La Comunidad vuelve a llevar a los tribunales el reparto de MENAs

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha tomado la decisión de notificar el cese temporal de actividad del centro de refugiados ubicado en la ciudad. Esta medida se ha implementado tras la constatación de que las instalaciones no cuentan con la licencia adecuada para operar como residencia, sino que están autorizadas únicamente para actividades docentes. La alcaldesa, Paloma Tejero, ha expresado su preocupación y ha criticado al Gobierno central por lo que considera una "negligencia institucional".

El centro ha sido acusado de operar sin la licencia correspondiente para su uso como residencia. Según la alcaldesa, esta situación es comparable a la que se aplicaría a cualquier otro establecimiento que incumpliera la normativa vigente. Tejero ha señalado que el centro ha sido transformado "de la noche a la mañana" para albergar a más de 500 personas sin contar con la autorización necesaria, lo que califica como una irresponsabilidad.

La alcaldesa ha responsabilizado al Gobierno de España por intentar llevar a cabo una "ilegalidad y una temeridad" al planear el traslado de migrantes africanos desde Canarias al centro de Pozuelo. Tejero ha enfatizado la falta de control y garantías en el alojamiento de personas en un centro que no cumple con las normativas necesarias para garantizar su bienestar.

La decisión de cerrar temporalmente el centro se tomó tras una inspección realizada por el Ayuntamiento, que se llevó a cabo después de que se supiera la intención del Gobierno de trasladar permanentemente a 400 menores solicitantes de asilo al centro. El Consistorio ha manifestado en varias ocasiones su oposición a la utilización del centro como residencia permanente, lo que ha llevado a la actual situación.

Tras la notificación del cese temporal, el centro tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones. Sin embargo, se debe cumplir con el cese de la actividad durante este tiempo. El Gobierno deberá buscar otras instalaciones para reubicar a los actuales residentes del centro, garantizando así que se cumplan las condiciones necesarias para su bienestar y seguridad.

La Comunidad de Madrid anunció su decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, el cual fue aprobado por el Gobierno de España el 22 de julio. Este decreto regula el reparto de menores no acompañados provenientes de Canarias entre las diferentes comunidades autónomas, en un contexto de presión migratoria.

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid argumentan que el Real Decreto vulnera las competencias autonómicas. Este argumento se basa en la premisa de que el decreto invade áreas de competencia exclusivas relacionadas con la protección de menores y la asistencia social. Además, se señala que la urgencia que justifica la aprobación del decreto no está adecuadamente fundamentada, y se critica el uso de un instrumento que no es el más adecuado para regular materias que deberían ser abordadas por leyes orgánicas.

Cabe destacar que este Real Decreto 658/2025 desarrolla un Real Decreto-ley anterior, el 2/2025, que ya había sido impugnado ante el Tribunal Constitucional por once servicios jurídicos autonómicos, incluyendo el de la Comunidad de Madrid. Esta impugnación se basa en los mismos principios de invasión de competencias y falta de justificación.

La Comunidad de Madrid ha calificado el reparto de menores como "arbitrario, opaco y discriminatorio". Se argumenta que este sistema de distribución está diseñado para penalizar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) y, en contraste, beneficiar a los socios nacionalistas del Gobierno central.

En paralelo al recurso, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno de España que proporcione de manera urgente información relacionada con la elaboración del reparto de menores no acompañados. Estas solicitudes se han dirigido a varias instancias gubernamentales, incluyendo la Secretaría de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el Ministerio de Juventud e Infancia, y el Ministerio del Interior.

Entre la información requerida se encuentran:

Datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA): Se solicita información actualizada por comunidad autónoma desde 2023.

Indicadores Utilizados para el Cálculo del Reparto: Se piden detalles sobre los criterios considerados, como población, renta, tasa de desempleo, número de menores atendidos, y ratio de plazas por habitante.

Fórmula de Ponderación: Se requiere la fórmula aplicada a los criterios establecidos en el artículo 35 ter de la Ley Orgánica 4/2000.

