Los sindicatos lo consideran un ataque a la Educación Infantil

Si durante el fin de semana habían sido Alcalá y Pozuelo del Rey los que criticaron la decisión unilateral de la Comunidad de dejar de financiar la Educación Infantil, este lunes se sumaban a las críticas los gobiernos locales de San Fernando, Coslada y Algete; y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CPPM. Todos ellos consideran que la decisión de Educación es un ataque directo a la Educación.

El equipo de Gobierno de San Fernando de Henares ha mostrado su rechazo a los recortes efectuados por la Comunidad de Madrid en el convenio que mantiene con las administraciones locales para las Escuelas Infantiles y Casas de Niños, y que implicará que el Ayuntamiento asuma el 100 por 100 de los mismos a cuenta de las arcas municipales. “Esta es una decisión unilateral de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y de la Consejería de Educación que afecta, de manera directa, a los consistorios, y quiero recordar que estamos realizando un gran esfuerzo durante estas semanas para evitar que se destruya empleo y colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, con todos/as los/as trabajadores/as, tanto directos/as como indirectos/as, para que mantengan unas condiciones laborales dignas”, indicó el mandatario.

En la misma línea, el alcalde, Javier Corpa, remarcó que desde la citada consejería se pretende aplicar esta resolución con carácter retroactivo. “Es decir, aunque nos acaban de dar aviso, entraría en vigor en marzo”, apostilló el primer edil, quien manifestó, en este sentido, “no entender” esta actitud. “Estamos en contacto con otras localidades que mantienen idéntica posición y, también, con la Federación de Municipios de Madrid (FMM), oponiéndonos a esta medida discriminatoria, porque estamos haciendo muchos esfuerzos y, decisiones como esta, nos dejan en una situación muy complicada”.

El equipo de Gobierno de Coslada, a través del alcalde, Ángel Viveros, ha pedido al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que dé marcha atrás a la orden dictada por su departamento sobre las Escuelas infantiles.

Según la misma, durante el período que se prolongue el Estado de Alarma, la administración regional no abonará la parte que le corresponde (el 80 por ciento) a través del convenio de Educación Infantil que mantiene con los Ayuntamientos. Esa partida económica se destina, principalmente, al pago de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de las Escuelas Infantiles Municipales de Coslada.

El primer edil, Ángel Viveros, pide a la Comunidad de Madrid que “rectifique porque las consecuencias son muy negativas para Coslada puesto que implicará, de hacerse efectiva la decisión, por una parte la pérdida de empleos del personal que trabaja en estas Escuelas y, por otra, un recorte de alrededor de 70.000 euros”.

En palabras del regidor cosladeño, la medida de la Comunidad de Madrid supone “un evidente recorte en materia de Educación. En estos momentos de dramática crisis sanitaria, cuyas consecuencias económicas y en materia de laboral son impredecibles, el Gobierno regional con esta acción provocará una importante pérdida de puestos de trabajo en el sector a nivel autonómico”.

El equipo de Gobierno de Coslada insiste en la destacada labor que desempeña el conjunto de la comunidad educativa de los centros que, en el caso del municipio, se pone de manifiesto a través de proyectos pioneros, innovadores y con una clara implicación y repercusión en la vida de la propia ciudad.

Todo esto, gracias a la dedicación y esfuerzo del conjunto de docentes, estudiantes y madres y padres, y a pesar de los recortes en la materia, ha conllevado que escuelas, colegios e institutos de Coslada se hayan hecho acreedores de diferentes reconocimientos a nivel regional, nacional e internacional. El último, precisamente, conocido estos días, es el Premio Europeo Carlomagno en el que España estará representada por el IES Manuel de Falla.

“La decisión unilateral de no cumplir estos convenios en materia de Escuelas Infantiles es injusta y desproporcionada”, a juicio de Ángel Viveros; por ello, ha asegurado que “como alcalde, en nombre del equipo de Gobierno y de la ciudad de Coslada, solicito públicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que desautorice a su consejero de Educación”.

En la actualidad, el Ayuntamiento cosladeño, sin tener competencias propias en materia educativa, debe hacer frente a una serie de servicios relacionados con ésta al no existir financiación por parte de la administración competente, es decir, la Comunidad de Madrid.

Algete, por su parte, escribía una carta al Consejero de Educación: "Por medio de la presente, me dirijo a su persona deseando en primer lugar que tanto usted mismo como su familia estén bien de salud; algo que por encima de cualquier consideración nos preocupa a todos en el contexto actual dada la situación que estamos viviendo. Como podrá imaginar, no son pocas las dificultades que tenemos los ayuntamientos a la hora de seguir prestando un servicio que, por otro lado, para nosotros, es fundamental. Se trata de la Educación Infantil y el papel si cabe más importante que tiene en la actual coyuntura. No en vano y hablo por lo menos con respecto a lo que pasa en Algete, se sigue prestando un servicio adaptado a la actual situación. Algo que en muchos casos para determinadas familias se hace particularmente imprescindible", cuenta la carta escrita por el alcalde algeteño.

