La Junta Electoral expedienta a Sánchez por el vídeo del Guernica

La crisis política no da tregua. A la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 muertos y ha paralizado la campaña del 29N, se suman dos frentes que mantienen la presión sobre el Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid. La nueva delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, ha dado su primer paso en el cargo: enviar una carta a los acampados de la Puerta del Sol para pedirles que levanten el campamento. Según han confirmado fuentes de la Delegación, la misiva fue remitida el lunes, antes de la dimisión de Francisco Martín, pero responde a la línea de actuación de Trinidad. En ella se argumenta que ya ha pasado "un tiempo razonable" desde su instalación y que las circunstancias y reivindicaciones de la protesta "han cambiado" . La carta llega cuando la acampada, impulsada por el Sindicato de Inquilinas, se ha blindado, ha perdido a sus promotores originales y cada vez registra menos tiendas de campaña, con la vista puesta en la huelga general del 11 de noviembre como posible fecha para su desalojo definitivo .

El Ayuntamiento de Madrid, que lleva semanas reclamando la intervención de la Delegación, ha acogido con cautela el movimiento. La vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, ha confiado en que la relación con Trinidad sea de "normalidad" y ha pedido que se respete el trabajo policial. El Consistorio, no obstante, ha advertido de que si la acampada no se levanta, adoptará "todas las actuaciones jurídicas oportunas", y ha dejado claro que no renuncia a instalar el árbol de Navidad en la Puerta del Sol: "No sería justo robar la Navidad a los madrileños", ha señalado.

En paralelo, la tragedia de Urda sigue generando movimientos judiciales y políticos. Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. El partido de Abascal sostiene que Puente incurrió en una "omisión de sus deberes personales de garantía" al no haber supervisado las condiciones de seguridad de la red ferroviaria y no haber actuado tras las "advertencias reiteradas" que siguieron al accidente de Adamuz. La querella se dirige, según el escrito, contra "la omisión de una respuesta de supervisión efectiva" y pide que se llame a declarar al ministro como investigado y se designen peritos independientes en circulación ferroviaria. Vox también ha presentado una querella en el juzgado de Orgaz (Toledo) contra los responsables de Adif por los mismos delitos .

Mientras tanto, la investigación judicial del accidente avanza bajo secreto. La jueza que instruye el caso ha acordado el secreto de las actuaciones y ya ha solicitado las cajas negras de los trenes implicados. Feijóo ha endurecido su discurso y ha asegurado que "las responsabilidades políticas no pueden esperar", mientras el PNV ha exigido a Sánchez el cese o la dimisión de Puente. La CEO de Iryo ya advirtió 23 días antes del siniestro de fallos en el sistema LZB, el mismo que colapsó la mañana del accidente, según ha adelantado MiraCorredor . Y la confirmación oficial del fallecimiento de la exministra Fátima Báñez ha añadido una dimensión humana y política a la tragedia: Ayuso la ha despedido como "una gran mujer política, siempre alegre, dispuesta y solvente", y el Papa León XIV ha enviado su pésame a las víctimas a través del arzobispo de Toledo .

Poco a poco, la actualidad política recupera su pulso habitual tras la conmoción por la tragedia de Urda. Y lo hace con dos frentes que afectan directamente a dos expresidentes del Gobierno y al candidato socialista a la reelección. La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un nuevo expediente sancionador a Pedro Sánchez, el segundo en esta precampaña, por el vídeo que grabó en el interior del Museo Reina Sofía con el cuadro del 'Guernica' como telón de fondo. El órgano considera que el presidente del Gobierno pudo vulnerar la neutralidad de las instituciones públicas y la prohibición de utilizar recursos públicos para propaganda electoral, por lo que le exige la retirada del vídeo de todas sus redes sociales .

La denuncia partió del PP, que criticó que a Sánchez se le abriera el museo nacional, en solitario, para grabar un spot de precampaña. La JEC también ha apercibido al Reina Sofía por su "deber de neutralidad institucional". Sánchez acumula ya seis expedientes sancionadores y 6.600 euros en multas por vulnerar la LOREG en distintos procesos electorales .

