No hay citas hasta el 31 de mayo

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 14 de abril el Real Decreto que regula la regularización extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España . La norma, que beneficiará a medio millón de personas (aunque fuentes policiales elevan la cifra a 1,3 millones), entrará en vigor este jueves 16 de abril y el plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de junio .

Sin embargo, la medida ha desatado una tormenta política y administrativa que ha llenado las portadas de todos los medios.

La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá el Real Decreto ante el Tribunal Supremo. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha justificado la decisión al considerar que la regularización "afecta gravemente a la prestación de servicios públicos" y genera un "riesgo de quiebra de la convivencia", además de provocar un "efecto llamada" que favorece a las mafias .

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subido el tono y ha calificado la medida de "disparate". En una intervención ante los periodistas en el Congreso, Feijóo aseguró que el Gobierno va a regularizar "a granel" a inmigrantes con "antecedentes policiales", incluyendo a quienes "hayan abusado de una mujer o robado a un ciudadano" .

"No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país", ha sentenciado el líder popular, que acusó al Gobierno de "negarse" a dar la cifra real de beneficiarios y de gobernar "en contra del Parlamento" .

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusó a Feijóo de ser un "vasallo de Vox" y le pidió "cordura y humanidad" . La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, le respondió que "deje de embarrar" y de "boicotear" un proceso que, recordó, el PP votó a favor en el Congreso hace dos años .

"¿De qué lado está el PP? ¿Está del lado de la Iglesia, de los sectores productivos, de la gente o está del lado de Vox?", se preguntó Saiz, que insistió en que los beneficiarios son "personas en situación irregular, no delincuentes", y que se les exige la carencia de antecedentes penales .

Además, la asociación Hazte Oír también ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, en el que solicita la suspensión cautelar del decreto. La asociación alega que la norma vulnera la exigencia constitucional de emplear una ley orgánica para regular los derechos de los extranjeros y que su aplicación causaría "un daño irreversible al erario público" al consolidar derechos adquiridos .

Más allá de la batalla política, la regularización ya está teniendo consecuencias prácticas en la Comunidad de Madrid. La única oficina del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) que expide el certificado de la tarjeta de transporte —un documento útil para acreditar la residencia— ha colapsado .

Decenas de personas migrantes hacen largas colas a diario en la sede de la Plaza del Descubridor Diego de Ordás, y las citas previas para ser atendido están agotadas hasta el 31 de mayo . La alta demanda ha llevado al Consorcio a atender solo con cita previa y a descartar, por el momento, reforzar sus oficinas .

Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha justificado la falta de medios argumentando que "no parece razonable que tengamos que atender una necesidad de Pedro Sánchez" .

La oposición ha denunciado la situación como un "abuso" y exige la ampliación de oficinas. Manuela Bergerot (Más Madrid) y Mar Espinar (PSOE) han criticado al Ejecutivo regional por poner "palos en las ruedas" del proceso y no dotar de recursos suficientes . Los colectivos de migrantes, por su parte, alertan de que el colapso de las citas está generando un "mercado paralelo" donde se pagan por conseguir una cita .

En resumen: la regularización de migrantes ha abierto un nuevo frente político de máxima tensión entre el Gobierno y la oposición, mientras la maquinaria administrativa de la Comunidad de Madrid se resiente ante la avalancha de solicitudes y el ruido de fondo de los recursos judiciales que ya están en marcha.