Tendrá que hacer frente al embargo de bienes ordenado por un juzgado

El Consejo de Administración de la EMV ha aprobado un Plan de Actuación para el Mantenimiento del Parque Público de Viviendas en régimen de alquiler, que suma ya un total de 758 viviendas, una vez incluidas las 83 nuevas viviendas de la avenida de Pilar Miró. Se trata del mayor de la Comunidad de Madrid  y uno de los más grandes de España en términos relativos.

En total, el Consejo de Administración de la EMV ejecutará una inversión que alcanza cerca de los 1,6 millones de euros, que no están solo destinados a la conservación física de los edificios, sino también a mejorar la calidad de vida de las personas que los habitan, reduciendo los costes energéticos, mejorando la seguridad y reforzando la sostenibilidad ambiental del parque público de viviendas.

En relación con el mantenimiento preventivo del parque residencial, la EMV va a abordar la rehabilitación de las cubiertas en el edificio de viviendas de la calle de Frida Kahlo con la avenida del Levante. Esta actuación cuenta con una inversión de 528.594,05 euros. En este sentido, también se ha informado de una próxima intervención en la avenida de José Hierro, 90, con un coste de 138.081,83 euros. En concreto, se acometerán actuaciones de estanqueidad, aislamiento y eficiencia energética, previniendo así las patologías estructurales y los posibles deterioros en un futuro.

Además, en su plan de mantenimiento del parque público de vivienda, la EMV prestará a las personas residentes un servicio de atención urgente durante los siete días de la semana y telefónica durante las 24 horas del día. Este servicio de mantenimiento ordinario y conservación de los edificios incluye en su cobertura a las viviendas, los garajes, los locales, las oficinas y los equipamientos. Su coste será de 199.999,92 euros.

Se plantea además un modelo avanzado de eficiencia energética. En este caso, se aplicará al nuevo edificio de 83 viviendas de alquiler para jóvenes, con un contrato mixto de mantenimiento y de gestión energética, con un coste de 77.977.13 euros. En el ámbito de la conservación del patrimonio municipal, el Consejo de Administración de la EMV ha sido informado de una próxima inversión de 647.285,52 euros a la rehabilitación de la Posada del Alcalde, con obras que servirán para preservar el edificio, mejorar su seguridad estructural y adecuarlo a la normativa.

Desde el Gobierno municipal se ha destacado que la EMV es la mejor herramienta para trabajar en garantizar a la ciudadanía su derecho al acceso a una vivienda digna, sobre todo a aquellos colectivos, como la juventud, que más difícil lo tienen en este momento.

El Consejo de Administración de la EMV ha nombrado a su nuevo gerente: Jorge Arévalo Martín, arquitecto urbanista con la especialidad en urbanismo, planeamiento y medio ambiente por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En la administración pública, ha trabajado como gerente técnico de INECO y ha sido coordinador de la oficina para el desarrollo de la actuación residencial Nuevo Barrio Campamento en Madrid, el proyecto de vivienda pública más grande de España, para Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda (antes SEPES Entidad Estatal de Suelo). Además, es socio fundador de Paisaje Transversal, con más de 10 años de experiencia, reconocida con distintos premios a nivel nacional.

El nombramiento del nuevo gerente se produce semanas después de que un juzgado ordenara el embargo de las cuentas de la empresa para hacer frente a una deuda con la Comunidad. La Empresa Municipal de Vivienda de Rivas Vaciamadrid (EMV) se enfrenta a una situación financiera crítica, con una deuda que podría superar los seis millones de euros con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Esta deuda se origina por el incumplimiento en los pagos relacionados con un bloque de viviendas protegidas.

El Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid emitió un Decreto el 24 de noviembre, ordenando el embargo de bienes de la EMV. Este embargo se realiza bajo el Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 111/2023, que se aplica cuando el demandado no cumple con una decisión judicial previa. La deuda reconocida asciende a 3.304.867,93 euros, que incluye el capital, intereses y costas judiciales.

La deuda se deriva de la falta de pago por el uso de un edificio que alberga 136 viviendas protegidas, construidas originalmente por el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), hoy conocido como Agencia de Vivienda Social (AVS). Estas viviendas fueron promovidas para aumentar el parque de vivienda social en el municipio de Rivas Vaciamadrid.

El conflicto tiene sus raíces en el año 2003, cuando se estableció un derecho de superficie a favor de Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. sobre una parcela destinada a la construcción de 124 viviendas y 136 plazas de garaje. En 2005, la AVS permutó la titularidad de la parcela con la EMV, transfiriendo también el derecho de superficie a Ortiz. Desde entonces, la EMV asumió la responsabilidad del pago, mientras que la AVS actuó como garante del acuerdo.

La EMV ha incumplido sus obligaciones de pago, lo que ha llevado a la AVS a abonar las deudas en su nombre. Actualmente, además de la deuda ya reconocida, hay otra cantidad en reclamación judicial por un monto de 2.912.108,96 euros, que se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia nº 97 (Procedimiento Ordinario 2229/2024). Esto eleva la deuda total de la EMV a 6.216.976,89 euros, excluyendo los intereses que seguirán acumulándose hasta que se realice el pago completo.

A pesar de la situación adversa, la Comunidad de Madrid ha intentado evitar la vía judicial, priorizando la lealtad institucional y la cooperación entre Administraciones Públicas. Según fuentes del gobierno regional, se han enviado requerimientos de pago a la EMV, pero no han recibido respuesta. También se propuso un plan de pagos para facilitar la regularización de la deuda, con la intención de evitar el embargo de bienes municipales.

A pesar de los esfuerzos realizados, la Comunidad de Madrid ha expresado su deseo de evitar más embargos y procedimientos que podrían prolongar la resolución del conflicto. Se confía en que la EMV finalmente cumpla con sus obligaciones financieras y abone las cantidades adeudadas a la Agencia de Vivienda Social.