En paralelo, el caso de las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sigue arrojando datos incómodos. Un segundo peritaje, encargado a la joyería Yanes por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha tasado las piezas en 1.023.320 euros (por debajo de los 1,3 millones iniciales) y concluye que los tres juegos principales son "de fabricación comercial y de muy probable origen asiático", descartando que procedan de una joyería de alta gama europea o árabe .

El informe se apoya en dos hallazgos técnicos: el bajo contenido en níquel del oro, propio de fabricaciones posteriores a la normativa europea REACH de 2007, y una letra 'T' grabada en todas las piezas que podría identificar al fabricante. Zapatero sostiene que las joyas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, pero el juez rechazó la comisión rogatoria a Arabia Saudí para verificarlo al considerar que la hipótesis carece de "un mínimo elemento objetivo de corroboración". Anticorrupción investiga al expresidente por presunta malversación al no haber entregado las joyas a Patrimonio del Estado .

La vuelta a la política no oculta que el accidente de Urda sigue coleando. Los maquinistas han calificado de "irresponsable" la filtración de los audios del centro de control y han exigido una investigación independiente antes de señalar culpables, mientras los sindicatos denuncian falta de personal en Adif y advierten de que los sistemas de seguridad llevan años "degradados" . El PP acusa al Gobierno de "mentir a Bruselas" sobre la modernización del sistema LZB, y Vox ya ha presentado una querella contra Puente en el Supremo. El ministro comparecerá el martes en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones .

La jornada ha estado marcada también por la huelga de 24 horas convocada por el sindicato de maquinistas Semaf, que ha afectado a cerca del 80% de los servicios de Cercanías en Madrid. Los paros, que se prolongarán a lo largo del día, han obligado a Renfe a establecer servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% en el resto de la jornada. Los maquinistas han denunciado la "falta de personal" en Adif y han calificado de "irresponsable" la filtración de los audios del centro de control de Atocha, exigiendo una investigación independiente antes de señalar culpables. Para este viernes y los próximos días, Semaf ha convocado nuevas jornadas de huelga, y Ouigo ha cancelado varios trenes para el lunes.

El mundo político y empresarial ha despedido a Fátima Báñez, la exministra de Empleo y presidenta de la Fundación CEOE fallecida en el accidente de Urda. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado su muerte y la ha definido como "una gran mujer política, siempre alegre, dispuesta y solvente". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la ha despedido como "una mujer de Estado, trabajadora incansable". Los empresarios madrileños, a través de la CEOE, han expresado su "consternación" y han recordado su "cercanía" y su "talento". Báñez, de 59 años, viajaba en el Iryo siniestrado con destino a Sevilla para participar en un acto de la patronal andaluza.

En medio de la resaca política y el luto ferroviario, Valencia ha conmemorado el segundo aniversario de la dana que arrasó la provincia el 29 de octubre de 2024, con 233 víctimas mortales reconocidas. La ciudad ha guardado un minuto de silencio y ha celebrado actos de recuerdo, mientras las asociaciones de víctimas han mantenido sus marchas hacia el barranco de Poyo para exigir "verdad, justicia y garantías de no repetición". La reconstrucción sigue siendo la asignatura pendiente: el alcalde de Aldaia ha denunciado que solo se ha ejecutado el 10% de las obras financiadas, y la organización agraria LA UNIÓ ha reclamado medidas urgentes para desbloquear los expedientes de ayudas.

Mientras el Tribunal Supremo mantiene suspendido el voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos, el Gobierno ha movido ficha para intentar compensar la pérdida de ese nicho electoral. El Consejo de Ministros aprobó este martes un acuerdo por el que se encarga a Correos la distribución de lectores de códigos QR en las mesas electorales, con el objetivo de que el 29N los electores puedan identificarse con la aplicación MiDNI (el DNI digital) a la hora de votar. La orden se publicó este jueves en el BOE, con un coste de 28,06 euros por cada envío y recogida de los dispositivos . La JEC había suspendido el uso del DNI digital en marzo, antes de las elecciones andaluzas, "hasta que se garantice que el control de verificación es suficientemente seguro". Ahora, el Gobierno intenta cumplir esa exigencia con los lectores de QR, aunque la autorización definitiva de la JEC aún está pendiente . La jugada es clara: si el Supremo cierra la puerta del voto de los nietos, el Ejecutivo abre la ventana del voto digital, más difícil de controlar y con un electorado potencialmente más afín.