Celebran una segunda cumbre bilateral tras la de Cataluña

El Lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, han llegado a un acuerdo significativo para el traspaso de varias competencias y prestaciones a la Comunidad Autónoma del País Vasco (Euskadi). Este acuerdo se enmarca dentro de la primera fase de la transferencia de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi y abarca tanto prestaciones no contributivas como la gestión de servicios específicos en el ámbito de la seguridad y el salvamento.

En el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, celebrada en el Palacio de La Moncloa, se acordó el traspaso de cuatro prestaciones no contributivas a Euskadi. Estas incluyen:

Asignación económica por hijo o menor acogido a cargo.

Prestación económica por nacimiento o adopción.

Prestación económica por parto o adopción múltiples.

Subsidio especial por nacimiento, que es de carácter no contributivo.

Este traspaso implica que Euskadi asumirá la gestión, tramitación, reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora de estas prestaciones. Se destaca que este acuerdo cierra el ciclo de transferencia de prestaciones no contributivas, que ya se había comenzado en 1987 y se había complementado con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La financiación de estas prestaciones se realizará a través de los presupuestos generales del Estado, aplicando un sistema de concierto que permite a Euskadi descontar un 6,24% del total destinado a estas prestaciones en los presupuestos estatales. Esto se traduce en una reducción del cupo que Euskadi debe pagar al Estado, estimándose que podría alcanzar cerca de 100 millones de euros.

Dentro del mismo bloque de la Seguridad Social, se ha acordado que Euskadi asuma la recaudación, gestión y abono de las prestaciones económicas del seguro escolar. Esto incluye:

Indemnizaciones por infortunio familiar.

Indemnizaciones y pensiones por incapacidad en caso de accidente.

Indemnizaciones por fallecimiento del estudiante.

Este traspaso se considera un avance significativo, ya que por primera vez el Gobierno Vasco asumirá funciones que hasta ahora eran competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

El acuerdo también incluye el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), ubicado en Barakaldo, que es el centro de referencia para la seguridad y salud laboral en el Estado. Este centro se especializa en:

Análisis de exposición a agentes químicos y físicos.

Seguridad en máquinas y equipos de trabajo.

Estudio de condiciones psicosociales.

El traspaso del CNVM permitirá potenciar la cooperación entre el Estado y Euskadi en materia de seguridad y salud laboral, completando así el marco de transferencia de competencias en esta área.

El acuerdo también contempla el traspaso de las funciones y servicios de salvamento marítimo en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral vasco. Euskadi asumirá la planificación, coordinación y prestación de servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, así como la potestad sancionadora y la exigencia de tasas por salvamento.

A pesar de este traspaso, el Estado mantendrá la capacidad legislativa y reglamentaria, así como la aprobación de planes nacionales relacionados con el salvamento y la lucha contra la contaminación marina. Además, no se realizará un traspaso material de bienes ni personal, por lo que el Estado compensará a Euskadi con una cantidad económica única.

En una rueda de prensa desde Cenicientos, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, realizó declaraciones contundentes sobre la situación política actual en relación con la financiación y la Seguridad Social en España.

García Martín acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "fraccionando" la Seguridad Social, lo que, según él, representa una grave amenaza para la cohesión del sistema de protección social en España. Este fraccionamiento se refiere a la posibilidad de que se dividan las competencias de la Seguridad Social, comenzando por las prestaciones por desempleo, lo que podría llevar a un debilitamiento de la caja común que actualmente sostiene el sistema.

El consejero expresó su preocupación de que el PNV, al vender sus votos a cambio de concesiones, esté contribuyendo a la desintegración del modelo de convivencia que se ha establecido en España. Según García Martín, esta situación podría llevar a una ruptura del sistema de Seguridad Social tal como lo conocemos, lo que tendría repercusiones negativas para todos los ciudadanos.

García Martín también se refirió a la "financiación singular" acordada con Cataluña, la cual considera una "barbaridad". Este término se utiliza para describir un acuerdo que, según él, implicaría un costo adicional significativo para los madrileños.

