Pregunta al Ministerio Fiscal si es competente para investigarlo

La Audiencia Nacional (AN) ha iniciado un procedimiento para determinar si tiene competencia para investigar una querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta querella lo acusa de presunta "colaboración con la estructura criminal" del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, ha solicitado a la Fiscalía que emita un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para llevar a cabo la instrucción del caso. En un auto el juez ha decidido abrir diligencias previas, indicando que los hechos presentados en la querella sugieren la posible existencia de una infracción penal, aunque aún no se han determinado con claridad la naturaleza y las circunstancias de dichos hechos.

El juez ha considerado apropiado iniciar diligencias previas para investigar más a fondo y determinar la naturaleza de los hechos en cuestión, así como el procedimiento aplicable. Esto implica que se llevarán a cabo actuaciones esenciales para aclarar la situación.

La asociación Hazte Oír ha señalado en su querella la posible comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La AN podría ser competente para investigar estos hechos, ya que, según la asociación, Zapatero, como ciudadano español, habría llevado a cabo estas acciones en el extranjero.

Hazte Oír ha solicitado al tribunal varias medidas cautelarísimas, que incluyen:

La retirada del pasaporte de José Luis Rodríguez Zapatero.

La prohibición de que salga de España.

La obligación de comparecer ante el juzgado cada siete días.

Además, la asociación ha pedido que se le declare como investigado y que se convoque a varios testigos, incluyendo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

La asociación Hazte Oír argumenta que los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos no deben quedar allí. Afirman que si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, así como de aquellos que habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, es imperativo que España investigue hasta el final.

Hazte Oír sostiene que la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero no se limitó a un papel político o diplomático, sino que, según su perspectiva, habría contribuido de manera decisiva a consolidar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro. La asociación argumenta que esta colaboración con la estructura criminal habría reforzado la capacidad de actuación del régimen, su cobertura exterior y su continuidad, lo que justifica la necesidad de una investigación judicial para determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha convocado al exdirigente socialista Santos Cerdán para que declare el próximo 5 de febrero. Esta citación se produce en el contexto de una acusación de falso testimonio relacionada con su comparecencia en la comisión Koldo del Senado, que tuvo lugar en abril de 2024.

La jueza Lidia María Paloma Montaño ha decidido citar a Cerdán en calidad de querellado, lo que implica que está siendo formalmente acusado en este procedimiento judicial. La decisión se basa en un recurso presentado por la Fiscalía, que ha sido trasladado a la Audiencia Provincial, cuestionando la admisión de la querella interpuesta por la organización Hazte Oír.

La magistrada ha encontrado indicios de que las declaraciones de Cerdán ante la comisión parlamentaria difieren significativamente de la "realidad material" de los hechos investigados. En este sentido, se ha indicado que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad" en su comparecencia del 30 de abril de 2024, justo un año antes de su renuncia al escaño en el Congreso, en medio de una investigación del Tribunal Supremo sobre una supuesta trama de corrupción.

El auto judicial destaca que las contradicciones entre lo que Cerdán declaró y los hechos son "patentes y manifiestas", especialmente a la luz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que fue el fundamento para su imputación.

Durante su comparecencia, Cerdán negó:

Haber mantenido contacto con el exasesor ministerial Koldo García entre 2021 y 2023.

Conocer el papel de García como intermediario en la compra de mascarillas.

Haber dado instrucciones para favorecer a ciertas empresas.

Tener cualquier relación empresarial, ya sea directa o indirecta, incluso a través de terceros.

La jueza subraya que las preguntas realizadas en la comisión eran "claras" y "objetivas", y que las respuestas de Cerdán se limitaron a un "no" reiterado.

La Fiscalía se ha opuesto a la admisión de la querella, argumentando que no se cumplen los requisitos para el delito de falso testimonio. Este delito requiere "alteraciones sustanciales de la verdad" sobre "hechos determinantes", y no simplemente inexactitudes o reticencias.

En su informe, la Fiscalía sostiene que las afirmaciones de Cerdán, como haber visto a Koldo García solo en dos ocasiones o no conocer al presunto comisionista Víctor de Aldama, "carecen de relevancia penal". Según la Fiscalía, estas respuestas se relacionan con preguntas de carácter valorativo y, por tanto, no constituyen una falta a la verdad.

Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, realizó declaraciones significativas en relación con el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Serrano enfatizó la necesidad de investigar a Zapatero tanto desde una perspectiva política como judicial. Según él, la imagen del expresidente es "dañina" para España y lo describió como un "personaje cada vez más oscuro". Esta crítica se enmarca en un contexto más amplio de tensiones políticas en España y la creciente preocupación por la situación en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

El secretario general del PP de Madrid mencionó que recientemente se habían filtrado informaciones desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Estas informaciones insinuaban que, en caso de que Maduro fuera derrocado, Zapatero podría ser el siguiente en caer. Serrano expresó que existen "muchísimas incógnitas" sobre la gestión de los intereses de Zapatero en Venezuela, lo que añade un nivel de complejidad a su figura política.

Las declaraciones de Serrano se producen en un momento en que la Audiencia Nacional está considerando la competencia para investigar una querella presentada por la asociación Hazte Oír. Esta querella acusa a Zapatero de "colaboración con la estructura criminal" del régimen de Maduro. El juez Antonio Piña ha decidido abrir diligencias previas y ha solicitado un informe al Ministerio Fiscal sobre la competencia de la Audiencia Nacional para llevar a cabo esta investigación.

Serrano argumentó que Zapatero está intentando "ser leal a sí mismo" y perpetuar el régimen de Maduro, del cual, según él, "presuntamente ha vivido". Esto implica que, a juicio de Serrano, Zapatero tiene un interés personal en mantener la estabilidad del régimen venezolano, lo que podría tener repercusiones en su reputación y en la política española.

El secretario general del PP también criticó las "buenas palabras" que algunos miembros del Gobierno de Maduro han dirigido hacia Zapatero. Esta relación, según Serrano, debería ser motivo de preocupación. Expresó que si un régimen como el de Maduro hablara favorablemente de él, eso debería ser motivo de inquietud para cualquier político.