Justificación de Asignación de Menores: Se busca aclarar por qué se asignan 647 menores a Madrid y ninguno a Cataluña o el País Vasco.

Memoria del Análisis de Impacto Normativo: Se solicita acceso a todos los informes jurídicos, técnicos y presupuestarios generados durante la tramitación del Real Decreto 658/2025.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, expresó su apoyo al cierre temporal del centro de inmigrantes en Pozuelo de Alarcón, anunciado por el Ayuntamiento local. Este pronunciamiento se enmarca en un contexto de tensiones políticas sobre la gestión de la inmigración en España, en particular entre el gobierno central y las administraciones locales.

García Martín no dudó en criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al delegado del Gobierno, Francisco Martín, acusándolos de tener "alergia a cumplir las leyes". En sus declaraciones, el consejero defendió que el Ayuntamiento de Pozuelo está actuando conforme a la normativa vigente, señalando que el centro en cuestión "no reúne las condiciones" necesarias para ser utilizado de manera permanente como centro de acogida para inmigrantes.

El consejero enfatizó que los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid están gestionando adecuadamente sus competencias y cumpliendo con las normativas. Según García Martín, el cierre del centro es una medida necesaria ya que "no está habilitado para poder ser un centro de acogida permanente". Este argumento se basa en la premisa de que las instalaciones deben cumplir con ciertos estándares para garantizar la seguridad y bienestar de los inmigrantes.

García Martín también solicitó al Gobierno central el "cierre inmediato" de lo que denominó "tres macrocampamentos" en la región, específicamente en Alcalá de Henares, Carabanchel y Pozuelo. Criticó que la única medida de política migratoria implementada por el Ejecutivo sea el "reparto" de inmigrantes entre las distintas comunidades autónomas, sugiriendo que esto es una evasión de responsabilidades.

En respuesta a las afirmaciones del delegado del Gobierno, quien indicó no haber recibido comunicación sobre el cierre del centro, García Martín argumentó que no es necesario que el delegado esté informado, ya que la comunicación debería ser directa entre el Ayuntamiento de Pozuelo y los titulares de la instalación. Además, criticó al delegado por no abordar los problemas de la Comunidad y le instó a enfocarse en mejorar la seguridad en los municipios.

Respecto a la reubicación de las personas que se encontraban en el centro de Pozuelo, el consejero subrayó que la responsabilidad recae en la Administración General del Estado, que debe encontrar una solución para estos individuos. García Martín insistió en que lo más importante es "atajar el problema" del flujo migratorio, argumentando que es una cuestión de humanidad.

El consejero hizo un llamado a la necesidad de que el Gobierno central dialogue con sus socios en la Unión Europea para abordar la situación migratoria, señalando que otros países de la UE observan a España con recelo debido a la falta de políticas migratorias efectivas. García Martín concluyó sus declaraciones afirmando que existe un "gobierno que no gobierna" y sugiriendo que, si no son capaces de gestionar la situación, deberían dar un paso atrás para que los ciudadanos puedan elegir a otros representantes.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha sido una de las voces más prominentes en este asunto. En un evento realizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Rodrigo hizo un llamado explícito al Gobierno de Pedro Sánchez para que actúe en relación con el CREADE. Su argumento se centra en la necesidad de que el centro cumpla con la legalidad urbanística vigente.

Rodrigo ha señalado que el CREADE está operando bajo un uso que no se ajusta a las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Pozuelo. Según sus declaraciones, el centro debería tener un uso residencial, pero actualmente está siendo utilizado para la acogida de migrantes, lo cual no se alinea con las normativas urbanísticas establecidas. Esta discrepancia es lo que ha motivado la solicitud de intervención del Gobierno para regularizar la situación.

La falta de licencia no solo pone en entredicho la legalidad del funcionamiento del CREADE, sino que también puede tener repercusiones más amplias en la gestión de la crisis migratoria en la región. Si el centro no puede operar legalmente, esto podría afectar la capacidad de la Comunidad de Madrid para atender adecuadamente a los migrantes que llegan a la región.

