Según el Consistorio, estaban realquiladas

El Ayuntamiento de Rivas ha recuperado tres viviendas de su Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) que estaban siendo ocupadas de manera ilegal y que habían sido objeto de prácticas de alquiler y realquiler no autorizadas entre particulares, en una operación que se saldó sin incidentes. Dos de las viviendas fueron abandonadas por sus ocupantes horas antes de la intervención programada para la mañana del desalojo, mientras que la tercera, que albergaba a una mujer y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad, continuó ocupada hasta que la familia decidió abandonarla. La mujer había rechazado las alternativas habitacionales ofrecidas por el Ayuntamiento, que incluían una residencia maternal especialmente diseñada para familias con menores con discapacidad, según confirmaron fuentes del consistorio a la agencia Efe.

Los servicios sociales municipales habían estado atendiendo a esta familia durante varios meses, monitoreando su situación y ofreciéndoles diversas opciones de alojamiento antes de que se produjera el desalojo. La intervención se llevó a cabo sin incidentes y, una vez recuperadas, las viviendas deberán ser reparadas y acondicionadas antes de ser reincorporadas al parque público de vivienda. Posteriormente, estas propiedades estarán disponibles para las familias de Rivas que están registradas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda, que esperan acceder a una vivienda pública a través de los procedimientos establecidos.

Desde el consistorio se ha enfatizado que ninguno de los ocupantes de las tres viviendas había accedido a ellas a través de los procedimientos públicos, y que las propiedades estaban siendo utilizadas de manera irregular, incluyendo el caso de una vivienda de cinco habitaciones que se utilizaba para el realquiler irregular de habitaciones. Otra de las viviendas había sido fuente de numerosas quejas y denuncias vecinales a lo largo de los años. El Ayuntamiento de Rivas, a través de la EMV, cuenta con políticas de vivienda que incluyen medidas de protección para adjudicatarios que acceden a viviendas públicas mediante el Registro Único y enfrentan dificultades económicas, como la renegociación de pagos o la aplicación de una renta social, pero en este caso, al tratarse de ocupaciones irregulares, se optó por la recuperación directa de las viviendas para su reingreso al parque público.