Explica que el operativo de vigilancia se estableció en toda la calle, y no solo en la casa de su familiar

El alcalde de Mejorada del Campo, el socialista Jorge Capa, ha rechazado las acusaciones del Partido Popular y del sindicato policial UPM sobre la supuesta utilización de la Policía Local para vigilar una vivienda vinculada a su familia y las ha calificado de «falsedades y difamaciones». La polémica se originó después de que el PP local y la Unión de Policía Municipal (UPM) denunciaran que la única patrulla disponible en ese turno habría sido destinada a vigilar el acceso a un edificio de la calle Travesía del Jubilado, donde se encuentra un piso, según sostienen, propiedad de la suegra del regidor.

El portavoz del PP en la localidad, Daniel Hernanz, aseguró que recibieron avisos de vecinos «alarmados» por la presencia de un coche patrulla en el portal del número 7. Tras personarse en el lugar, los populares cuestionaron el uso de recursos municipales en un caso concreto cuando, según subrayan, el municipio cuenta con una sola patrulla de Policía Local para atender a más de 25.000 habitantes en ese turno. El grupo municipal ha solicitado explicaciones formales por registro y ha advertido de que pedirá la dimisión del alcalde si se acredita un uso indebido de medios públicos.

En un mensaje difundido en redes sociales, Capa sostiene que el pasado domingo se produjo un intento de ocupación en una vivienda de esa misma calle, propiedad de un familiar suyo. Según su relato, fue la comunidad de vecinos la que alertó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tras detectar a varias personas intentando acceder al inmueble.

El alcalde explica que intervinieron agentes de Policía Local y de la Guardia Civil, con apoyo de una unidad especial, logrando evitar la ocupación en una situación que describe como «muy tensa». Tras esa actuación, añade, se estableció una vigilancia preventiva en la zona ante la alarma generada entre los vecinos, muchos de ellos personas mayores.

Capa defiende que dicha vigilancia no impidió atender avisos o emergencias en otros puntos del municipio y asegura que la decisión se adoptó por motivos de seguridad pública. También señala que durante la noche los agentes detectaron dos furgonetas merodeando en los alrededores del edificio. La controversia se ha intensificado después de que el diario El Mundo publicara que el jefe de la Policía Local habría comunicado a la patrulla la orden de vigilar la puerta y realizar un control de acceso al edificio, una instrucción que, según recoge el rotativo, los agentes atribuyen directamente a la Alcaldía a través de la Jefatura.

Por su parte, los sindicatos policiales mantienen que las explicaciones del regidor no se ajustan a lo ocurrido y sostienen que la vivienda ya se encontraba ocupada en el momento de los hechos.

Finalmente, los ocupantes abandonaron el piso este martes de forma pacífica tras la intervención de la empresa Desokupa Demolition. El responsable de la compañía difundió un vídeo en redes sociales mostrando el estado del inmueble y asegurando que la vivienda ha sido recuperada tras dos meses ocupada. Mientras tanto, el cruce de acusaciones entre el equipo de Gobierno y la oposición mantiene abierta una polémica que podría tener recorrido político en el municipio si no se esclarecen completamente los hechos.