La Comunidad habla de perforaciones en el horno crematorio, mientras que el alcalde dice que son bulos

Lo que empezó como una inspección rutinaria se ha convertido en un pulso político de manual. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid mantienen versiones contradictorias sobre las deficiencias que llevaron al precinto cautelar del crematorio municipal el pasado 20 de abril.

El relato oficial del Ayuntamiento, ofrecido este martes por el alcalde Javier Corpa en una Junta de Portavoces convocada para dar “máxima transparencia”, es claro: la incidencia consistió en el “desprendimiento de dos ladrillos reflectarios de la zona de acceso del horno crematorio”, no en el área de combustión donde se depositan los cuerpos. La empresa adjudicataria, Dopico Berenguer SL, ya había detectado el problema y había solicitado la intervención de una compañía especializada. La reparación se completó en menos de 48 horas, y el servicio se presta con total normalidad desde el miércoles de la semana pasada.

Corpa ha sido especialmente duro con los medios que publicaron la información original. “Es lamentable que algún medio de comunicación haya realizado publicaciones con datos falsos y sin contrastar”, ha señalado, añadiendo que “este es un tema sensible que hiere la sensibilidad de las familias”. El alcalde ha asegurado que la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, le confirmó por teléfono que la concesionaria actuó con “diligencia” y “rapidez”. No obstante, ha reconocido que la Comunidad está estudiando imponer una sanción por esta rotura de ladrillos, algo que, según su versión, “es habitual en este tipo de incidencias”.

La versión de Sanidad, ofrecida esa misma mañana por Andradas en una entrevista en Telemadrid, es notablemente diferente. La directora general habló de “perforaciones en el propio horno crematorio” y de que “el proceso de cremación no se ha producido en completas condiciones de seguridad”. Andradas confirmó que el expediente sancionador se resolverá “con toda probabilidad” con una “sanción grave”. La infracción está tipificada como “muy grave” en la normativa, con multas que oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros.

El contraste es difícil de ignorar. Mientras el Ayuntamiento insiste en la excepcionalidad y en la rapidez de la reparación, Sanidad habla de un problema estructural que afectaba a la seguridad del proceso. La versión más extrema, la de una ex trabajadora que declaró en televisión afirmando que “en los sacos de basura son muchos fallecidos, cúmulos que han estado cayendo durante meses”, no ha sido confirmada por ninguna de las dos administraciones. Pero la sombra de la duda ya ha hecho mella en las familias que utilizaron el servicio.

El expediente sancionador sigue abierto. Y mientras la política local y regional se enredan en disputas por quién tiene razón, los vecinos de San Fernando de Henares se quedan con una pregunta incómoda: ¿qué pasó realmente con los restos de sus seres queridos?