El Consejo de Ministros da luz verde al trámite que inicia la carrera

San Fernando de Henares está en la carrera por albergar una de las primeras gigafactorías de inteligencia artificial de Europa. Pero para poder jugar esta partida, España ha tenido que pagar primero el precio de entrada: 300 millones de euros. Una contribución que el Gobierno califica de "voluntaria", pero que en la práctica es un requisito ineludible para poder presentar candidatura.

El Consejo de Ministros ha autorizado este desembolso a EuroHPC, el organismo europeo encargado de impulsar estas infraestructuras de supercomputación. No es una inversión directa en el municipio madrileño, sino un pago a la Unión Europea para que España pueda optar a albergar una de las factorías. Si la candidatura no es seleccionada, el dinero no se recupera, porque no se trata de una fianza, sino de una inversión para asegurar la operación y el acceso a la futura gigafactoría.

La jugada se completa con una segunda inversión: 719 millones de euros que el Gobierno, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), aportará a un consorcio público-privado para desarrollar el proyecto. El objetivo es movilizar alrededor de 5.000 millones de euros en total. La candidatura española es multisede: la infraestructura principal se ubicaría en Móra la Nova (Tarragona), con un nodo complementario en San Fernando de Henares, una localidad estratégica en el Corredor del Henares que aspira a convertirse en un polo tecnológico de primer nivel.

El alcalde de San Fernando, Javier Corpa, ha calificado el proyecto como una "inversión histórica superior a los 4.000 millones de euros" y ha agradecido al presidente Pedro Sánchez y al ministro Óscar López su apuesta por la localidad. Desde el Gobierno defienden que la iniciativa busca la "soberanía tecnológica" de Europa y reducir su dependencia exterior.

El mecanismo recuerda a la polémica de las "Ciudades Europeas del Deporte", donde los ayuntamientos pagan una cuota a una entidad privada para obtener un título que suena a oficial pero que no concede la Unión Europea. En el caso de la gigafactoría, la partida es mucho mayor: 300 millones no son 2.350 euros. Pero el principio es el mismo: para jugar, primero hay que pagar.

La decisión final corresponderá a la Comisión Europea en los próximos meses. Si España resulta elegida, San Fernando de Henares podría convertirse en uno de los centros de innovación más importantes del sur de Europa. Si no, los 300 millones habrán servido para financiar la autonomía tecnológica europea... pero el municipio se quedará sin la factoría.