La Comunidad pide a los Ayuntamientos que le den los datos para conocer la magnitud del problema

La Comunidad de Madrid, bajo la dirección de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha tomado una iniciativa significativa para abordar los problemas relacionados con la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género. Esta acción se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para mejorar el sistema de protección y visibilizar las fallas que afectan a las usuarias de las pulseras antimaltrato.

La Comunidad de Madrid ha solicitado formalmente a todos los ayuntamientos que forman parte de la Red de atención a mujeres víctimas de violencia de género que informen sobre los fallos reportados por las mujeres que utilizan las pulseras antimaltrato. Esta solicitud se ha realizado a través de una carta oficial con el propósito de "proteger" a las usuarias de los centros de atención en Madrid.

La recopilación de estos datos es crucial para identificar y abordar los problemas existentes en el sistema de protección. Las autoridades están buscando una respuesta clara y detallada sobre las incidencias que las usuarias han experimentado en los puntos municipales de atención, con el fin de implementar mejoras efectivas en el dispositivo de seguridad.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha expresado su preocupación por la tendencia del Ministerio de Igualdad a minimizar los fallos en el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Esta crítica resalta la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de estos dispositivos de seguridad.

Recientemente, el sistema de seguimiento telemático de las prohibiciones de aproximación impuestas en casos de violencia de género y violencia sexual experimentó una incidencia significativa. Este problema llevó al Ministerio de Igualdad a activar un protocolo de protección para las víctimas que utilizan este dispositivo, lo que pone de relieve la urgencia y la gravedad de la situación.

En un esfuerzo por abordar estos problemas, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya había recopilado, de manera urgente, datos sobre las incidencias detectadas en los puntos de atención municipal en septiembre. Este primer informe reveló que un 40% de los puntos estaban experimentando fallos de diversa índole, lo que subraya la magnitud del problema y la necesidad de acciones correctivas inmediatas.

El Ayuntamiento de Madrid ha expresado su preocupación ante la posible existencia de tres casos de fallos en el sistema de pulseras antimaltrato. Esta situación ha sido comunicada oficialmente por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, al delegado del Gobierno, Francisco Martín. A continuación, se presenta un resumen exhaustivo de los eventos y las comunicaciones relacionadas con este tema.

En su carta, Fernández menciona que el Ayuntamiento ha recibido información preliminar que sugiere la existencia de tres incidentes similares en Madrid. Estos fallos se suman a dos casos ya detectados en Arganda del Rey, donde el Ayuntamiento local no fue informado a través de los canales oficiales, sino directamente por las víctimas afectadas.

El concejal Fernández ha manifestado una "profunda preocupación" por la información que ha circulado en los medios sobre los fallos en el sistema de control telemático destinado a proteger a mujeres víctimas de violencia machista. En este contexto, solicita datos oficiales y completos para entender la magnitud del problema.

El Gobierno municipal ha solicitado formalmente a la Delegación del Gobierno que proporcione, con la máxima urgencia, toda la información disponible sobre los fallos en el sistema de seguimiento telemático en Madrid. Esto incluye informes técnicos que puedan ayudar a esclarecer la situación.

Además, se propone la realización de una reunión extraordinaria del Comité de Crisis, donde se espera que la Delegación del Gobierno ofrezca explicaciones sobre los casos ocurridos, las causas de los fallos, las medidas correctivas adoptadas y las garantías para evitar que estos incidentes se repitan.

Fernández enfatiza que la defensa de la igualdad y la protección de las víctimas de violencia de género requieren una actuación institucional rigurosa y coordinada. Insiste en la necesidad de restablecer el servicio de pulseras antimaltrato bajo condiciones de plena seguridad y fiabilidad. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha respondido a la carta de Fernández agradeciendo la comunicación y subrayando la importancia de la coordinación institucional para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia machista.

Martín aclara que los datos sobre las pulseras antimaltrato son propiedad del Ministerio de Igualdad y que ningún organismo puede acceder a esta información sin la autorización expresa del Ministerio. Esto es fundamental para proteger la seguridad y la privacidad del sistema de protección. El delegado recuerda que cualquier solicitud de información adicional por parte del Ayuntamiento debe canalizarse a través de la Comunidad de Madrid, que es la administración competente para dirigirse a la Delegación del Gobierno o al Ministerio del Interior.

Martín también menciona que la convocatoria del Comité de Crisis solo se puede realizar tras un asesinato machista consumado, lo que implica que la reunión solicitada por el Ayuntamiento no se ajusta a las funciones para las que este comité fue concebido. El delegado del Gobierno ha recordado que toda la documentación relacionada con la protección de datos está amparada por la Ley de Protección de Datos y otras normativas relevantes, así como por las regulaciones del Sistema VioGén, que supervisa a las víctimas de violencia de género.

Martín ha instado al Ayuntamiento de Madrid a renovar su adhesión al Convenio VioGén sin demora, argumentando que es esencial para mejorar la cooperación entre la Policía Nacional y la Policía Municipal, así como para el seguimiento de casos y la circulación segura de información. Finalmente, el delegado del Gobierno ha criticado la falta de participación del Partido Popular de Madrid en las mesas de trabajo sobre violencia de género que ha promovido la Delegación, lo que podría estar limitando la efectividad de las medidas adoptadas en este ámbito.