El Gobierno de Sánchez pretende transferir el cobro del IRPF a la Comunidad catalana como primer paso para conceder la autonomía fiscal

El Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya han alcanzado el acuerdo que establece los cimientos y bases de la futura financiación singular para Cataluña en el marco de la reforma del sistema de financiación, que tiene que atender las singularidades de Cataluña y sus aspiraciones de autogobierno y autonomía fiscal, y que otorgará a la Generalitat - que defiende el principio de ordinalidad como una condición necesaria del nuevo modelo- más capacidad normativa en la gestión de los tributos. Se trata de una propuesta que, como recoge el acuerdo, es compatible con una reforma general del sistema de financiación que atienda a las necesidades y singularidades de todas las comunidades autónomas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, han presidido la comisión, que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat y en la que también han participado la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; la secretaria General de Presidencia, Eva Giménez, y el secretario general de Economía y Finanzas, Juli Fernández.

El acuerdo establece las características básicas de la futura propuesta de financiación:

Suficiencia financiera y corresponsabilidad fiscal, para garantizar los recursos necesarios para Cataluña y el resto de comunidades autónomas en relación con sus competencias, a la vez que se garantiza también la suficiencia de los recursos del Estado, para lo que se establecerán porcentajes de participación en la recaudación de los tributos que se acuerden (cesta de impuestos).

Solidaridad. Se prevé una aportación solidaria transparente para seguir contribuyendo al bienestar de los ciudadanos del resto de comunidades autónomas, calculada con transparencia y criterios objetivos.

Bilateralidad y multilateralidad. El reconocimiento de espacio para la bilateralidad es compatible con la participación de Cataluña en las reuniones multilaterales que se celebren para alcanzar el consenso sobre la reforma del sistema de financiación.

Financiación adicional para las competencias específicas y singulares de Cataluña y de las restantes comunidades autónomas que opten por ello como vía para la financiación de sus competencias no homogéneas.

Ampliación de la capacidad normativa. Habrá que respetar los límites de la normativa europea y se prevé la introducción en el nuevo sistema de financiación de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja entre territorios.

Desaparición del mecanismo de entregas a cuenta. Los ingresos del nuevo modelo irán vinculados a la recaudación, de forma que desaparecerán las entregas por anticipado.

Más competencias para la Agència Tributària de Catalunya

El acuerdo recoge la voluntad de Cataluña de desplegar la hacienda catalana para gestionar los impuestos de forma progresiva, como vía para profundizar en su autogobierno en materia de autonomía fiscal y financiera.

Es por eso que la Generalitat y el Gobierno de España se comprometen a trabajar para hacer efectivo el despliegue de la hacienda catalana, impulsando los cambios legislativos pertinentes para que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) asuma progresivamente competencias en la gestión del IRPF y a la que, en el futuro, se pueda acordar respecto de otros tributos.

En este sentido, el acuerdo prevé un modelo en red de gestión del sistema tributario donde participen la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas, con reglas de coordinación que aseguren una gestión "eficaz y eficiente, y con garantías plenas en la prevención y lucha contra el fraude". Para avanzar en este despliegue, se creará un grupo de trabajo entre los dos gobiernos.

Las dos administraciones también acuerdan intensificar la participación de la ATC en la campaña de renta de 2025 y se comprometen a analizar la cobertura convencional o legal para que se puedan presentar las declaraciones del IRPF en la ATC, para que esta presentación se pueda hacer utilizando la clave digital establecida por la Generalitat (idCAT) y para que se pueda avanzar progresivamente en la asunción de competencias gestoras por parte de la agencia catalana, concurrentes con las de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En este sentido, se acuerda que, a lo largo de 2026, una vez modificado el marco legal, la ATC pueda comprobar la correcta aplicación en las declaraciones del IRPF de la normativa autonómica, en particular las deducciones aprobadas por el Parlament.

La Comisión Bilateral también ha acordado el despliegue del convenio relativo al modelo de gestión del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), acordado en la última Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) que, además de permitir que se avance hacia un modelo de gestión compartido, preverá que las declaraciones del impuesto se puedan presentar indistintamente ante las dos administraciones, con la posibilidad de utilizar la idCAT.

Finalmente, se especifica que la CMAEF adoptará el acuerdo correspondiente para materializar la asunción parcial por parte del Estado de la deuda de Cataluña con el Fondo de Financiación de las comunidades autónomas una vez entre en vigor la ley que apruebe la medida.

