Por incumplir dos de los acuerdos comprometidos con Bruselas

La Comisión Europea ha decidido retener una parte significativa del quinto desembolso del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, enfatizando la importancia de cumplir con los compromisos previamente acordados. Este resumen detalla los motivos de la retención, el impacto económico, el plazo otorgado para rectificar la situación y las advertencias que ha emitido la UE.

La retención de fondos se debe a dos razones principales:

Se han retenido 626 millones de euros debido a la falta de una compensación adecuada para los funcionarios interinos. Esta exigencia proviene de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que España debe cumplir con ciertas condiciones laborales y salariales para este grupo de trabajadores.

Cerca de 500 millones de euros han sido descontados por el fracaso en la aprobación de una reforma fiscal que incluía un aumento del impuesto al diésel. Esta reforma verde estaba contemplada en los Presupuestos de 2023, pero no logró obtener el apoyo necesario en el Parlamento, lo que ha llevado a la retención de estos fondos.

El monto total que España esperaba recibir en este quinto pago era de aproximadamente 25.237 millones de euros. Sin embargo, tras las retenciones, el país solo recibirá 24.137 millones de euros. La Comisión Europea ha indicado que los fondos retenidos se aplicarán a futuros pagos, condicionados a que se cumplan los hitos pendientes establecidos.

Bruselas ha otorgado a España un plazo de seis meses para que cumpla con las reformas exigidas, centrándose especialmente en:

La equiparación fiscal del diésel.

La compensación adecuada a los funcionarios interinos.

Este plazo es crucial para que España pueda recuperar los fondos retenidos y continuar con el desarrollo de su Plan de Recuperación.

La decisión de retener fondos subraya la estricta supervisión que ejerce la Unión Europea sobre los recursos del mecanismo Next Generation. El incumplimiento de los compromisos acordados no solo puede resultar en la retención de fondos, sino que también podría acarrear sanciones inmediatas.

Además, se ha señalado un riesgo adicional: según datos de mayo, España solo ha ejecutado el 58 % de los fondos del plan hasta finales de 2024. Este bajo nivel de ejecución obliga al país a aumentar el ritmo de inversión para evitar la pérdida de financiación antes de agosto de 2026.

La Comisión Europea ha aprobado el quinto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) tras constatar el cumplimiento total de 82 hitos y objetivos presentados por España y el cumplimiento parcial de otros dos. Además, ha validado definitivamente el cumplimiento de un hito pendiente correspondiente al cuarto desembolso.

Este nuevo desembolso asciende a 24.137 millones de euros brutos (22.926 millones de euros netos, de los cuales 6.991 millones corresponden a transferencias y 15.935 millones a préstamos). Estamos ante el mayor desembolso aprobado por la Comisión Europea a cualquier país desde que se puso en marcha el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021.

La evaluación positiva incluye 69 hitos y objetivos relacionados con transferencias (41 objetivos y 28 hitos) y 13 correspondientes a préstamos. Además, la Comisión ha validado el cumplimiento del hito pendiente del cuarto pago relacionado con el programa Kit Consulting.

Con este nuevo desembolso, España habrá recibido ya cerca de 55.000 millones de euros en transferencias, lo que representa el 70% del total previsto y sitúa al país como el primero de la UE en volumen de fondos no reembolsables recibidos, por delante de Italia y Francia.

En total, España ha cumplido ya 264 hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que refleja el compromiso con las reformas estructurales y la ejecución eficaz de las inversiones del Plan.

Entre los principales avances validados por la Comisión destacan:

Educación superior y formación: aprobación de la nueva Ley de Universidades, impulso de las micro credenciales universitarias y dotación de 50.000 nuevas plazas de Formación Profesional.

Justicia: entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Organizativa y Procesal y la Ley del Derecho de Defensa, que modernizan el sistema judicial.

Transición ecológica: aprobación de 12 protocolos de Transición Justa, restauración de ecosistemas costeros, nuevas áreas marinas protegidas y una nueva Ley de Aguas centrada en sostenibilidad y eficiencia hídrica.

Energías renovables: simplificación normativa, impulso al hidrógeno verde y refuerzo de la capacidad instalada.

Infraestructuras: inversiones en transporte (carreteras, cercanías, red ferroviaria), vivienda social y regadíos sostenibles.

Pymes: mejora del acceso a financiación a través de garantías financieras y apoyo a la digitalización y sostenibilidad en los sectores agroalimentario y pesquero.

Despliegue de los préstamos

Por primera vez se incluye un volumen significativo de préstamos, con 15.935 millones de euros, validados íntegramente por la Comisión. Se destacan:

Fondos ICO: ICO Verde, ICO Empresas y Emprendedores, e ICO Vivienda, con más de 30.000 millones asignados.

Fondo de Resiliencia Autonómica, para fortalecer la inversión regional.

Fondos de COFIDES: Fondo de Impacto Social (FIS) y Fondo de Coinversión (FOCO).

Fondos estratégicos de SETT: Next Tech (4.000 millones de euros), Audiovisual Hub (1.700 millones) y PERTE CHIP (12.000 millones).

Queda pendiente la validación de parte de dos de los hitos presentados para el quinto desembolso. Los equipos técnicos de la Comisión y de España continúan trabajando de forma coordinada para completar su validación en los próximos meses.

Por un lado, queda pendiente la modificación de la fiscalidad del diésel. Cabe recordar que la retirada de la bonificación fiscal al diésel se incluyó en una enmienda parlamentaria que no logró el respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, también resta pendiente la validación completa del hito relativo a la digitalización de entidades regionales y locales. El grueso del hito está cumplido, si bien la Comisión ha pedido más tiempo para seguir trabajando en el análisis de parte de las evidencias presentadas, a fin de poder evaluar su cumplimiento completo.

Por último, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, se está trabajando en la adaptación del hito sobre la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a la primera solicitud de pagos.