lo que ha elevado la estancia media de los solicitantes de asilo hasta los 130 días . Ante esta situación, el Ayuntamiento ha limitado la estancia de algunas familias a solo tres días, una medida que los colectivos vecinales consideran una "vulneración de derechos fundamentales" que deja en la calle a personas en situación de extrema vulnerabilidad