Tras conocer el acuerdo, Ayuso convocaba de urgencia a la prensa para anunciar la presentación inminente de un recurso ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional.

"Pedro Sánchez está en fase terminal. Salvar la cabeza del presidente nos va a costar la ruptura de España. Nos vende a todos los españoles y a esta nación de siglos a cambio del cupo separatista. Nuestra Constitución nunca previó que un tirano se colara en La Moncloa, dispuesto a destrozar España. Sánchez le regala casi 25.000 millones de euros al independentismo catalán para seguir financiando la corrupción que vemos a diario en esta región secuestrada. Así pretende Sánchez camuflar y defenderse de su propia corrupción. Todo negociado, por cierto, hoy, casualmente, sin pinganillos. Tras la cesión de competencias y la autoamnistía, Pedro Sánchez hoy les da la llave de la caja común de todos los españoles a los independentistas. Hoy son casi 25.000 millones, pero el independentismo anticipa que aspiran a 57.000 millones. Lo dicen claramente, y lo tendrán.

Porque no son socios de Sánchez. Ni cómplices. Eso era antes. Han subido de categoría. Hoy son los chulos del presidente. Sus rufianes. El presidente come de su mano. Vive para ellos. Él pone la cama y los españoles pagan. (Utilizo este lenguaje porque es el que entienden en La Moncloa como en ningún otro sitio). Y aviso: Esto es un atraco a la Nación y contra la unidad de España. Y no se detendrá aquí. Después viene el golpe. La ruptura total.

Sánchez avanza hacia la anexión de Navarra al País Vasco. Vamos hacia una República Federal Plurinacional de manera inexorable. Que nadie ha pedido ni votado. Porque a nadie se le ha consultado ni informado. Y para eso vendrá el referéndum de autodeterminación o directamente, la independencia ilegal de Cataluña y País Vasco por decisión del Consejo de Ministros. Por el típico decreto o chapuza legislativa a la que pretenden desde Moncloa que nos acostumbremos. Porque piensan que los españoles somos tontos.

Nada los detendrá desde Cataluña: Ni jueces, ni inspectores, ni cuerpos de seguridad catalanes, ni resto de funcionarios… Nada ni nadie. Ya han advertido: “Volveremos a hacerlo”. Lo tienen todo programado. Y avalado por Conde Pumpido, que es la mayor estafa que soportamos: tenemos un Tribunal Constitucional trufado de políticos disfrazados de magistrados, que ya ha dicho que tragará con todo lo que no esté explícitamente recogido en la Constitución. Todo calculado desde hace mucho tiempo. Puro cinismo y traición.

Los inspectores de hacienda, los economistas, los constitucionalistas… Todos sabemos que el acuerdo al que se ha llegado hoy acaba con la España de todos. Cuando se consuma el cupo separatista, en el resto de las comunidades autónomas que reciben fondos del sistema de financiación autonómica como Cantabria, Andalucía o Castilla-La Mancha, no tendrán recursos para prestar servicios públicos esenciales.

Quisiera saber con qué cara los socialistas en estas regiones justifican ante sus ciudadanos que no se pondrán pagar nóminas o centros de salud porque han vendido su región y sus recursos a los separatistas catalanes. Pido a la ultraizquierda de Madrid, es decir, a los socialistas aquí y a Más Madrid, conocido desde hoy como Menos Madrid, que justifique este latrocinio que nos impedirá pagar servicios públicos para que luego nos vengan con la pancarta.

Madrid no tiene impuestos propios. Cataluña tiene 15 para desgracia de los catalanes, hartos de impuestos y burocracia. La deuda pública casi triplica a la de Madrid. El gasto público de Madrid es muy inferior al de Cataluña y, sin embargo, a su vez, la región madrileña vive su mejor momento. Invito a la reflexión.

Desde la Comunidad de Madrid ya avanzamos: nos negamos rotundamente a este atropello. Y más, cuando los cínicos independentistas han acordado impedir a las demás Comunidades Autónomas bajar impuestos, es decir, impiden a Madrid tener autonomía fiscal cuando ellos, en este acuerdo, la tienen plenamente. Ya sólo faltaba que los independentistas redacten la Constitución, porque en ella se recoge nuestra autonomía fiscal.

