 Es prácticamente imposible que salga adelante
El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, a pesar de la previsible negativa del PP, que no apoyará la reforma. La iniciativa, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento (Congreso y Senado), ha recibido el informe favorable del Consejo de Estado, que considera la propuesta "constitucional".
El objetivo del Ejecutivo es "proteger" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y "reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional". La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres "frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco".
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recordado que el 79% de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20% en centros públicos. "Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional, porque eso es lo que está en riesgo", ha reiterado.
Redondo ha criticado que "apenas el 1% de estas interrupciones se hagan en la sanidad pública madrileña o andaluza", lo que a su juicio "está generando una diferencia sustancial entre mujeres de primera y mujeres de segunda en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, dependiendo de dónde residan". Ha insistido en que cerca del 80% de la población española es favorable a este derecho.
La reforma requiere del voto favorable del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado. Redondo ha confiado en que todos los partidos políticos, "y también el PP, estén a la altura", porque los populares "también tienen en sus filas a muchas mujeres que han pasado por una interrupción voluntaria del embarazo".
Ha reconocido que la tramitación parlamentaria "se presenta compleja", pero se ha mostrado convencida de que el PP, "como partido de Estado", tendrá presente lo que se juega. "Lo importante y por responsabilidad es atajar los riesgos reales de una involución a un derecho que se cuestiona en Madrid, en ayuntamientos o en comunidades como Castilla y León", ha afirmado, recordando que en Francia "hasta la extrema derecha" votó a favor de blindar el derecho al aborto.
Redondo ha explicado que, de no superarse la mayoría parlamentaria cualificada, existe una vía alternativa: la configuración de una comisión paritaria Congreso-Senado que redactaría un nuevo texto, que sería votado nuevamente. En ese caso, bastarían los dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado. |