"Hemos conocido recientemente la decisión de dejar de asumir este gasto por parte de la Comunidad en tanto en cuanto dure el Estado de Alarma. Como alcalde de Algete no puedo por menos que manifestar mi desacuerdo, adhiriéndonos al posicionamiento de la Federación Madrileña de Municipios.  Entendemos que ante situaciones extraordinarios y servicios que se deberían considerar esenciales, tienen que adoptarse soluciones extraordinarias para no perder de vista el objetivo que todos debiéramos tener: seguir prestándolo en aras de la garantía de la igualdad de oportunidades; un principio irrenunciable, máxime en estos momentos donde las situaciones de vulnerabilidad aumentan en número o en grado. Indicarle que en Algete, independientemente de la decisión que finalmente acaben adoptando (le pido que al menos no la tomen unilateralmente), vamos a seguir cumpliendo con nuestro porcentaje ya que este servicio en nuestro municipio se presta. Termino diciendo que las Escuelas Infantiles no son guarderías y la Educación Infantil se debe seguir prestando y garantizando a través de los recursos que permitan la calidad de su ejercicio", concluye.

CCOO, UGT, CSIF y CPPM, como sindicatos más representativos en la Administración Local de Madrid, "denunciamos a la Comunidad de Madrid por su actuación respecto a las Escuelas Infantiles y Casas de Niños. En un momento de gran incertidumbre donde la administración local debe jugar un importante papel en la prestación de servicios básicos a la ciudadanía y garantizar derechos fundamentales como la educación de las generaciones más jóvenes, la nefasta actuación de la Comunidad de Madrid en este asunto dejará a los ayuntamientos sin los recursos necesarios para que éstos puedan prestar la atención educativa en la etapa de 0 a 3 años", tal y como explicaban en comunicado conjunto.

Desde que el pasado 11 de marzo se suspendieran, por causas de fuerza mayor, las actividades educativas presenciales, las y los profesionales de las escuelas infantiles y casitas de niños, han seguido desarrollando su labor, esta vez de forma telemática y telefónica, en permanente contacto con las familias. Las escuelas infantiles y casas de niños se cerraron, sí, pero sólo para la asistencia del alumnado. El resto de actividades escolares y educativas, formación, reuniones, informes para las familias, comunicaciones telefónicas diarias con ellas, asesoramiento y prestación de ayuda en el desarrollo de las actividades en casa, atención de consultas, etc, se siguen prestando. Es decir, se hallan teletrabajando como en el resto del sistema educativo, el de Educación Infantil, Primaria,Secundaria, ...

Suspender la prestación económica a los ayuntamientos es un escalón más en las políticas de abandono de lo público del Gobierno regional, que dejará a las entidades locales con dificultades para asumir el pago de nóminas y salarios de un personal que vela por la educación y el desarrollo de niños y niñas, mientras en un alarde de cinismo aboga por que se levanten parte de las medidas de confinamiento y estos pequeños puedan salir a pasear.

La Comunidad presupuesta la subvención en función del alumnado matriculado, NO de los niños y niñas que asisten cada día a los centros, por tanto es injusto y de dudosa moral, que decida no realizar el abono de la misma aduciendo la falta de asistencia. Ninguna familia ha dado de baja de matriculación a sus hijos e hijas.

Entendemos, que la Consejería, en una situación de excepcionalidad y fuerza mayor como esta no puede ni debe realizar sus liquidaciones económicas mensuales atendiendo al número de niños y niñas asistentes a los centros, sino considerando los realmente matriculados, por cuanto no hay ninguno de ellos que se haya dado de baja de su matrícula, no hay ninguno de ellos ni sus familias que hayan dejado de ser atendidas estos días por sus tutoras y educadoras

La retirada de las subvenciones que, por otro lado, ya están presupuestadas es una discriminación con respecto a las demás etapas del ciclo educativo, además de una irresponsabilidad hacia las trabajadoras y trabajadores de este sector. Precarizarán aún más, las ya de por sí difíciles condiciones laborales de cientos de profesionales de la educación madrileña. CCOO, UGT, CSIF y CPPM reclamamos que la Comunidad de Madrid siga aportando la subvención comprometida con los Ayuntamientos para la financiación de las escuelas y casas de niños y la convocatoria de una reunión con la Comunidad de Madrid para plantear soluciones a esta situación.

"El gobierno de la Comunidad de Madrid, rescinde unilateralmente, los convenios suscritos con los Ayuntamientos relativos al funcionamiento de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños, dejando de financiar su parte mientras dure el estado de alarma, volviendo así a atentar contra el primer ciclo de educación infantil y los derechos de las/los profesionales de la educación", resumía CCOO Henares.

Con esta decisión, una vez más la Comunidad de Madrid, pone en evidencia el menosprecio y abandono que hace a las y los menores de 0 a 3 años de edad, a sus familias y a la labor educativa que las/los profesionales realizan. Labor que no han dejado de ejercer en ningún momento, ya que están trabajando de manera telemática, al igual que el resto de las etapas educativas, pero que en esta crisis vuelven a sufrir una brutal agresión como ya sucedió en el 2011.

La vigente ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, así como diferentes normas de rango inferior reconocen que: “La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad”, por tanto las/los docentes de este ciclo no deben sufrir ningún tipo de agravio con respecto al resto de sus compañeras/os de otros ciclos o etapas.

La dejadez de funciones por parte del gobierno regional, ha provocado el despido o aplicación de ERTEs en las plantillas de gestión indirecta de Escuelas Infantiles y Casas de Niños; así como la carga de la totalidad de los gastos a los ayuntamientos por la prestación del servicio en la gestión directa; una carga que no puede recaer en la plantilla ni suponer una merma en sus derechos.

Desde CCOO Henares manifestamos nuestra repulsa a la suspensión de los convenios con los ayuntamientos por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, y exigimos la rectificación inmediata de la rescisión de los convenios en materia de Educación Infantil, y la no vulneración de los derechos de las y los profesionales de este ciclo educativo por parte de ninguna administración.