Desde el uno de enero su presupuesto regional se ha recortado un 50%

El portavoz de Justicia de IU en la Asamblea de Madrid, Mauricio Valiente, ha pedido la comparecencia en la Cámara del consejero del ramo, Salvador Victoria, con el fin de que "informe de los efectos que está teniendo en los ayuntamientos de la región la reducción del presupuesto de 2013 destinado a las Brigadas de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM)".

Valiente ha recordado que "han sido numerosos ayuntamientos de la región, entre ellos San Fernando de Henares, Parla y Fuenlabrada, pero también otros gobernados por el PP, como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, los que han pedido a la Comunidad de Madrid que rectifique su decisión de recortar el presupuesto de las BESCAM en un 50 por ciento".

Así, ha señalado que “el recorte supone una deslealtad institucional sin precedentes al incumplir los convenios firmados con los Ayuntamientos, lo que les genera un serio problema de financiación que agrava su ya precaria situación” y ha agregado que “este ‘simpa’ del Gobierno regional lo pagaran todos los ciudadanos, que verán mermado su derecho a la seguridad ciudadana, los empleados públicos que sufren un nuevo ataque y los Ayuntamientos a los que coloca en una difícil situación”.

"Las BESCAM, creadas en 2006 por el Gobierno de Esperanza Aguirre, operan en 111 municipios de la región. En junio de 2012 la Comunidad de Madrid decidió rebajar en 1,7 millones de euros la partida destinada a estas brigadas para el segundo semestre del año, a lo que se suma el recorte para este año, pasando el presupuesto de 38.000 a 16.000 euros por agente. Esta reducción presupuestaria supone un cambio unilateral y sustancial de los Convenios que el Gobierno regional ha suscrito con los Ayuntamientos. Esta medida es una deslealtad institucional, que contraviene el art. 9.A de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, porque induce unilateralmente a los ayuntamientos un desequilibrio de financiación que, en la situación actual constituye un riesgo para el mantenimiento del empleo y los servicios públicos locales, y una agresión a la seguridad de los vecinos y vecinas”, ha concluido Valiente.