No queremos para Madrid el expolio al que la izquierda y los independentistas someten a Cataluña, llevando a la decadencia a la que era la región más próspera de España. Es llevar los males de la política catalana a España entera. Debemos revertir todo este daño que, además, pretenden causar en mitad del verano, otra vez como siempre hacen en periodo vacacional, que es cuando operan a mayor velocidad las tiranías.

Acudiremos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, a la unidad de todas las Comunidades Autónomas, donde tengamos que ir para decir que Madrid se niega a firmar esta sentencia de muerte contra España. Lo que está ocurriendo lo hemos advertido desde hace años, muchos años, cuando nos llamaban “extremistas” o que “no queríamos la convivencia” o que “vivíamos de la confrontación”. Desde el 2020 hasta el último discurso en el Congreso Nacional del Partido Popular pasando por entrevistas, ruedas de prensa en la propia Moncloa, en la Asamblea de Madrid, en desayunos informativos… lo hemos dicho siempre. Que esto estaba sucediendo.

Hoy Moncloa ha enviado a todo su equipo de papagayos sincronizados a defender el cupo separatista. Carlos Cuerpo dice que “no perjudicará a ninguna comunidad autónoma”. Margarita Robles que “no es una compra de votos”. Isabel Rodríguez ha añadido: “No es algo excepcional”, cuando los mismos dicen, hoy mismo, que era algo singular, un “acuerdo singular”.

Todos ellos mienten. Merece la pena recordar lo que la vicepresidenta Montero dijo en julio del año pasado: “Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones.” También mentía. Sánchez ha regalado casi 25.000 millones al independentismo y pretende que cada madrileño soporte otros 2.000 euros más en impuestos. Hemos llegado a este punto porque tenemos un presidente que ha enloquecido. Y antes de rendirse va a destrozarlo todo y que España no sea el país alegre, cordial y unido que hemos sido en estos 46 años. Está dispuesto a todo. Hoy ha empezado un camino que, o paramos, o no tendrá marcha atrás. Hoy Sánchez vuelve a demostrar que es un peligro para España", resumía la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comunicado la necesidad de contar con apoyos en el Congreso de los Diputados para la aprobación de un nuevo sistema de financiación para Cataluña, tras una reunión bilateral con el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau. Este acuerdo es fundamental para actualizar un modelo de financiación que ha estado caducado desde 2014.

La reunión entre Torres y Dalmau se llevó a cabo con el objetivo de establecer un modelo de financiación singular para Cataluña. Durante la rueda de prensa posterior, Torres enfatizó que la materialización de este acuerdo depende de la obtención de los apoyos necesarios, tanto del Consejo de Política Fiscal y Financiera como de las Cortes Generales.

Torres expresó la voluntad del Gobierno de implementar un nuevo sistema de financiación, pero subrayó que esto está condicionado a la capacidad de alcanzar un consenso amplio en el Congreso. En este sentido, hizo un llamado al Partido Popular (PP) para que presente sus propuestas sobre cómo debería ser este modelo de financiación, resaltando la importancia de contar con la colaboración de los principales partidos políticos.

El actual sistema de financiación de Cataluña se considera obsoleto, ya que ha estado en vigor desde 2014. Torres destacó que es crucial que el PP y otros partidos de la oposición compartan sus propuestas para avanzar en la creación de un modelo que se ajuste a las necesidades actuales de la comunidad autónoma.

Aunque el Govern había mencionado anteriormente que su objetivo era que Cataluña pudiera recaudar la totalidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir de 2026, Dalmau evitó confirmar esta fecha. En cambio, enfatizó la necesidad de realizar modificaciones legislativas y de aumentar la capacidad de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para gestionar el IRPF.

Dalmau proporcionó detalles sobre la situación actual de la ATC, que cuenta con aproximadamente 800 profesionales, en comparación con los 4.400 que tiene la Agencia Tributaria en Cataluña. El conseller subrayó que el objetivo es gestionar el IRPF de manera eficiente y en el menor tiempo posible, garantizando que no se perjudique a los ciudadanos.

Dalmau concluyó su intervención afirmando que existe un consenso general sobre la necesidad de un nuevo sistema de financiación para Cataluña. Hizo un llamado a que las reacciones y declaraciones sobre este tema sean constructivas, con el fin de facilitar el avance hacia un acuerdo que beneficie a la comunidad autónoma.

En resumen, la aprobación del nuevo sistema de financiación catalana está condicionada a la obtención de apoyos políticos y a la colaboración entre los diferentes partidos, con el objetivo de actualizar un modelo que ha estado en desuso durante casi una década.