Álvaro García Ortiz se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel por revelación de secretos

El Tribunal Supremo (TS) ha tomado una decisión significativa al respaldar el procesamiento del fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Este caso surge a raíz de la filtración de información relacionada con la investigación fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las acusaciones en contra de García Ortiz piden penas de hasta seis años de prisión.

El magistrado Ángel Hurtado fue quien decidió procesar a García Ortiz, y su decisión fue respaldada por la Sala de Apelación del TS, compuesta por los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar. Sin embargo, Palomo emitió un voto particular en desacuerdo con la mayoría. La Sala también revocó el procesamiento de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, archivando la causa en su contra.

La investigación comenzó tras una nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, en la que se desmentía una información publicada por el diario ‘El Mundo’ sobre un supuesto pacto ofrecido a González Amador. El TSJM había abierto una causa relacionada con esta filtración, que llevó a la imputación de García Ortiz por revelación de secretos.

Hurtado centró su investigación en tres filtraciones: la nota de prensa del 14 de marzo, la existencia de una investigación fiscal contra González Amador y un correo electrónico enviado por su defensa el 2 de febrero de 2024. Este último correo fue considerado clave, ya que se presuponía que García Ortiz lo había filtrado a la Cadena SER.

El magistrado Hurtado describió un "frenético intercambio de comunicaciones" entre fiscales en la noche del 13 de marzo, donde García Ortiz solicitó información para preparar una respuesta a la prensa. Hurtado alegó que esta actividad fue motivada por "indicaciones" del Gobierno, lo que implicaría una presión externa en el manejo del caso.

Un aspecto crítico del caso es el borrado de información de los dispositivos móviles de García Ortiz. Hurtado consideró que este acto frustró parte de la investigación y podría ser un indicio de culpabilidad. El fiscal general argumentó que el borrado fue realizado por razones ajenas a las pesquisas. García Ortiz solicitó la revocación de su procesamiento, argumentando que las conclusiones de Hurtado eran erróneas y carecían de fundamento. Su defensa destacó que la información sobre las negociaciones entre González Amador y la Fiscalía era de dominio público antes de que él se involucrara.

La defensa insistió en que una vez que González Amador decidió compartir la información con terceros, se rompió la confidencialidad, y por lo tanto, no se podía considerar que la revelación de dicha información por parte de García Ortiz constituyera un delito.

La acusación particular de González Amador ha solicitado una condena de cuatro años de prisión para García Ortiz, además de inhabilitación y multas significativas. Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido una pena de seis años de cárcel y doce de inhabilitación.

Tanto la Fiscalía como Rodríguez han impugnado el procesamiento, argumentando que no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones. Criticaron a Hurtado por procesar sin un sustrato probatorio sólido y señalaron que la información ya era conocida por varios medios antes de la supuesta filtración de García Ortiz.