Según el juez, el contrato se resolvió de forma unilateral en 2011

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha recibido la Sentencia 284/2016 por la que el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Alcalá de Henares condena al Consistorio a pagar 1.101.309,26 euros al propietario de un local situado en la calle Santa Úrsula número 2 que, desde 2009 hasta 2011, se utilizó como sede de la concejalía de Mayores y otros servicios.

Este fallo judicial, que el Ayuntamiento va a recurrir, se debe a la mala gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular en la resolución de este contrato. El anterior ejecutivo local anunció una campaña de ahorro municipal y, en 2011, abandonó unilateralmente el espacio. Este supuesto ahorro, no obstante, derivó en la mala resolución de un contrato que supone una condena millonaria para las arcas municipales.

Para el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, “esta sentencia es una más de las que están dificultando el saneamiento económico del Ayuntamiento de Alcalá, un contrato del pasado mal hecho y mal resuelto, que nos obliga a pagar más de un millón de euros de todos los vecinos y vecinas.”

Según el primer edil, “el Ayuntamiento recurrirá la sentencia para intentar evitar el perjuicio a las arcas públicas y estudiará si de este caso se derivan responsabilidades por la mala gestión de etapas anteriores”.

Este caso se suma al pago de unos 300.000 euros en concepto de alquileres atrasados y costas de otro juicio por la mala resolución de otro contrato de alquiler, también bajo el gobierno del anterior equipo.

Tras conocer la noticia, el PSOE de la localidad la valoraba, y lo hacía para criticar la gestión de Bartolo al frente del Ayuntamiento: "Los vecinos y vecinas de Alcalá tendrán que pagar más de 1,1 millones de euros por la desidia y la mala gestión del PP en sus años de gobierno. El PSOE de Alcalá quiere manifestar su indignación ante este caso, que se suma a una incontable lista de despropósitos y errores del Partido Popular de Alcalá. Con este millón de euros se podría haber comprado todo el inmueble, pero en lugar de ello en 2009 el gobierno municipal del Partido Popular con Bartolomé González como alcalde, firmó un contrato de alquiler muy favorable a los propietarios, sin cláusulas de resolución anticipada, para instalar la concejalía de Mayores y otros servicios municipales. Posteriormente en 2011, con Marta Viñuelas como concejala de Hacienda, se resolvió el contrato de manera unilateral. La consecuencia de esto ha sido una condena por la que el Ayuntamiento deberá pagar un millón de euros por un local vacío y sin uso desde hace 5 años", explican.

Para el Secretario de Comunicación del PSOE de Alcalá de Henares, Alberto Blázquez, "lo que se anunció como un ahorro ha sido un nuevo fiasco para los vecinos y vecinas de Alcalá y los responsables de esta mala gestión siguen vinculados al Partido Popular: Bartolomé González es diputado regional y Marta Viñuelas es asesora del actual Portavoz del PP, Víctor Chacón”

Según Blázquez, “sería muy positivo que Victor Chacón y los que se llaman "nuevo PP de Alcalá" tuvieran un mínimo de coherencia y exigieran explicaciones en su propio Partido y en su propio grupo de asesores de por qué se puede perder este millón de euros de los vecinos de Alcalá” Este, según Blázquez, “es un nuevo caso del despropósito, del despilfarro y del daño que ha hecho el PP a esta ciudad”.

También Somos Alcalá emitía un comunicado sobre el asunto: "Ayer se recibía en el Ayuntamiento la comunicación de una sentencia emitida por el Juzgado de 1ª instancia de Alcalá de Henares en la que se condena al Consistorio a pagar 1.101.309,26 euros al propietario de un local que durante dos años se utilizó como sede de la concejalía de Mayores y otros servicios, y cuyo contrato fue resuelto de manera unilateral por los responsables del PP. Esta es la segunda ocasión en la que un tema relacionado con la gestión del dinero público utilizado para la contratación de alquileres con particulares acaba en graves consecuencias para la ciudad. El anterior caso, que como se recordará tenía su origen en impagos por el uso de un edificio propiedad de la que fuese interventora en el Ayuntamiento, ya costó a la ciudad 300.000 euros (más de 50 millones de pesetas) al tener que asumir el abono de alquileres atrasados y de las costas judiciales derivadas del proceso".

"En este nuevo escándalo el coste para las arcas públicas es mucho mayor y se sitúa en 1.101.309,26 euros (más de 183 millones de pesetas) cuyo pago es consecuencia directa de la nefasta gestión del Partido Popular en las épocas en las que ha asumido el gobierno de la ciudad. Paradójicamente el origen de este gravísimo perjuicio ocasionado al erario público se encuentra en lo que el anterior ejecutivo popular definió con “campaña de ahorro municipal” que entre sus “brillantes” medidas comprendía el abandono unilateral del espacio arrendado. Una decisión errónea que traslada sus consecuencias al momento presente con una condena millonaria para Alcalá de Henares. El actual equipo de gobierno ya ha manifestado su intención de recurrir esta sentencia, que obliga a la ciudadanía a asumir mediante los recursos públicos el pago de este despropósito", explican.

Según ha manifestado Suso Abad, portavoz del Grupo Municipal de Somos Alcalá en el Ayuntamiento “De nuevo la ciudadanía tendrá que hacer frente a las consecuencias de la negligente e irresponsable gestión de los recursos públicos que ha sido el denominador común durante los años de gobierno del PP. Mientras las políticas sociales eran objeto de duros recortes en nuestra ciudad, los responsables del gobierno se dedicaban a incumplir sus obligaciones pensando, tal vez, que ellos no tendrían que responder por las consecuencias”.