CCOO cree que se trata de una medida “censora”

La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid denuncia una campaña de censura de los libros de texto por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. “La presidenta de la Comunidad de Madrid externaliza la supervisión de los libros de texto y del sistema educativo, desafiando al artículo 27.8 de la Constitución y todas las leyes orgánicas de la democracia”, denuncia la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín. Para el sindicato eso es una postura declaradamente antisistema, anticonstitucional.

Finalizada la edición de libros para la implantación de la LOMLOE, ley estatal de educación, Ayuso anuncia su revisión para “evitar” ciertos contenidos que ella considera “ideológicos” o de “ingeniería social”, y que, sorprendentemente, está basados en los currículos que la propia Comunidad de Madrid ha aprobado durante el año 2022.

Según ANELE (Asociación Nacional de Editores de Libros y material de enseñanza) sus empresas asociadas disponen actualmente de un catálogo de libros y contenidos digitales que alcanzan los 28.252 títulos que alcanzan, para este curso, los 757,54 millones de euros en formato papel y 28,2 en digital, señalando que “las editoriales de contenidos educativos llevan más de una década realizando un gran esfuerzo inversor en esta tarea”.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha amenazado con una censura de todo este material, proclamando, unilateralmente, la derogación de la Disposición Adicional cuarta de la Ley Orgánica de Educación y, de paso, de todas las leyes de educación de la democracia, incluidas las dictadas bajo gobiernos del Partido Popular, que encomiendan al proceso ordinario de la Inspección Educativa “la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares”.

“Los criterios que, según la Ley Orgánica de Educación, deben seguirse para esta supervisión, debe ser: su adaptación al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración educativa”, recuerda Galvin. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la propia Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.

“Desoyendo este mandato legal, Ayuso advierte que la revisión la realizará a través de convenios con la Real Academia Española, de Historia, Bellas Artes y Ciencias”, dice Galvín y añade que “esto son, entidades ajenas a la educación y que, desde luego, no son los Servicios de Inspección Educativa a los que la Ley otorga esa competencia y función específica y excluyentemente y que están compuestos por funcionarios y funcionarias de la más alta cualificación y experiencia en el campo de la Educación.” La dirigente de Enseñanza de CCOO de Madrid recuerda que la Inspección de Educación no ha dejado de ser atacada por el gobierno de Ayuso, que no ceja en atacar su libertad de actuación.