Se trata de una cruz que el Gobierno quiere demoler

El Monumento a los Rumanos Caídos, una cruz de piedra coronada por cuatro arcos situada en el Cerro de la Radio de Majadahonda, se ha convertido en el último campo de batalla de la memoria histórica en España. El Gobierno central ha ordenado su demolición por considerarlo un símbolo de exaltación del franquismo y del fascismo europeo, mientras que la Fundación Española de Abogados Cristianos ha pedido a la Comunidad de Madrid que lo declare Bien de Interés Patrimonial para evitar su derribo .

El monumento fue erigido en 1970 en memoria de Ion Mota y Vasile Marin, dos ciudadanos rumanos que murieron el 13 de enero de 1937 en el Cerro de la Radio durante la Guerra Civil española . Ambos eran miembros destacados de la Guardia de Hierro rumana, una organización de ideología fascista, ultranacionalista y antisemita que colaboró con el régimen nazi .

Los dos legionarios llegaron a España a principios de 1937 junto a un pequeño grupo de rumanos para luchar en el bando sublevado, al que consideraban defensor de la civilización cristiana contra el comunismo . Según sus propias declaraciones, "porque en España se ametrallaba la faz de Cristo y se bamboleaba el fundamento cristiano del mundo" . Fallecieron solo unos días después de su llegada, el 13 de enero de 1937, por el impacto de un obús republicano .

El monumento fue construido con aportaciones privadas de la diáspora rumana exiliada que huía del régimen comunista instaurado en su país tras la Segunda Guerra Mundial . La estructura, compuesta por cuatro arcos de piedra rematados por una cruz, incluye una inscripción que reza: "A Ion Mota y Vasile Marin caídos por Dios, España y Rumanía" .

Desde 1970, el monumento se ha convertido en punto de encuentro anual de grupos de extrema derecha, que cada 13 de enero se concentran para homenajear a los dos legionarios rumanos con saludos fascistas, banderas franquistas y cánticos de "Cara al Sol" . Esta recurrencia ha sido denunciada en numerosas ocasiones por Izquierda Unida y Más Madrid .

En 2026, Izquierda Unida presentó una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática para frenar la celebración de estos homenajes y solicitó la disolución de las entidades organizadoras, entre ellas Falange Española y la Asociación para la Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos Caídos .

En junio de 2026, el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó el monumento en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, ordenando su retirada o demolición antes del 31 de diciembre . El Gobierno sostiene que la Guardia de Hierro fue "una organización de ideología fascista, ultranacionalista y antisemita, colaboradora del régimen nazi" y que el monumento "constituye una exaltación del fascismo europeo y del franquismo" .

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una reclamación administrativa para que la Comunidad de Madrid declare el conjunto Bien de Interés Patrimonial (BIP) o Bien de Interés Cultural (BIC), argumentando su antigüedad, su carácter de cruz religiosa anterior a 1950 y su vinculación histórica con los hechos de la Guerra Civil .

La organización advierte que el monumento se encuentra en terreno de titularidad privada, anexo al cementerio parroquial, por lo que considera que cualquier intervención unilateral para demolerlo sin los procedimientos adecuados constituiría una "vía de hecho administrativa" . La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha señalado: "No se puede permitir que el Gobierno utilice la memoria de la historia de todos los españoles como excusa para derribar una cruz cristiana" .

Esta no es la primera vez que se intenta derribar el monumento. En 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Majadahonda, entonces gobernado por el PP con mayoría absoluta, aprobó una moción para su derribo con el apoyo de PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos y Somos Majadahonda, y la abstención del PP . Sin embargo, el derribo nunca se ejecutó, y el PP se escudó en que el terreno era privado y la moción no era vinculante .

El futuro del monumento depende ahora de la Comunidad de Madrid. Si el gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso accede a la petición de Abogados Cristianos y declara el conjunto BIC o BIP, la orden de demolición quedaría suspendida automáticamente. Si no lo hace, el Ayuntamiento de Majadahonda tendrá que ejecutar la orden de retirada antes del 31 de diciembre