La normativa española choca frontalmente con la comunitaria

La Comisión Europea ha iniciado un expediente de infracción contra España debido a la discrecionalidad que ciertas normativas españolas otorgan al Gobierno en el ámbito de las operaciones bancarias. Este expediente se centra particularmente en la OPA (Oferta Pública de Adquisición) de BBVA sobre Sabadell, cuestionando si las acciones del Gobierno están justificadas por un interés general genuino.

La Comisión Europea ha expresado su preocupación por los amplios poderes que la legislación española concede al Gobierno para intervenir en operaciones bancarias. Se considera que estas facultades podrían permitir al Ejecutivo actuar más allá del interés general, lo que podría ser perjudicial para el mercado y la competencia.

El Ejecutivo comunitario ha señalado que la transposición de dos leyes europeas en la legislación española requiere un cambio significativo. Estas leyes están relacionadas con la regulación de los requisitos de capital y la supervisión bancaria, y su correcta implementación es esencial para garantizar la alineación con el Derecho de la Unión Europea.

Existen dudas sobre si la intervención del Gobierno en la OPA de BBVA a Sabadell responde a un motivo auténtico de interés general. Fuentes de la Comisión han indicado que, si realmente existiera un motivo legítimo de interés público, la intervención no habría sido problemática. Además, se ha cuestionado la decisión de elevar el caso de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) al Consejo de Ministros, lo cual ocurrió el 27 de mayo.

La Comisión Europea ha otorgado un plazo de dos meses al español para que aborde sus inquietudes. Este plazo es parte proceso formal que busca resolver las diferencias entre Bruselas y Madrid. El envío de la carta de emplazamiento marca el inicio de un diálogo entre la Comisión Europea y el Gobierno español. Si no se llega a un acuerdo satisfactorio, el caso podría ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que puede acarrear sanciones adicionales para España.