El voto de la oposición tumba la no disponibilidad de crédito que exige Rajoy

El último Pleno Ordinario del año en Alcalá llegaba en medio del terremoto desatado por UPyD  esa misma mañana, y como culmen de todos los asuntos que han salpicado la actualidad política en los últimos días, como la situación de la EMV, el sueldo de Javier Bello o la pelea en Twitter. Sin embargo, y en lugar de lanzarse acusaciones a la cara, como suele ser habitual, la sesión demostró que las cosas eran muy diferentes: en lugar de acusarse pero luego votar a una, en esta ocasión UPyD  y PP no remaron en la misma dirección en la, probablemente, propuesta más importante del Pleno: la aprobación de no disponibilidad de la paga extra de funcionarios.

UPyD , cumpliendo lo que ya había anunciado esa misma mañana, optó por votar en contra de las propuestas que garantizasen la estabilidad del Gobierno, y sumó sus dos votos a los de la oposición, que tumbó con facilidad la intención del Ejecutivo Complutense de cumplir con la Ley aprobada por Rajoy en el mes de julio. La no disponibilidad de créditos, a la que están obligadas todas las Administraciones Locales, supone en la práctica que el dinero destinado a la paga extra no pueda ser usado en ninguna partida, y sirva, íntegramente, como remanente de tesorería.

Ahora Alcalá ha optado por la insumisión legal y, de no subsanarse la situación vía Pleno Extraordinario, la localidad tendría que dar cuenta al Ministerio de Hacienda sobre lo ocurrido ayer, abriéndose incluso la posibilidad de una intervención del propio Consistorio si la situación no se desbloquea.

Sin embargo, y in ser conscientes de lo que acababa de suceder, el Pleno continuaba con asuntos de calado local. Por ejemplo, la petición de UPyD  de cese del vicepresidente de la EMV no conseguía salir adelante por la abstención de PSOE, IU y España 2000. Los tres partidos dejaban solos a los magenta que advertían: “cuando llegue la Cámara de Cuentas no podrán mirar para otro lado”.

Al margen de asuntos de tanto calado, el Pleno aprobó el nombramiento de vocales, un nuevo expediente extrajudicial de crédito, y el seguimiento del Plan de Ajuste. Además, los concejales aprobaron conceder la medalla de plata a la Sociedad Lírica Complutense, y leyeron una moción de apoyo a los trabajadores de Química Sintética y Roca, apoyo que consiguió la unanimidad de los grupos, en el caso de Roca, y de todos menos UPyD, en el caso de Química Sintética.

Los partidos, a continuación, hablaron de las BESCAM, y aprobaron las dos mociones obre el asunto, la presentada por el PP, y la conjunta de PSOE e IU. UPyD  optó por la abstención en los dos casos. Pedro Casillas, del PSOE, defendió el trabajo y la importancia de las BESCAM señalando que la decisión de la Comunidad de Madrid “perjudica a nuestra ciudad”  y afirmando que “defendemos a los trabajadores de las BESCAM porque son necesarios y creemos que la continuidad y el mantenimiento de los puestos es importante”.

Las mociones de España 2000 se fueron por donde vinieron. El veto al Grupo Mixto continúa, y todos los partidos votaron en contra de ampliar el control sobre establecimientos que venden bebidas alcohólicas, cumplir el acuerdo plenario para remunicipalizar el agua, y crear un registro de inmigrantes ilegales que se entregue a la Policía.

UPyD, por su parte, conseguía el acuerdo en las mociones que no versaban sobre la EMV. Así, los magenta consiguieron que el Gobierno se comprometiese a presentar un proyecto de Presupuestos antes de que termine el año, que se pongan en marcha las propuestas del programa europeo para reducir la pobreza, y que se mejore el servicio de ALCALA BICI.

PSOE e IU llevaron dos mociones conjuntas, además de la de las BESCAM, una sobre el Zulema y otra sobre los TEAR de Complutum. Ambas alían adelante por unanimidad, aunque con algunas particularidades: la moción sobre la fusión de colegios era enmendada por el Partido Popular, y salía adelante la petición de una moratoria de un año y la creación de una comisión.

Sobre el Zulema, el Portavoz socialista mostraba su reconocimiento al “esfuerzo y el trabajo” de la Plataforma en Defensa del Zulema y denunció que “detrás del cierre del Zulema hay un plan claro para desmantelar más colegios públicos de Alcalá. El Zulema es solo el inicio” argumentó. Rodríguez Palacios señaló también que “lo que hay tras intentar el cierre del Zulema es una estrategia de ataque a la educación pública. Hay que tener mucha cara –afirmó- para decir que se hace porque no hay dinero para la educación cuando, al mismo tiempo, sí que lo hay para subvenciones y ayudas para los colegios privados de élite”. Los socialistas anunciaron su voto a favor de la enmienda presentada por el equipo de Gobierno y consensuada con los padres y madres de alumnos del centro, y anunciaron que pese a ello “vamos a estar vigilantes en el cumplimiento de lo aprobado”. Pese a ello, Rodríguez Palacios lamentó la actitud del primer edil “recibiendo a las familias un día antes del Pleno” y criticó al PP en la Asamblea de Madrid que, con el voto de Bartolomé González,“ha rechazado la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en defensa de los colegios públicos. Este equipo de Gobierno –concluyó- no deja de mirar atrás continuamente y creemos que es el momento de mirar de frente y al futuro”.

El Pleno terminaba con otras dos mociones que también salían adelante: una de IU solicitando que la paga Extra de Junio se cobre en enero para estimular el comercio navideño, y otra del PSOE sobre los ambulatorios de la localidad. El Grupo Socialista consiguió, con el voto en contra del equipo de Gobierno del PP, que saliera adelante la moción en la que exigían al Gobierno Regional la retirada de estas medidas y  que se garantice, además, que los diez Centros de Atención Primaria de nuestra ciudad se mantengan y se garantice su gestión exclusivamente pública. La concejala, Mónica González, mostró su satisfacción tras ser aprobada la moción y denunció que los planes anunciados por el Gobierno del PP  “implican la privatización del 10% de los Centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, lo que supone un ataque directo a la nuestra sanidad pública y el desmantelamiento del sistema actual”.