Afirma que se han producido agresiones sexuales desde la llegada de los inmigrantes

El pasado domingo Judith Piquet afirmaba que se habían producido "hechos muy graves que estaban bajo investigación" relacionados con los inmigrantes del cuartel Primo de Rivera. Y ayer era la Presidenta de la Comunidad de Madrid la que ponía nombres y apellidos a lo ocurrido. Así, denunciaba Ayuso, en el centro se ha producido un brote de sarna con al menos ocho afectados, del que se ha hecho cargo la Comunidad.

Además, afirmaba Ayuso, se han producido agresiones sexuales a dos mujeres del municipio: "Ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional. Se producen peleas dentro y fuera del centro. L situación es insostenible", afirmaba la presidenta madrileña.

Estas declaraciones se producían tras terminar el Consejo de Gobierno que, de forma extraordinaria se celebraba en la ciudad complutense con motivo de lo ocurrido el pasado viernes en el Parque de La Tirolina, y eran el preludio para la Junta Local de Seguridad extraordinaria que se iba a celebrar esa misma tarde.

Y precisamente en esa Junta Local de Seguridad salían datos concretos de lo ocurrido en las últimas semanas. Así, según Piquet, hay dos agresiones sexuales denunciadas que se produjeron el pasado mes de diciembre, y que, afirma, podrían estar vinculadas con la llegada de inmigrantes. Además, alrededor de 300 de los 1.200 inmigrantes que ocupan el cuartel se declaran menores; y existen varios con procedimientos sancionadores de expulsión del país, entre ellos, uno de los implicados en la reyerta del viernes.

Según Piquet, también se han levantado actas por consumo de alcohol y drogas dentro del Alcalá Magna y en la vía pública, por lo que, anunciaba, habrá un refuerzo policial de Policía Local en la zona alrededor del cuartel, en el Ensanche y en la zona del Alcalá Magna, un refuerzo que no vendrá acompañado de uno similar de Policía Nacional, algo que exigía la alcaldesa a Delegación de Gobierno.

Pero aún hay más. Piquet anunciaba un compromiso alcanzado con el Gobierno para que, cuando alguno de los residentes sea detenido se incoe un expediente de expulsión del país, algo que, afirma, no se está produciendo. En concreto la alcaldesa de Alcalá afirma que hay 11 expedientes sancionadores de expulsión, de los que tres se encuentran en prisión provisional tras la rayita del viernes; y cinco en libertad.

Alcalá de Henares ha celebrado una Junta Local de Seguridad Extraordinaria tras los sucesos acaecidos el pasado viernes en la ciudad. Posteriormente, la alcaldesa Judith Piquet ha comparecido ante los medios para explicar los detalles de la misma: “Habrá un refuerzo de Policía Nacional, no de efectivos, pero sí en la zona, alrededor del centro, cerca de El Ensanche, Alcalá Magna y alrededores. Habrá patrullas a pie del Cuerpo Nacional de Policía y también desde Policía Local. He vuelto a exigir más efectivos". "Hemos adquirido un compromiso de un mayor diálogo, una mayor coordinación y una mayor planificación en materia de seguridad ciudadana. Hemos podido arrancar ese compromiso que exigíamos al Gobierno central".

La alcaldesa @Judith Piquet también ha anunciado el compromiso por parte de Delegación de Gobierno de que se incoe un expediente de expulsión del país cuando se produzcan detenidos, que hasta ahora no ha sido así. "Nos han informado de que hay 11 expedientes sancionadores de expulsión, tres ingresos en el CIE, tres detenidos por la reyerta del pasado viernes que están en prisión provisional y hay cinco con tramitación que resulta que están en libertad. No se sabe dónde y hasta que no sean localizados y puedan proceder a su detención no pueden tramitarse esos expedientes de expulsión".

La alcaldesa también ha informado de que hay unas 300 personas que dicen ser menores, cuando dijeron que no habría ninguno; que se han levantado actas por consumo de alcohol y drogas tanto dentro como fuera del centro, y que existen dos denuncias por agresiones sexuales de dos mujeres el pasado 11 de diciembre. También ha quedado acreditado un brote de sarna que ha sido atendido en un centro de salud de Alcalá de Henares.

