Ayuso anuncia que presentará recurso ante el TSJM

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las Comunidades y Ciudades Autónomas. De esta forma, la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida ha quedado cifrada en una ratio de 32,6 plazas para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto del país, de acuerdo con la fórmula recogida en la norma aprobada.

El real decreto tiene por objeto garantizar un proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a España y establece la base para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido.

Con este real decreto se da cumplimiento a la disposición adicional undécima introducida en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, introducida tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Tras la aprobación, aquellas comunidades y ciudades autónomas que multipliquen por tres su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará el protocolo de traslados.

El Real Decreto no especificará el número exacto de traslados a cada comunidad, pero permitirá que aquellas en situación de sobreocupación puedan solicitar medidas extraordinarias. Para que una comunidad se considere en esta situación, debe multiplicar por tres su capacidad ordinaria.

Se anticipa que las comunidades que podrán solicitar esta contingencia son:

Canarias

Ceuta

Melilla

Tras la aprobación del decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se prevé que los traslados de menores migrantes no acompañados comiencen el 28 de agosto. Este proceso no se llevará a cabo de manera inmediata, sino que se establecerá una dinámica de acogida equilibrada y coordinada, con un plazo de un año para completar los traslados.

El Gobierno estima que hasta 3.975 menores migrantes no acompañados podrían ser trasladados a la Península, aunque esta cifra podría ser menor al considerar a los menores que soliciten asilo, que podrían ser hasta 1.200.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado el "bloqueo" del Partido Popular (PP) en relación con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. La conferencia sectorial de Infancia, que debía abordar el reparto de menores, fue suspendida debido a la falta de quórum, ya que las comunidades del PP no asistieron, excepto Ceuta.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha calculado que las comunidades autónomas deberán acoger a un total de 3.975 menores migrantes. Las comunidades con mayor número de menores a acoger son:

Andalucía: 677 menores

Madrid: 647 menores

Comunidad Valenciana: 571 menores

Otras comunidades con cifras significativas incluyen:

Castilla-La Mancha: 320

Galicia: 317

Aragón: 251

La Rioja: 205

Castilla y León: 197

Extremadura: 159

Cantabria: 156

Asturias: 144

Murcia: 133

Navarra: 118

Baleares: 49 (la que menos acogerá)

Euskadi y Cataluña no están incluidas en el reparto obligatorio, aunque Cataluña ha manifestado su intención de acoger a un mínimo de 31 menores. El Ministerio aclara que estos cálculos son estimaciones máximas y que se deben restar los menores que soliciten protección internacional, que son responsabilidad del Estado.

Se destinarán 100 millones de euros a las comunidades autónomas para cubrir los gastos de acogida. El Ministerio de Juventud e Infancia asumirá todos los costos de traslado y los gastos de acogida durante al menos los primeros tres meses.

Las comunidades que recibirán más financiación son:

Canarias: 24,3 millones de euros

Madrid: 15,8 millones de euros

Andalucía: 8,8 millones de euros

Las que recibirán menos son:

Melilla: 993.300 euros

Cataluña: 404.550 euros

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, realizó declaraciones críticas hacia el Gobierno de España en relación con la gestión de menores migrantes no acompañados. Estas declaraciones se producen en un contexto en el que se espera que el Consejo de Ministros apruebe un Real Decreto que establecerá la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma para estos menores.

Matute expresó su descontento por la falta de información que el Gobierno de España ha proporcionado sobre el reparto de menores migrantes. Esta falta de comunicación ha llevado a la consejera a señalar que "todos los dispositivos están sobresaturados" en la Comunidad de Madrid, lo que pone de manifiesto una situación crítica en la atención a estos menores.

La consejera también criticó el proceso mediante el cual se toman decisiones sobre la acogida de menores migrantes. Mencionó que a menudo reciben información a través de los medios de comunicación, lo que considera inadecuado. Matute enfatizó la necesidad de que las decisiones se tomen de manera más seria y en colaboración con las comunidades autónomas.

Matute describió a los migrantes como personas "absolutamente débiles y vulnerables". Su preocupación se centra en que la política migratoria del Gobierno de España no cuenta con una normativa clara y reglada para el acogimiento de estos menores, lo que genera incertidumbre y riesgo para su bienestar.

