Unos audios confirman el boicot del Gobierno al 2 de Mayo de Madrid el mismo día en que Europa avala la Amnistía y abre la puerta al regreso de Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este jueves un respaldo mayoritario a la Ley Orgánica de Amnistía, al considerar que la norma no contraviene el derecho comunitario ni en lo relativo a los intereses financieros de la Unión ni en materia de terrorismo. La sentencia, dictada por la Gran Sala del tribunal con sede en Luxemburgo, responde a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, que habían expresado dudas sobre la compatibilidad de la amnistía con las exigencias europeas.

En su fallo, el TJUE determina que la ley, aprobada en 2024 como condición de ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez, tiene por objeto “reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación”. Los jueces europeos descartan que la amnistía vulnere el principio de igualdad, la tutela judicial efectiva o la Directiva europea de lucha contra el terrorismo, y subrayan que la aprobación de una ley de este tipo corresponde a los Estados miembros. Además, concluyen que los gastos derivados del referéndum del 1-O no suponen una amenaza para los intereses financieros de la UE, al afectar únicamente al presupuesto nacional.

El fallo del TJUE no resuelve de forma automática la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención dictada por el Tribunal Supremo. La decisión europea sí allana el camino para que el Tribunal Constitucional y el Supremo puedan aplicar la amnistía a los líderes independentistas procesados o condenados por malversación, entre ellos Puigdemont y los exconsejeros del 'procés'. La sentencia, que afecta a cerca de tres centenares de personas, deberá ser ahora tenida en cuenta por los tribunales españoles en sus resoluciones.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El independentismo ha celebrado el fallo como una “victoria rotunda” que “carga de razones” su proyecto político, mientras que el Gobierno ha confiado en que la sentencia desbloquee la aplicación de la norma. La oposición, por su parte, ha mostrado su rechazo; el expresidente José María Aznar ha advertido de que “la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este jueves que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En un auto de 63 páginas, los magistrados de la Sección 23 han avalado parcialmente la decisión del juez instructor, Juan Carlos Peinado, aunque han tumbado los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que también pesaban sobre ella.

El tribunal ordena además que se continúe el procedimiento con jurado contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, aunque únicamente por un presunto delito de malversación vinculado al desvío de software. Por el contrario, la Audiencia ha separado del procedimiento del jurado al empresario Juan Carlos Barrabés, contra el que la investigación continuará por la vía del procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.

Uno de los puntos más destacados del auto es la revocación de las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado. La Audiencia ha dejado sin efecto la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencias periódicas que pesaban sobre Begoña Gómez y su asesora. Los magistrados consideran que "no puede afirmarse que concurra con la intensidad exigible un riesgo real y efectivo de fuga que justifique el mantenimiento de las medidas acordadas", y añaden que dichas medidas "no resultan estrictamente necesarias" y que la finalidad de asegurar la sujeción al proceso "puede quedar suficientemente atendida mediante la imposición de medidas menos gravosas".

La defensa de Gómez, ejercida por el exministro de Justicia Antonio Camacho, había recurrido la decisión de Peinado argumentando que el juez basaba la causa en "conjeturas y presunciones" y que la elección del cauce procesal del jurado popular era "arbitraria e injustificada". La Audiencia, sin embargo, ha considerado que los indicios son suficientes para mantener los dos delitos principales, aunque ha recortado el alcance de la acusación. La Fiscalía, que ya había solicitado la absolución de Begoña Gómez, ve ahora cómo el caso sigue adelante, aunque con un recorte significativo de los cargos iniciales.

La Comunidad de Madrid ha exigido este jueves explicaciones "urgentes" al Gobierno de Pedro Sánchez tras la información publicada por el diario ABC, que revela un supuesto intento de boicot institucional orquestado desde la cúpula de la Guardia Civil contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la celebración del Día de la Comunidad de Madrid del pasado año.

Según la información publicada por ABC, el entonces director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Luis del Castillo, transmitió al general jefe de la Zona de Madrid, Fernando Mora, una "instrucción política" procedente de la entonces directora general del Instituto Armado, Mercedes González, para que la Benemérita no acudiera al acto organizado por el Ejecutivo autonómico en la Real Casa de Correos el 2 de mayo de 2025. El objetivo era "plantar" al Gobierno regional en su celebración más importante.

ABC ha publicado una grabación de audio en la que se recoge la tensa conversación entre ambos mandos. Según los fragmentos difundidos, Mora se negó a acatar la orden porque la consideró un intento de instrumentalización política del cuerpo. "Entiendo que nos están instrumentalizando y que la Guardia Civil tiene que ser imparcial. Esta es una batalla política y nosotros no debemos entrar. Me siento utilizado", llegó a decir el general Mora, según la conversación publicada.

Su superior, el teniente general Del Castillo, le trasladó la orden de forma directa: "Acto del 2 de mayo. Representación institucional el Jefe de la Comandancia y el Comisario provincial. Jefe Superior y tu libráis". Ante la negativa de Mora, Del Castillo llegó a sugerirle que pidiera el pase a la reserva: "Si quieres inmolarte, coges y pides el pase a reserva".

Finalmente, tras varios minutos de discusión y de que Mora amenazara con acatar la orden pero informando a la Comunidad de Madrid de los motivos de su ausencia, Del Castillo consultó con la directora general, que permitió al general Mora acudir a la celebración. El general Mora terminó asistiendo a los actos del 2 de Mayo.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha calificado los hechos de "inaudito y de extrema gravedad" y ha denunciado que el Ejecutivo central utiliza "espuriamente" a la Guardia Civil "para intentar dañar y desprestigiar a los adversarios políticos". En un comunicado, la Comunidad de Madrid sostiene que la supuesta orden forma parte de una "operación de Estado" del presidente del Gobierno contra la presidenta regional. "La utilización de las instituciones para dañar a un adversario político es inaudita", asegura el Ejecutivo autonómico.

El PP de Madrid ha ido un paso más allá. Su secretario general, Alfonso Serrano, ha exigido dimisiones en el Gobierno por "amedrentar" a guardias civiles y ha afirmado que "la democracia está herida". Serrano ha reclamado la dimisión tanto de Mercedes González como del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid: "Basta ya de utilizar las herramientas de Estado en contra de adversarios políticos".

La Comunidad de Madrid ha solicitado además que el resto de grupos con representación en la Asamblea condenen públicamente lo ocurrido, al tiempo que ha expresado su respaldo "expreso" a la Guardia Civil, a la que define como "una institución tan querida por todos los españoles, garante de nuestra seguridad y libertad".