El consejero estimó que cada madrileño tendría que pagar más de 2.000 euros como resultado de esta financiación singular, lo que representa una carga económica considerable. Esta cifra se presenta como un "cuponazo", un término que sugiere que los madrileños estarían pagando un precio excesivo por un acuerdo que beneficia a otras comunidades autónomas, en detrimento de sus propios intereses.

García Martín aseguró que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está dispuesto a utilizar todos los recursos y medios a su disposición para evitar que esta financiación singular se lleve a cabo. Esto sugiere un compromiso firme por parte del gobierno regional para proteger los intereses económicos de los madrileños y mantener la integridad del sistema de Seguridad Social.

El consejero también criticó la gestión del presidente Sánchez, afirmando que está "subastando" recursos que pertenecen a todos los españoles. Esta crítica se enmarca en un discurso más amplio sobre la necesidad de preservar la unidad y la cohesión del sistema de bienestar español, que García Martín considera amenazado por las decisiones del Gobierno actual.

Ayuso también se pronunciaba sobre los acuerdos con Cataluña y País Vasco, y lo hacía para tacharlos de "secesión fiscal". "Esta secesión fiscal que se quiere aprobar no es un mero privilegio porque, en ocasiones, hay algunos privilegios según la situación que pueden compensar cargas excepcionales y, por tanto, puede ser, en un momento dado, legítimo. Esto es mucho más grave y mucho más profundo que el simple privilegio: lo que se está negociando sin mandato electoral para hacerlo es la impunidad para delinquir. Llamemos las cosas por su nombre. Es la opresión de la mayoría a manos de las minorías, de la mayoría de los españoles a mano de los nacionalistas y ultras de vario pelaje. Han ido con esa estrategia de la carcoma a la del derribo contrarreloj contra nuestro edificio constitucional para que un buen día este edificio se caiga y nadie sepa cómo ha empezado ni que resortes tener. Esto no solo va de dinero, esto no solo lo hacen por codicia, porque están arruinando Cataluña por fanatismo: es todo un medio para lograr las secesión, lo que está a juego es España y España es una nación demasiado importante para caer. Esto va contra ella y contra la libertad. Este atropello consagra que los impuestos sean confiscatorios y la irresponsabilidad en la gestión del dinero público. Vamos hacia una economía intervenida", resumía.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de la “miseria” que ha generado el Gobierno central y que “ya se puede medir” en la empresa. “Desde que Pedro Sánchez es presidente se han perdido casi 23.000 microempresas, es decir, 10 negocios al día, consecuencia de las continuas subidas de impuestos de costes laborales que han subido un 26% desde 2021”, ha señalado durante la clausura de la Asamblea General de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM).

En este punto, ha rechazado la “legislación absurda, totalitaria e ideológica que nunca responde a las necesidades reales de una empresa que por más que haga esfuerzos cada vez es menos competitiva, sobre todo, de cara al exterior”. Así, ha lamentado que la inversión extranjera se ha desplomado en 45% solo en el último año y que “la corrupción y la dejadez están espantando proyectos”.

“Con lo que ha sido España, con lo que son y han sido sus empresas en el mundo y ahora que demos menos confianza, esto es imperdonable. La economía intervenida sin control y gobernar al servicio de la ideología siempre pasa factura”, ha añadido, para advertir, además, que otras medidas como la reducción de jornada va a costar otros 4.000 millones de euros y “se hace sin contar con los empresarios”.

Frente a esto, Madrid se consolida como motor económico de España. El PIB autonómico, que hoy supone el 19,6% del total nacional, ha superado en la última década al de Cataluña y ya se ha situado a ocho décimas. Además, la región lidera la creación de empresas en 2025 con un total de 12.144 compañías, el 22,1% del total nacional de enero a mayo.

En ese periodo se han constituido 80 empresas al día en la Comunidad de Madrid, con una capitalización media de 32.520 euros. En cuanto al apoyo a las pymes, en los últimos seis años el Gobierno madrileño han destinado más de 28 millones de euros a ayudas al comercio, beneficiando a 87.000 pymes y autónomos, además de programas específicos para la modernización, digitalización y asesoramiento empresarial.