Rodrigo enfatiza que es crucial que la Administración General del Estado, junto con el Ministerio correspondiente, tome las medidas necesarias para garantizar que el CREADE cumpla con las normativas urbanísticas. Esto no solo es una cuestión de legalidad, sino también de responsabilidad en la gestión de la crisis migratoria.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, expresó su desacuerdo respecto a la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de cerrar el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Migrantes (CREADE). Francisco Martín calificó la decisión del Ayuntamiento como un "ejercicio de racismo preventivo". Este comentario se produce en un contexto en el que el Gobierno central está a punto de iniciar el reparto de migrantes, un proceso al que el Ayuntamiento de Pozuelo se había opuesto. Martín argumentó que la decisión refleja una falta de seriedad en la gestión de la migración por parte de las administraciones controladas por el Partido Popular (PP).

Martín también destacó que, hasta el momento de sus declaraciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no había recibido "ninguna comunicación formal" sobre el cierre del CREADE. Esto llevó al delegado a acusar al PP de centrarse más en los titulares de prensa y en seguir las indicaciones de grupos extremistas en lugar de abordar la situación con responsabilidad.

El Ayuntamiento de Pozuelo argumentó que el CREADE no contaba con la licencia adecuada para su uso, ya que los permisos actuales, que datan de 2013, no permiten su uso residencial. Sin embargo, Martín refutó esta afirmación al recordar que el centro había estado operativo en 2022 para recibir a refugiados ucranianos. La crítica se centra en que la reacción del PP ha sido desproporcionada y "francamente irresponsable" ahora que se prevé la llegada de migrantes africanos.

Martín mencionó que el Ayuntamiento había anunciado previamente su intención de evitar la instalación de menores migrantes provenientes de Canarias, y que en las semanas recientes solo había realizado dos visitas al centro y había emitido dos actas de inspección urbanística, lo que sugiere una falta de acción sustantiva.

El delegado del Gobierno abogó por abordar la cuestión migratoria desde una perspectiva de respeto a los Derechos Humanos, reconociendo que se trata de personas vulnerables que requieren atención y apoyo. Martín enfatizó la necesidad de dar soluciones a la emergencia humanitaria en lugar de generar más problemas.

En cuanto a la capacidad del Gobierno central para revertir la decisión del Ayuntamiento, Martín indicó que se "analizará la decisión cuando llegue". Además, destacó que existen otros cuatro centros similares al CREADE en el país que operan con normalidad, lo que sugiere que hay recursos disponibles para gestionar la situación de los migrantes.

La diputada de Más Madrid, Diana Paredes, criticó al Partido Popular (PP) por su manejo de la situación relacionada con el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación de Migrantes (CREADE) en Pozuelo de Alarcón. Paredes argumenta que el PP está utilizando la cuestión de la infancia migrante como una herramienta política, alineándose con la agenda antiinmigratoria de Vox.

Diana Paredes ha señalado que el PP se ha apropiado de la narrativa antiinmigrante, utilizando la migración como un "arma política". En sus declaraciones, Paredes lamenta que la preocupación del PP por la acogida de migrantes no se traduzca en acciones concretas para proteger y atender a la infancia, como lo estipula la ley. En cambio, critica que esta preocupación parece estar motivada por intereses racistas y electorales, lo que contribuye a la difusión de bulos y al fomento del terrorismo racista en las calles.

El Ayuntamiento de Pozuelo ha decidido cesar temporalmente la actividad del CREADE tras una inspección que reveló que las instalaciones no contaban con la licencia necesaria para su uso como residencia, sino que estaban autorizadas únicamente para actividades docentes. Esta decisión se produce en un contexto en el que el Gobierno había manifestado su intención de trasladar permanentemente a 400 menores solicitantes de asilo a este centro.

Una vez notificado el cierre temporal, el CREADE tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones, aunque debe cumplir con la orden de cese de actividad. Esto implica que el Ejecutivo deberá buscar alternativas para reubicar a los residentes actuales en otras instalaciones. Según fuentes del Ayuntamiento, la prioridad es garantizar que se cumplan las condiciones que aseguren el bienestar y la seguridad de los residentes del centro.