La consejera no dudó en señalar que el Gobierno de España enfrenta "un problema muy importante", sugiriendo que la gestión actual está llevando a situaciones extremas donde los migrantes pueden llegar a morir antes de alcanzar el territorio español. Matute argumentó que esta situación se debe a que los migrantes caen en manos de mafias, lo que agrava aún más su vulnerabilidad.

A pesar de sus críticas, Matute reafirmó la importancia de tratar a todas las personas, independientemente de su edad, con "absoluta dignidad". Esta declaración subraya un compromiso con los derechos humanos y el bienestar los menores migrantes, resaltando la necesidad de un enfoque más humano y regulado en la política migratoria.

La vicealcaldesa y alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, se pronunció enérgicamente en contra del nuevo Real Decreto que el Gobierno de España aprobará en el Consejo de Ministros, el cual se refiere al reparto de menores migrantes. Sanz criticó este sistema de distribución, considerándolo "injusto" y como parte de los "enjuagues políticos" del presidente Pedro Sánchez, que, según ella, busca mantener su posición en La Moncloa.

Inma Sanz expresó su descontento con la decisión del Gobierno, afirmando que es "absolutamente injusto" que el reparto de menores migrantes se utilice como herramienta política. En su declaración, enfatizó que cuando una decisión es injusta, es necesario tomar medidas para evitar que se perpetúe dicha injusticia. Sanz argumentó que esta situación refleja un "fracaso" en la política migratoria del Ejecutivo central, que ha contribuido a agravar la situación en lugares como Canarias y otras regiones de España.

La vicealcaldesa subrayó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, tiene el respaldo del Ayuntamiento para llevar el asunto a los tribunales y explorar todas las vías necesarias para revertir lo que considera una situación profundamente injusta. Sanz criticó que la responsabilidad del cuidado de los menores migrantes se delegue a otras comunidades autónomas, mencionando que algunas no están dispuestas a recibir a estos menores, mientras que otras lo hacen según los "pactos políticos" que necesite el presidente Sánchez.

Aunque el Real Decreto no especifica un número concreto de traslados a cada comunidad autónoma, se considera un paso importante, ya que permitirá a las comunidades o ciudades autónomas en situación de sobreocupación solicitar una contingencia migratoria extraordinaria. Para que un territorio pueda estar en esta situación, debe multiplicar su capacidad ordinaria por tres. Las comunidades que probablemente podrán solicitar esta contingencia son Canarias, Ceuta y Melilla.

El Gobierno tiene previsto que, tras la aprobación del Real Decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los traslados de menores migrantes no acompañados desde los territorios sobreocupados a la Península comiencen el próximo jueves 28 de agosto.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, anunció que la región tomará acciones legales contra el Gobierno de Pedro Sánchez debido al reparto de menores migrantes no acompañados. Este anuncio se produce en el marco de la aprobación de un Real Decreto que establece la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma para estos menores.

Rodrigo argumenta que el plan de distribución de menores migrantes "rompe la igualdad entre las comunidades autónomas". Se considera que el reparto no se ha realizado de manera equitativa y que carece de la transparencia necesaria, lo que ha llevado a la Comunidad de Madrid a sentir que sus derechos y capacidades no están siendo respetados.

El consejero ha enfatizado que el Gobierno regional no ha sido informado adecuadamente sobre los criterios y procedimientos que se están utilizando para el reparto, lo que ha generado desconfianza. Según Rodrigo, el Gobierno de Sánchez está actuando de manera opaca, lo que impide a las comunidades autónomas conocer y entender el proceso.

La Comunidad de Madrid tiene la intención de presentar su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Rodrigo ha afirmado que se tomarán "todas las acciones necesarias" para garantizar un reparto justo y transparente de los menores migrantes.

Rodrigo ha criticado al Ejecutivo central, acusándolo de no gobernar adecuadamente y de intentar ocultar información relevante. Se plantea que esta falta de transparencia podría estar relacionada con la necesidad del Gobierno de Sánchez de mantener alianzas políticas con formaciones nacionalistas, lo que influiría en la distribución de los menores.

El consejero ha recordado que la Comunidad de Madrid ha sido históricamente solidaria en la acogida de migrantes. Sin embargo, ha señalado que otras comunidades, como Cataluña y el País Vasco, no están recibiendo menores de forma indiscriminada, lo que sugiere un trato desigual en la distribución de responsabilidades entre las diferentes regiones.