Publicado en el BOE en pleno mes de agosto

El BOE detalla que, en plena Guerra Civil, el 3 de marzo de 1938, se formó la 'Junta Pro-Pazo del Caudillo' para adquirir el inmueble y entregárselo a Francisco Franco, mediante aportaciones forzosas impuestas a ayuntamientos, funcionarios y particulares. Durante la adecuación del pazo, se ampliaron los terrenos con técnicas represivas que despojaron a los propietarios legítimos de las fincas colindantes, y se apropiaron estatuas románicas y otros bienes culturales. El pazo fue utilizado como residencia oficial estival de Franco, adquiriendo una función política y simbólica que impactó en la vida local y facilitó redes de poder del régimen en Galicia.

El proceso judicial para recuperar el inmueble culminó con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, el 2 de septiembre de 2020, que declaró el Pazo propiedad del Estado, anulando la donación a Franco. La decisión fue ratificada por la Audiencia Provincial de A Coruña y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados. La declaración como lugar de memoria democrática reconoce la compleja historia del pazo y su papel en la memoria colectiva de España, y subraya la necesidad de recordar y reflexionar sobre los eventos que han marcado la historia reciente del país.