Por el presunto cobro de comisiones en el caso Plus Ultra

El juez José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha citado al expresidente del Gobierno a declarar como imputado el próximo 2 de junio tras la investigación secreta que vincula el rescate de 53 millones de euros concedido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la aerolínea en 2021 con el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de fondos a través de empresas de su entorno

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha este martes una operación que ha incluido el registro de la oficina de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid, a pocos metros de la sede nacional del PSOE . Los agentes también han requisado documentación en tres mercantiles vinculadas al exsecretario general del PSOE, entre ellas, la agencia de sus hijas, 'Whathefav SL', y la empresa de su amigo y presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, 'Análisis Relevante SL' . El juez imputa al ex presidente por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, a los que se añade el de blanqueo de capitales .

El Partido Popular ha reaccionado con una batería de declaraciones virulentas, calificando el hecho de "gravísimo". La portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, se ha referido a él como "el hombre que susurra e inspira a Sánchez" . El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha exigido explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez: "No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya. El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer" . El portavoz de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha tachado el caso de "corrupción sistémica del régimen del 78" y ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno. Los socios habituales del Ejecutivo han guardado un tenso silencio durante toda la mañana, mientras fuentes de Unidas Podemos han mostrado su "profunda preocupación". Por su parte, el PSOE se ha limitado a emitir un tuit lacónico: "No pararán" . Fuentes de La Moncloa han señalado a RTVE que están analizando el auto judicial y que darán explicaciones más adelante.

La noticia, de una gravedad institucional sin precedentes, sacude los cimientos del sanchismo. José Luis Rodríguez Zapatero no es solo un ex presidente; es "el mediador, el negociador, el conseguidor" del actual secretario general del PSOE . Zapatero le entregó las siglas y le ha protegido políticamente en sus momentos más críticos, avalando sus decisiones más controvertidas (indultos, ley del 'solo sí es sí', pactos con Bildu). Sánchez le debe tanto que la imputación del que es su principal valedor en el partido le sitúa en una posición de máxima debilidad. El juez Calama le ha señalado a él directamente: ¿cómo es posible que el Gobierno socialista rescatara con 53 millones de euros a una aerolínea al borde de la quiebra para que ese dinero acabara en las cuentas de empresas pantalla vinculadas a la trama del ex presidente? . La oposición ya le considera un "presidente intoxicado" y pide su cabeza. En el horizonte, la sombra del 'caso Begoña Gómez', cuya causa ha sido enviada a juicio por cuatro delitos, añade más leña a un fuego que amenaza con ser incontestable.

La decisión del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, de citar a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado el próximo 2 de junio marca un hito en la historia de la democracia española. Desde la Transición, ningún expresidente del Gobierno había sido imputado formalmente por un delito penal.

Un expresidente declaró en los tribunales hace más de dos décadas: Adolfo Suárez testificó en 2001 por un procedimiento de lesa humanidad en la Audiencia Nacional, pero su condición era la de testigo y la causa fue archivada. Ni Felipe González ni José María Aznar llegaron a sentarse en el banquillo, aunque varios de sus ministros y colaboradores sí fueron imputados y algunos condenados. La esposa del actual presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha sido imputada en un procedimiento separado, pero nunca antes se había dirigido la acción de la justicia contra un exjefe del Ejecutivo.

El auto, al que ha tenido acceso la prensa, le atribuye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, a los que posteriormente se añadió el de blanqueo de capitales. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ejecutó este martes los registros ordenados por el magistrado, entre ellos el despacho del propio Zapatero en la calle Ferraz.

El origen de esta investigación se remonta a las revelaciones del comisionista Víctor de Aldama en el programa de televisión 'Horizonte', de Iker Jiménez, en septiembre y diciembre de 2025, ratificadasen sede judicial. Aldama declaró en el programa que Zapatero recibió comisiones millonarias para asegurar el rescate de Plus Ultra. Aunque la defensa del expresidente ha negado categóricamente los hechos, la juez ha considerado que esos indicios son suficientes para seguir adelante.

La imputación de un expresidente del Gobierno no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto de creciente judicialización de la política española, con casos que afectan directamente al entorno del actual presidente del Gobierno y la derecha. Sea cual sea el resultado final del proceso, el auto del juez Calama ya ha quebrado la inmunidad de la que han gozado todos los expresidentes anteriores y ha establecido un precedente irreversible: a partir de ahora, el que fue presidente del Gobierno sabe que, al igual que cualquier ciudadano, puede ser llamado por un juez para rendir cuentas cuando existan indicios de delito.