El Fiscal General del Estado participó en la ceremonia a pesar de estar imputado

Su Majestad el Rey ha presidido el acto solemne de Apertura del Año Judicial, en la sede del Tribunal Supremo, en el que, tras la apertura de sesión por parte de Don Felipe, con las intervenciones sucesivas del secretario de Gobierno, Ángel Tomás Ruano; del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que presentó la Memoria anual sobre el Estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia.

Seguido, Su Majestad el Rey declaró abierto el año judicial 2025-2026 y levantó la sesión. ​Durante el desarrollo del acto el Rey estuvo acompañado, además, por los Miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo; por las autoridades de los Poderes del Estado; y autoridades civiles y judiciales no togadas.​

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, participó en la ceremonia de apertura del año judicial, que tuvo lugar en el Tribunal Supremo (TS) de España. Su intervención estuvo marcada por las “singulares circunstancias” de su situación procesal, ya que se encuentra próximo a ser juzgado por la supuesta revelación de secretos en un caso relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de las controversias, García Ortiz reafirmó su compromiso con la justicia y la integridad de la institución.

García Ortiz comenzó su discurso expresando su honor de estar presente en el acto solemne, que fue presidido por el Jefe del Estado. Reconoció que su presencia generó un debate sobre la conveniencia de su participación, con algunas asociaciones judiciales sugiriendo un boicot y otros defendiendo su asistencia. A pesar de las presiones, el fiscal general se mostró firme en su creencia en la justicia y en la importancia de la función fiscal.

El fiscal general hizo un llamado al respeto hacia la labor de los fiscales, destacando que la institución es “fuerte”, “sólida” y “confiable”. Subrayó que el Ministerio Público no se deja intimidar por los ataques de los delincuentes, enfatizando su papel como salvaguarda del Estado de derecho y de la ciudadanía.

Durante su intervención, García Ortiz presentó la Memoria Anual de la Fiscalía para 2024, donde resaltó estadísticas relevantes en áreas como la violencia de género, la situación de los menores migrantes no acompañados y los incendios. También celebró las reformas legales impulsadas por el Gobierno para modernizar el sistema judicial. Una de las reformas más destacadas es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitiría a los fiscales dirigir las investigaciones penales.

El fiscal general reconoció que esta reforma requeriría una transformación interna significativa y la creación de un sistema de contrapesos que asegure que el interés general prevalezca sobre el particular, incluso si esto implica limitar el poder del fiscal general.

García Ortiz abordó la problemática de la corrupción, anunciando la creación de dos nuevas unidades especializadas: Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública. Destacó la interrelación entre la corrupción y la delincuencia organizada, advirtiendo que ambas prácticas se alimentan mutuamente, lo que deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

El fiscal general también se refirió a la creciente llegada de migrantes en 2023, especialmente a las Islas Canarias, y subrayó la necesidad de coordinación para abordar delitos asociados, como la trata de personas. Defendió los derechos de los migrantes en centros y aeropuertos, haciendo hincapié en la situación vulnerable de los menores no acompañados y su estigmatización social.

García Ortiz afirmó que la forma en que se responda a las necesidades de los niños y migrantes será un reflejo del juicio que el futuro hará de la sociedad. Reiteró que la dignidad humana y el interés superior del menor son valores fundamentales consagrados en la Constitución.

Finalmente, el fiscal general expresó su preocupación por el elevado índice de suspensiones de juicios, que genera insatisfacción en la ciudadanía. También mostró inquietud por el aumento de la siniestralidad laboral y la criminalidad en el entorno virtual, destacando la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva.