 La Comunidad ha denunciado a seis por estafa agravada
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha logrado que la Policía Nacional detenga a tres personas que, presuntamente, se habrían hecho pasar por menores inmigrantes no acompañados para acceder a los recursos de acogida de la región. Las detenciones se produjeron el pasado viernes en la ciudad de Madrid y en la localidad de Aranjuez, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación.
Se trata de tres de las seis personas que hasta ahora había denunciado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante la Policía. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
El caso destapado por ABC responde a una estrategia que, según la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, es "una práctica habitual de las mafias, que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar". En noviembre pasado, Dávila ya advirtió de que la Comunidad consideraba que estas conductas "pueden constituir un delito de estafa" y anunció que actuarían "de manera inmediata".
Tras las pruebas y los procedimientos realizados por la Fiscalía, la Comunidad ha contabilizado un total de 67 casos de adultos que presuntamente se hicieron pasar por menores no acompañados. De ellos, 40 entraron en los recursos regionales durante 2025 y 27 en lo que va de 2026. Los detenidos habrían asegurado ser menores al llegar a los centros de acogida, pero las pruebas de determinación de edad realizadas por la Fiscalía constataron que ya eran adultos.
La Comunidad de Madrid presentó denuncia contra estas personas por estafa agravada y por infringir la Ley de Extranjería, al haber obtenido fraudulentamente recursos y prestaciones destinadas a menores. La Policía Nacional asumió la investigación y, tras recabar las pruebas necesarias, procedió a las detenciones.
El caso evidencia la complejidad de la gestión de los menores extranjeros no acompañados y la preocupación de las administraciones por detectar posibles fraudes que desvían recursos públicos de su verdadero fin: la protección de los menores en situación de vulnerabilidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles con dureza contra el Gobierno central en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Tres Cantos. Lo ha hecho en dos frentes: la gestión de los menores extranjeros no acompañados y las políticas de regularización migratoria.
Ayuso ha exigido a la Delegación de Gobierno que "actúe" ante los casos de fraude de falsos menores extranjeros no acompañados, después de que la Policía Nacional haya detenido a tres adultos que se hacían pasar por menores para acceder a recursos de acogida. Los detenidos, de entre 20 y 22 años y nacionalidades maliense, marroquí y argelina, están acusados de estafa agravada por la Comunidad de Madrid, que ha detectado otros 61 casos similares .
La presidenta ha censurado que el Gobierno "mira para otro lado, en incumplimiento claro de la ley y de la orden", y ha denunciado que hay "otras 87 peticiones pendientes de resolver" para que menores (esta vez reales, pero calificados de "altamente conflictivos") sean repatriados a sus países de origen . "Mirar para otro lado es una traición a los ciudadanos, que son los primeros perjudicados", ha sentenciado.
La consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales remitió ayer una nueva carta al delegado del Gobierno advirtiendo de que Madrid "no permanecerá inmóvil" y emprenderá acciones legales si continúa la "inacción" del Ejecutivo central .
Ayuso también ha alertado de los "tintes profundamente antidemocráticos" de las políticas de regularización de migrantes y de la Ley de Memoria Democrática, que, según sus cálculos, podrían alterar el censo electoral y el reparto de escaños en la región.
La presidenta ha señalado que el Gobierno impulsa una "regularización masiva, con gran prisa y sin ningún rigor", que podría traer a más de 850.000 personas por criterios de arraigo, a los que se sumarían otros 2,3 millones por la Ley de Memoria Democrática. "Calculamos que más de 500.000 personas de manera directa vendrían a los censos de la Comunidad de Madrid", ha afirmado, lo que supondría "inflar el censo en un 10%" y alterar "el reparto de hasta 10 escaños en las elecciones autonómicas. Imagínense el resultado multiplicado en toda España", ha advertido .
Ayuso ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere "reventar los servicios públicos" y ha cuestionado la prisa por estas medidas, que se suman a la polémica por la verificación de los DNI digitales en elecciones como las de Castilla y León . |
