Ahora será la Asamblea la que la debata y apruebe

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid para que el texto pueda ser remitido a la Asamblea de Madrid e inicie el debate previo a su entrada en vigor. Con ella, el Ejecutivo regional garantizará un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta la demanda de las familias y el desarrollo integral de los alumnos y, específicamente, de los que presentan necesidades educativas especiales.

Esta nueva normativa, cuya entrada en vigor se prevé a lo largo de este próximo curso 2021/22, se aplicará en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de forma que más de 1,2 millones de estudiantes se beneficiarán de ella. En la actualidad, el 54,5% de los alumnos de la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6% lo hace en concertados y el 15,9% en privados.

Los objetivos de la Ley educativa madrileña son, además, garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos.

Del mismo modo, regulará la normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales. El número alumnos escolarizados en la modalidad de Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos es de 5.839, de los que 2.974 pertenecen a centros públicos y 2.865 a concertados.

Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno. De esta manera, se garantiza en la región la continuidad de los centros de Educación Especial en la Comunidad de Madrid, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal.

La Administración educativa dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, se promoverá la implicación de las familias del alumnado, recogiendo estas actuaciones en los documentos de organización para hacer efectiva la comunicación y participación de la familia en la vida de los centros educativos.

La nueva Ley Maestra apostará por el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema educativo, frente a la premisa de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción con suspensos. Entre otras medidas, se promoverán la realización de pruebas externas que fomenten la calidad. Además, garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España e impulsará actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas con esta finalidad.

Esta normativa asegurará también la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única, una de las señas de identidad del sistema educativo madrileño. Y es que el 95,8% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años para el próximo curso escolar 2021/22. Esta cifra supone una mejoría de casi dos puntos con respecto a los datos registrados el pasado curso y son, además, el mejor porcentaje registrado en toda la serie histórica.

Otro de los puntos fundamentales de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid será la defensa de la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social. Este concepto ha quedado excluido en la nueva Ley educativa nacional, que pone en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación.

Con la aprobación de esta norma, la Comunidad de Madrid se dota de la seguridad y la estabilidad necesaria para poder continuar con un modelo de enseñanza basada en la libertad, la calidad y la equidad del sistema educativo. Así, el Ejecutivo madrileño, dentro de sus competencias, pretende garantizar los pilares de la educación regional que se ven amenazados con la entrada en vigor de la LOMLOE.

La Comunidad de Madrid ha acordado en el Consejo de Gobierno la puesta en marcha de una Comisión Interdepartamental con el objetivo de elaborar una Estrategia de apoyo a la natalidad, protección de la maternidad y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Se trata de uno de los retos de la legislatura, como adelantó en junio la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate de investidura, al anunciar el mayor plan de natalidad de la Historia de la Comunidad de Madrid, con una ayuda de 14.500 euros por hijo para madres menores de 30 años.

La nueva Comisión quedará adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y en ella participarán todas las consejerías desde su ámbito competencial. El grupo de trabajo de la Comisión Interdepartamental se reunirá para aportar ideas, medidas y soluciones para diseñar de forma conjunta un plan de apoyo a las familias y a la sociedad madrileña. Estará presidido por el viceconsejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martin, y la vicepresidencia recae en el viceconsejero de Familia, Juventud y Política Sociales, Luís Martínez-Sicluna. Asimismo, formarán parte de la Comisión en calidad de vocales el resto de los viceconsejeros del Gobierno autonómico.

Este foro podrá contar también con la participación de expertos y se reunirá por iniciativa del presidente o a propuesta de al menos un tercio de sus vocales. Una vez elaborada, la Estrategia se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación. La creación de esta Comisión no conlleva un incremento de gasto para la Comunidad, ni supone una retribución, ni indemnización alguna para sus componentes.

Como ya desgranó la presidenta Díaz Ayuso, el nuevo plan incluye una nueva ayuda económica para fomentar la natalidad, que permitirá a las mujeres embarazadas menores de 30 años recibir un total de 14.500 euros. Se configurará como un abono mensual de 500 euros que recibirán desde el quinto mes de embarazo y hasta que su hijo cumpla los dos años de edad. Con esta medida, la Comunidad de Madrid quiere seguir apostando por proteger y garantizar los derechos de todas las familias madrileñas, independientemente de su número de miembros o situación personal, y evitar que la falta de posibilidades económicas obstaculice la formación de un proyecto familiar en la región.

Podrán beneficiarse de esta ayuda todas las mujeres menores de 30 años de la región que, en el momento de su embarazo, lleven al menos 10 años empadronadas en la Comunidad de Madrid y cuyos ingresos no superen los 30.000 euros anuales. La percepción de este ingreso de 500 euros durante 29 meses (14.500 euros en total) será compatible con el desempeño de una actividad laboral remunerada por parte de las beneficiarias. El Gobierno estima que anualmente podrán optar a esta ayuda entre 12.000 y 14.000 mujeres y que supondrá una inversión cercana a los 250 millones de euros en cada ejercicio.

El plan de apoyo a la maternidad también incluye otras medidas destinadas a fomentar la natalidad. Así, las mujeres embarazadas de hasta 35 años tendrán prioridad en la presentación de solicitudes de alquiler de vivienda dentro del Plan Vive, y todas las madres de la región que estén en desempleo, independientemente de su edad, podrán participar en bolsas de trabajo específicas adaptadas a sus necesidades y en planes de formación con soporte educativo en caso de que quieran completar sus estudios.