Cumplen las cautelares aprobadas por el Supremo

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este lunes acatar la orden del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ley de nietos, e incluir medidas cautelares que afectan al voto de quienes han obtenido la nacionalidad española a través de esta norma. La decisión implica la revisión del voto de aquellos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según han confirmado fuentes del organismo.

La JEC ha solicitado informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares. El objetivo principal es verificar la conexión de los solicitantes de la nacionalidad con el exilio español, es decir, confirmar que los beneficiarios nacieron fuera de España de padres o abuelos que fueron originariamente españoles y que sufrieron exilio.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había decidido la semana anterior suspender cautelarmente el voto de las personas que ya estaban inscritas en el CERA bajo la ley de nietos, así como las nuevas inscripciones. Esta suspensión se mantendrá hasta que se dicte una sentencia definitiva y se permitirá el voto solo a aquellos que puedan demostrar su ascendencia de exiliados españoles. El Tribunal Supremo ha ordenado que se expidan certificaciones que acrediten que los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos.

En julio, la JEC ya había abordado cuestiones relacionadas con la legalidad de una instrucción emitida en 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que establecía directrices sobre cómo aplicar la ley de nietos. La JEC había solicitado previamente a la Oficina del Censo Electoral una instrucción específica sobre la aplicación de esta ley y había advertido que la determinación del municipio electoral para la inscripción de los beneficiarios debía estar debidamente justificada. En este contexto, la JEC rechazó la solicitud de Vox y otros partidos de suspender cautelarmente el procedimiento de elaboración del CERA, argumentando que no era competente para pronunciarse sobre leyes y disposiciones reglamentarias.