 La alcaldesa dice que hizo caso a los técnicos
La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio contra la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar (PSOE), y otros tres cargos municipales acusados de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental por no haber actuado durante años frente a las denuncias vecinales por los ruidos y las molestias generadas por el restaurante 'El Casón de la Quinta de San Antonio' . La Fiscalía ha mantenido en sus conclusiones finales la petición de tres años de prisión y doce años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales para los cuatro acusados , mientras que las defensas han solicitado la absolución al considerar que los delitos no están probados .
La alcaldesa, que afronta el juicio después de que la justicia ya la absolviera en el denominado 'caso Efial' en 2024, ha defendido su inocencia con el argumento de que siempre actuó con "fe ciega en la administración" y que no podía "presionar a los funcionarios" ni "tomar ninguna resolución de forma arbitraria" . Según su versión, tuvo conocimiento directo de los problemas durante un pleno municipal en septiembre de 2023, cuando los vecinos acudieron a exponer la situación, y desde entonces trató de mediar entre las partes, aunque los residentes rechazaron participar en una reunión de conciliación . Alcázar ha insistido en que el Ayuntamiento carecía de sonómetro para medir los niveles de ruido y que necesitaba informes técnicos previos antes de adoptar cualquier medida sancionadora, negando que pudiera obligar a los técnicos a actuar si estos no lo consideraban oportuno .
El origen del conflicto se remonta al año 2006, cuando el restaurante comenzó a celebrar un mayor número de eventos durante los fines de semana, según relataron los vecinos durante la vista oral . Los denunciantes han descrito una situación de "desprotección total" que se prolongó durante casi dos décadas, con ruidos constantes que a veces se extendían durante todo el fin de semana, música a alto volumen, tracas y bengalas que, según uno de los testigos, "era como la orquesta de un pueblo en las fiestas patronales" . Uno de los afectados ha asegurado haber presentado más de un centenar de denuncias a lo largo de los años y que llegó a trasladárselas personalmente a la alcaldesa, recibiendo como respuesta que "estas cosas van despacio" . Incluso durante el confinamiento por la pandemia, según los vecinos, el restaurante continuaba celebrando bodas . La situación les generó "ansiedad" y "angustia", calificando de "horroroso" no poder dormir o mantener una conversación con normalidad dentro de sus propias viviendas . Un vecino ha relatado que llegó a plantearse abandonar su hogar porque "no se podía estar" debido al ruido constante, y que la única propuesta que recibió del Ayuntamiento en una reunión celebrada en enero de 2025 fue instalar pantallas acústicas, una medida que consideró "insultante" tras tantos años de conflicto .
La Fiscalía ha dado por acreditado en su informe que los acusados omitieron entre 2015 y 2019 actuaciones frente a las numerosas denuncias vecinales . El Ministerio Público sostiene que el restaurante disponía de licencia para actividad de restaurante concedida en 2006, pero carecía de autorización para desarrollar eventos en las zonas exteriores, donde presuntamente se celebraban bodas, comuniones, bautizos y fiestas que vulneraban sistemáticamente los horarios de cierre previstos en la normativa autonómica, prolongándose algunos eventos hasta las cinco o seis de la madrugada . Pese a las múltiples quejas vecinales y a las intervenciones de la Policía Local, únicamente se incoaron cuatro expedientes sancionadores municipales, todos ellos paralizados sin resolución definitiva .
El juicio también ha tenido una relevancia mediática añadida por la relación familiar de la acusada, ya que Antonia Alcázar es hermana de María Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante más de veinte años, a quien el juez Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Plus Ultra', ha situado como una "pieza operativa esencial" en la presunta trama de corrupción liderada por el exlíder socialista y que se investiga en la Audiencia Nacional . El abogado de los vecinos ha cuestionado a la alcaldesa por qué no se impusieron sanciones pese a la existencia de expedientes abiertos, a lo que Alcázar respondió que "eso hay que preguntárselo a los técnicos municipales" y que ella no podía obligarles a actuar . Una vecina ha calificado la situación de "pesadilla" y ha relatado que cuando acudió al Ayuntamiento a solicitar la licencia del local, descubrió con sorpresa que la autorización era exclusivamente para restaurante, no para la celebración de eventos multitudinarios . El juicio, que ha durado tres días, ha quedado visto para sentencia, y el tribunal deberá determinar si los acusados incurrieron en prevaricación por su pasividad o si, por el contrario, actuaron conforme a derecho al remitirse a los criterios de los técnicos municipales. La resolución podría tardar varias semanas en hacerse pública . |
