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17
Jun
2026
Absuelven a la alcaldesa de Velilla de prevaricación por los ruidos del restaurante PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Velilla de San Antonio
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Foto cedida por Ayuntamiento de VelillaDecaen los cargos penales y civiles

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, al concejal de Urbanismo, Joaquín Panadero, a la exconcejal Elena Abraham Suárez y al resto de demandados del delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental que se les imputaba, según ha comunicado oficialmente el Ayuntamiento de la localidad. El fallo judicial concluye que los acusados "no son autores de un delito continuado de prevaricación urbanística ni de prevaricación medioambiental previsto por los artículos 320.1, 329.1 y 74 del Código Penal", dejando sin efecto la acusación que pesaba sobre ellos. La sentencia también absuelve a los demandados de la responsabilidad civil "ex delicto" que se les reclamaba, según ha informado el Consistorio en un comunicado oficial.

Antonia Alcázar ha querido recalcar que "durante todos estos meses, hemos querido respetar el proceso judicial y sus tiempos, siempre desde la máxima prudencia confiando en todo momento en el trabajo de la justicia y en el desarrollo de las actuaciones judiciales". La alcaldesa, que es hermana de Getrudis Alcázar, la secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero imputada por blanqueo de capitales en el caso de las joyas, había sido señalada por la acusación particular por presuntas irregularidades en la gestión urbanística del municipio. La absolución supone un respiro para el gobierno local de Velilla, que ha defendido en todo momento la legalidad de sus actuaciones.

La absolución de Antonia Alcázar llega en un momento en que el nombre de Velilla de San Antonio aparece en la agenda de Leire Díez, la 'fontanera' de Ferraz, como uno de los municipios donde se habrían buscado contratos de limpieza. La alcaldesa, que gobierna el municipio desde 2015, ha sido una de las voces más críticas con la investigación judicial, llegando a calificar el caso de "persecución política". La sentencia, que aún no es firme, podría ser recurrida por la acusación ante el Tribunal Supremo.

 

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