Piquet ha asegurado que “no entendemos que sean hechos puntuales, ni que estemos generando una alarma. Hay problemas e incidentes de seguridad ciudadana y, en tanto en cuanto preocupa a mis vecinos, preocupa al Gobierno de esta ciudad. Hay que buscar las herramientas para garantizar la seguridad ciudadana, que es lo único que queremos”.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez no ve ningún problema en Alcalá. Así el Delegado del Gobierno negaba que estuviese acreditado que las agresiones sexuales de diciembre tuvieran que ver con inmigrantes, y criticaba que Ayuso "va en contra de la convivencia". El Delegado también desvelaba que ya hay 2.200 inmigrantes llegados a Canarias en Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado de nuevo al Gobierno central la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes. Así lo ha hecho en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria en Alcalá de Henares.

Precisamente, el Ejecutivo autonómico ha tratado en su reunión de hoy la carta que envió este pasado viernes el consejero de Presidenica, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel Martín, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, después de que Díaz Ayuso pidiera este foro por primera vez el pasado 15 de noviembre. La Conferencia no se reúne desde marzo de 2022, cuando se celebró en La Palma.

En la misiva se insiste en la necesidad de reunir este encuentro “ante la preocupación e inquietud de la sociedad española conforme se están haciendo públicos los pactos concertados con diversas formaciones políticas para obtener su apoyo parlamentario”.

Según el Ejecutivo autonómico, los acuerdos del Gobierno central con diversos partidos y formaciones políticas con representación en el Congreso incorporan medidas que supondrían “no sólo un quebrantamiento del derecho de igualdad y no discriminación de los españoles dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan, sino que socavarían los más elementales principios de toda sociedad democrática, como el de legalidad y seguridad jurídica”.

Estas circunstancias son para la Comunidad de Madrid “de tal gravedad que hacen imprescindible que, de manera urgente y extraordinaria” sea convocada la Conferencia de Presidentes para analizar en su seno “el alcance y los efectos que dichos compromisos políticos derivarán para la sociedad española, nuestro Estado de Derecho, así como para el conjunto de las comunidades autónomas”.

El Ejecutivo madrileño, considera, además que está incumpliendo el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, publicado por Orden de 29 de marzo de 2022, que en el artículo 4.1 establece que debe reunirse al menos dos veces al año.

La Conferencia de Presidentes se configura como órgano multilateral de máximo nivel político de cooperación entre la Administración General del Estado y autonomías. Está formada por el presidente del Gobierno central y por los presidentes de las 17 Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al Gobierno central un plan detallado “capaz de suministrar servicios públicos y atención” a los inmigrantes que están llegando a España de forma ilegal. “Es imprescindible contar con información, lo más precisa posible, de la tremenda oleada de personas que utiliza Canarias como puerta de entrada en Europa”, ha señalado su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno celebrado, con carácter extraordinario, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Precisamente, la reunión se ha celebrado en este municipio donde el pasado fin de semana se produjeron graves altercados entre un grupo de extranjeros procedentes del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación. La presidenta, en este punto, ha destacado que no se está recibiendo datos por parte del Gobierno de la nación, “que tampoco ha hecho absolutamente nada para coordinarse con las comunidades autónomas y ayuntamientos”.

“No podemos desatender a las personas que se juegan la vida para llegar a nuestro país ni podemos ser cómplices del negocio despiadado e inhumano de las mafias que trafican con ellas”, ha alertado, para añadir que “Madrid trata a las personas con humanidad y con seriedad, vengan de donde vengan”. “Somos una comunidad integradora, acogedora”, ha apostillado.

En este punto, ha indicado que para que la integración sea efectiva, cada persona que se encuentra en Madrid tiene que recibir unos servicios públicos de calidad, sanidad, educación, prestaciones sociales. “Y es imposible hacerlo si no conocemos el origen de estas personas, cuántas son, qué circunstancias personales arrastran…”, ha explicado la presidenta madrileña.

En concreto, ha apuntado que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares “no dispone de ninguna información” y, además, viene reclamando “sin éxito un incremento de la seguridad para abordar situaciones” como los incidentes del pasado fin de semana. “Ni el Ministerio del Interior ni la Delegación del Gobierno están actuando con seriedad y lo que están haciendo es abandonar estos inmigrantes y a las administraciones que tenemos que atenderlos”, ha subrayado.

Frente a esto, la presidenta ha detallado la red asistencial de la Comunidad de Madrid en esta materia, que prestó un total de 73.297 atenciones a inmigrantes durante el año pasado en los ocho Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) con los que cuenta la Administración regional. De ellas, 45.826 se hicieron través de 4.111 actividades grupales en distintos programas, cursos, talleres para fomentar la participación y la inclusión de este colectivo en la región; y 27.471, mediante atenciones individuales, entre ellas 7.053 laborales, 6.268 jurídicas y 5.455 psicosociales.

