El Gobierno quiere crear un registro de médicos que se niegan a practicar abortos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado declaraciones contundentes en relación con el aborto y la propuesta del Gobierno de España de establecer un registro obligatorio de médicos objetores de conciencia. En sus comentarios, Ayuso ha abordado tanto su experiencia personal con el aborto como su postura sobre la libertad de los profesionales de la salud en este contexto.

Ayuso ha comenzado sus declaraciones criticando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de dar «lecciones de machito» sobre el aborto. Esta afirmación se produce en un contexto en el que Ayuso ha revelado haber sufrido la pérdida de dos bebés, lo que le otorga una perspectiva personal sobre el tema. Al compartir su experiencia, Ayuso ha cuestionado la autoridad de Sánchez para hablar en nombre de todas las mujeres, enfatizando su derecho a expresar su propia vivencia.

Ayuso ha mencionado que ha vivido el «drama del aborto» en dos ocasiones, lo que le permite hablar desde una experiencia personal y dolorosa. Su retórica incluye preguntas sobre quién es el presidente para dar lecciones sobre un tema tan delicado y personal.

La presidenta madrileña ha expresado su firme rechazo a la intención del Gobierno de instaurar un registro obligatorio de médicos objetores de conciencia. Este registro ha sido percibido por Ayuso como un ataque a la libertad de los profesionales de la salud, lo que ha llevado a una comparación entre las lecciones del franquismo y las del actual gobierno, al que se refiere como «sanchismo».

Ayuso ha afirmado que el aborto es legal en España, pero subraya que debe ser seguro y poco frecuente. Esto refleja una preocupación por las altas cifras de abortos en el país, donde se realizan más de 106.000 al año, de los cuales uno de cada cinco tiene lugar en Madrid. Reitera su compromiso con la libertad de los profesionales sanitarios, defendiendo el respeto y el anonimato de estos, tal como lo establece la Constitución Española.

El Consejo de Ministros de España ha tomado una decisión significativa al aprobar el inicio de los trámites para incorporar el derecho al aborto en la Constitución. Esta medida busca proteger los derechos de las mujeres ante lo que se ha descrito como una "ola reaccionaria" que podría amenazar estos derechos fundamentales. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido la encargada de presentar esta propuesta en una rueda de prensa posterior al Consejo.

Ana Redondo ha destacado la importancia de esta iniciativa, señalando que representa un avance en la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por primera vez, según la ministra, se reconoce formalmente la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida. Este contexto es crucial, ya que se enmarca en un momento histórico en el que se perciben intentos de retroceso en los derechos adquiridos.

La propuesta de modificación de la Constitución incluye un nuevo apartado en el artículo 43, que se redactaría de la siguiente manera:

“Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

Este texto subraya no solo el reconocimiento del derecho al aborto, sino también la responsabilidad de los poderes públicos de garantizar su acceso en condiciones de igualdad y proteger los derechos fundamentales de las mujeres.

La modificación de la Carta Magna para incluir este derecho no es un proceso sencillo. Redondo ha explicado que se trata de una reforma agravada, lo que implica que se requieren mayorías cualificadas para su aprobación. Específicamente, se necesitarían los votos de tres quintas partes del Congreso y del Senado. En caso de que no se alcance un acuerdo, se recurriría a una comisión paritaria que incluiría representantes de ambas cámaras para proponer un nuevo texto.

La ministra ha enfatizado la relevancia de esta iniciativa en el contexto actual, donde se observan movimientos que buscan revertir derechos previamente establecidos. Redondo ha declarado que el Gobierno no tolerará estos retrocesos y que es fundamental tomar medidas proactivas para proteger los derechos de las mujeres tanto en el presente como en el futuro.