Según un informe del Grupo Mutua de Propietarios

Aunque un 61% de los madrileños considera que el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda que entra en vigor puede ser útil, un 39% considera que las principales consecuencias de esta medida serán el aumento del mercado de alquiler ilegal (“mercado negro”) y la reducción del mercado de la vivienda de alquiler (30%).

Esta es una de las principales conclusiones del informe realizado por el Grupo Mutua de Propietarios entre 2.000 españoles para conocer su percepción ante este índice que permitirá a las Comunidades Autónomas limitar el precio del alquiler en las denominadas zonas tensionadas. El análisis destaca que, por el contrario, los elementos más positivos relacionados con esta medida -que bajen los precios (28%) o que sea más fácil y accesible alquilar una vivienda (17%)- están a la cola de las consecuencias percibidas.

“El estudio nos indica que las personas más jóvenes y las que están en régimen de alquiler son las más optimistas respecto a la utilidad de esta medida, mientras que quienes tienen una vivienda destinada al alquiler son los que menor utilidad perciben”, explica Laura López Demarbre, subdirectora General Estrategia, Clientes y Canales Alternativos del Grupo Mutua Propietarios.

El informe de Grupo Mutua Propietarios ha profundizado en las posibles reacciones de los propietarios ante la aplicación del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda. En este punto, los madrileños apuntan a que aumentará el mercado del alquiler ilegal (50%), a una reducción de la oferta de viviendas bien porque se conviertan en pisos turísticos (37%) o bien porque se pongan a la venta los inmuebles (25%) y a que disminuya la inversión en el mantenimiento de las viviendas (24%).

El índice de referencia que regulará los precios del alquiler en España es percibido de forma diferente en función de la posición en el mercado. En concreto, los propietarios de viviendas en alquiler destacan la posibilidad de poner a la venta los inmuebles que están en alquiler (34%) o a no invertir en mantenimiento (32%). Por su parte, el principal temor de las personas que viven en régimen de alquiler es que las viviendas se conviertan en apartamentos turísticos (41%) y que crezca el mercado ilegal del alquiler (39%).

“Al ser un derecho y un activo financiero a la vez, la legislación relacionada con la vivienda es complicada de entender y genera mucha controversia, siendo necesario un diálogo entre las partes que facilite la gestión de los inmuebles”, señala Laura López Demarbre.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el viernes el índice de precios de referencia para limitar las rentas del alquiler en zonas declaradas como áreas tensionadas y la declaración de zona tensionada para 140 municipios de Catalunya, la única comunidad que ha solicitado hasta la fecha limitar el precio del alquiler en su territorio, una medida que entró en vigor este sábado.

Este sistema de referencia, homogéneo para toda España, fija una serie de rangos de precios que, para una misma vivienda, establece una renta máxima y mínima a partir de una serie de características del inmueble.

Tal y como han analizado desde Gibobs.com, plataforma que consigue las mejores condiciones de financiación para el sector del real estate conectando a todos sus actores en un único lugar, ésta es una medida que tendrá una consecuencia directa sobre el mercado de compraventa de viviendas en España. De esta manera, con el límite de los precios, se estima que muchas personas no quieran alquilar su vivienda a terceros y las pongan en venta, provocando que el precio de la vivienda en las zonas tensionadas pueda bajar al haber mayor oferta de inmuebles, aunque “sí que es cierto la cantidad de inmuebles necesarios para la compra es muy inferior a lo que el mercado está demandando, así que seguramente en la mayoría de las zonas la repercusión no será proporcional”.

¿Qué consecuencias va a tener?

Bajará la demanda de pisos de alquiler y aumentará la de compra de vivienda, provocando que las personas con capacidad adquisitiva comiencen a buscar casa para comprar. Sin embargo, hay personas que viven de alquiler porque no tienen los ahorros suficientes para poder comprar una vivienda y seguramente la que puedan alquilar sea mejor que la que pueden comprar. Si finalmente optan por la compra, la vivienda tendrá que ser de un nivel inferior a la que desearían. Un incremento de la hipoteca a aquellas personas que hayan comprado para alquilar y firmaron un tipo de interés variable. Al no poder subir el alquiler para apaciguar esa subida, perderán bastante rentabilidad e incluso se verán forzados a tener que vender la vivienda. Aunque es un mercado muy pequeño y no va a afectar directamente al precio de la vivienda, aquellos inversores que compran vivienda para después explotarla en alquiler dejarán de hacerlo. Igualmente, las personas que compran una vivienda como inversión probablemente se reducirán ya que su rentabilidad está más limitada. De esta manera, ese dinero seguramente se vaya a otro tipo de inversiones.

La medida, concretamente, se aplica en un contexto donde aproximadamente el 15% de las casas tiene una renta demasiado baja, es decir, que se podrían subir, y el 85% que la tienen demasiado alta y que, por tanto, habría que bajarlas. “El principal problema que hay, provocando que los precios suban, tanto desde la perspectiva de alquiler como de compra, tiene que ver con la contracción de oferta. Muchas personas quieren vivir en las mismas zonas, y existen límites a la hora de crear oferta que cubra la creación de nuevos hogares, hasta el punto de que en España se crean entre 250.000 y 300.000 hogares al año y solo se construyen 100.000 viviendas”, afirma Jorge González-Iglesias, CEO de Gibobs.com. “Al final estamos hablando de un bien de primera necesidad donde se tiene que dar respuesta masiva a la demanda. Sin embargo, la ley provocará que aumente la oferta de vivienda en venta, a la par que disminuye la que está en alquiler, aunque la primera lo hará en menor medida que la segunda”.