Cuatro de estos recursos especializados se encuentran en Madrid capital -son los de Tetuán, Prosperidad-Chamartín, Usera-Villaverde y Centro-Arganzuela- y en los municipios de Leganés, Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares y Collado Villalba.

Estas sesiones se centran en temas como la búsqueda de empleo, formación laboral, español, otros idiomas, informática, integración y nacionalidad. Este mismo mes de enero se reactivará, además, el programa Conoce tus Leyes, un proyecto que fue pionero en Europa en su puesta en marcha en 2009 y que tuvo que suspenderse durante la pandemia.

En la línea de fomentar la inclusión, como ha recordado la presidenta Díaz Ayuso, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales mantiene varios convenios entre los que destacan el firmado con Cruz Roja Española, para la realización de labores de integración; y otro con la Asociación Movimiento Contra la Intolerancia, para actividades de sensibilización y lucha contra el racismo e intolerancia, así como prevención de delitos de odio.

Asimismo, se mantiene el proyecto Primera Experiencia Profesional con la Federación de Plataformas Sociales Pinardi, que se dirige a jóvenes de entre 18 y 29 años, en riesgo de exclusión y que abandonaron prematuramente sus estudios, con el objetivo de ayudarles a encontrar un empleo o a volver a los estudios. 102 jóvenes participantes en este programa piloto, que arrancó en octubre de 2022 en colaboración con 15 grandes empresas con implantación en la región, son de origen extranjero.

Durante su intervención, Díaz Ayuso ha puesto como ejemplo el papel de la Comunidad de Madrid en la crisis de refugiados ucranianos –que cumplirá en breve dos años- y su capacidad para ayudar. El Gobierno madrileño atendió durante el año pasado a casi 20.000 ucranianos que llegaron a la región, a los que se prestó 85.000 servicios: 6.500 alumnos escolarizados, cerca de 16.500 títulos de transporte expeditados, 18.000 tarjetas sanitarias entregadas y se facilitó alojamiento temporal a 924 personas.

Actualmente, las residencias públicas de mayores de Colmenar Viejo y la Gran Residencia (Carabanchel, Madrid) disponen de dos módulos en los que viven 110 refugiados ucranianos con gran dependencia. Llegaron a partir de abril de 2023 procedentes de un centro en Ucrania, con problemas de salud mental y discapacidad intelectual.

En cada uno de estos dos recursos viven 55 refugiados, además de los mayores que residen en estas residencias, y todos tienen acceso a las actividades que se desarrollan dentro de la red de discapacidad. Además, se les ha ayudado en todos los trámites administrativos necesarios y algunos de ellos han logrado un empleo.

Para las mujeres inmigrantes, la Comunidad de Madrid también ofrece servicios específicos, para asegurar su mayor bienestar. Sobre todo, en aquellos casos en los que sufren violencia o están en una situación de mayor vulnerabilidad o exclusión social.

Además, de la red de recursos residenciales, el Centro de Día Ayaan Hirsi Ali está especializado en mujeres de origen magrebí víctimas de violencia o en riesgo de exclusión. Se les ayuda en áreas como la educativa, la psicológica, la jurídica o la social. Destaca, además, la figura de la mediadora cultural, que las atiende directamente y también asesora a todos los profesionales que trabajan con ellas.

Y el Centro Día para Mujeres Pachamama tiene como objetivo la atención a mujeres españolas e inmigrantes, especialmente iberoamericanas, que se encuentran en situación de conflicto por situaciones de violencia. De igual forma, se les ofrece información y orientación psicosocial y jurídica, y se promueve su autonomía personal.

Por otro lado, para garantizar la atención especializada a menores inmigrantes no acompañados, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales cuenta con el Servicio de Infancia y Migraciones, un departamento que realiza la instrucción de los expedientes de protección y el seguimiento de esos menores cuando ingresan en un centro del sistema de protección.

Además, se coordina con otras administraciones públicas, como otras comunidades autónomas, Fiscalía de Menores, Extranjería o Delegación de Gobierno. Con los últimos datos a 31 de diciembre de 2023, en la región hay un total de 3.877 niños, o adolescentes con medida de protección (guarda o tutela).

En cuanto a los apoyos a familias en riesgo social, dos recursos residenciales ofrecen acogida temporal a mujeres gestantes o a madres con hijos a cargo que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social. Estos son la Residencia Norte y Villa Paz, en las que un elevado porcentaje de las madres que atienden son de origen extranjero (un 33% en la primera y un 70% en la segunda).