La Comunidad nombrará a Mercedes Zarzalejo como su sustituta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien ocupaba el cargo desde junio de 2023. Este cambio en el gabinete se produce en un momento crítico, ya que la comunidad educativa se encuentra en conflicto respecto a la nueva legislación que afecta a las universidades.

En sustitución de Emilio Viciana, Isabel Díaz Ayuso ha nombrado a Mercedes Zarzalejo, quien es exdiputada del Partido Popular (PP) en la Asamblea y actualmente se desempeñaba como viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia. Este nombramiento se formalizará con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el día siguiente.

El Gobierno regional no ha proporcionado detalles sobre las razones que llevaron al cese de Viciana. Sin embargo, se puede inferir que la decisión está relacionada con la necesidad de avanzar en los proyectos pendientes en el ámbito educativo y universitario.

El mismo día del cese, se conoció que estudiantes y profesores de los seis centros universitarios públicos de la Comunidad de Madrid están organizando una nueva huelga. Esta movilización se debe a su oposición a la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que ha sido objeto de controversia desde su inicio. Los rectores de las universidades también han expresado su desacuerdo con esta propuesta legislativa.

Fuentes del Ejecutivo madrileño han señalado que, tras el nombramiento de Viciana en 2023, se le encargó la implementación de un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas. Este programa se considera uno de los ejes principales de la Consejería para la legislatura actual.

Uno de los aspectos destacados del programa que se estaba desarrollando bajo la dirección de Viciana es el nuevo modelo de financiación para las universidades. Este modelo ha sido objeto de discusión y colaboración con los rectores de las instituciones educativas, y se considera fundamental para el futuro de la educación superior en la región.

La presidenta Ayuso ha decidido dar un "nuevo impulso" a la Consejería con el nombramiento de Mercedes Zarzalejo, con la intención de avanzar en el ambicioso proyecto universitario que fue encargado hace más de dos años. Este cambio busca revitalizar las iniciativas educativas y responder a las demandas de la comunidad académica.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha solicitado la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el Pleno de la Asamblea de Madrid. Esta solicitud surge tras el cese del exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien ocupó el cargo desde junio de 2023. La situación se complica debido a la controversia en torno a la Ley de Universidades, que ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad educativa.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha fundamentado la solicitud de comparecencia en el artículo 208,1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Este artículo estipula que la presidenta debe informar sobre la designación y separación de los vicepresidentes y consejeros. Espinar ha argumentado que la Ley de Universidades fue redactada "de forma unilateral y sin el consenso de la comunidad educativa", lo que ha generado un fuerte rechazo entre estudiantes y profesores.

Espinar ha calificado la Ley de Universidades como una "victoria de estudiantes y profesores que se negaban a admitir este proyecto de ley neoliberal al más puro estilo". Esta crítica ha sido respaldada el líder del PSOE-M y actual ministro para la Transformación Digital y la Func Pública, Óscar López, quien ha utilizado las redes sociales para desificar el proyecto, sugiriendo nunca deb ser considerado. López ha instado a que se inicie el proceso de elaboración de la ley desde cero y que se involucre a la comunidad universitaria, subrayando que "Madrid no es Miami".

Más Madrid también ha solicitado la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación con el reciente cese de su consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana. Este cese es interpretado por Más Madrid como un indicativo del "fracaso general de la política educativa del PP" (Partido Popular).

Más Madrid fundamenta su solicitud en el artículo 208,1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que establece que la presidenta debe comparecer ante el Pleno para informar sobre la designación y separación de los vicepresidentes y consejeros. Esta disposición legal proporciona un marco formal para que la oposición exija responsabilidad y transparencia en la gestión pública.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha enfatizado la necesidad de que Ayuso ofrezca explicaciones sobre lo que ella califica como el "fracaso sin paliativos de la Ley de Universidades". Bergerot sostiene que la presidenta debe retirar el proyecto de Ley de Universidades y revertir todas las políticas que, según su perspectiva, están socavando el derecho a la educación pública.

El cese de Viciana coincide con un creciente descontento entre estudiantes y profesores de los seis centros universitarios públicos de la Comunidad de Madrid. Estos grupos han anunciado la preparación de una nueva huelga si no se retira la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Además, han solicitado el apoyo de los rectores, quienes han expresado su desacuerdo con la propuesta desde el inicio de su tramitación.

Bergerot ha señalado que el cese de Viciana es resultado de la presión popular y de la comunidad universitaria, así como de la oposición de izquierda en Madrid. Ella argumenta que la precariedad laboral se ha convertido en la norma en la educación obligatoria madrileña, lo que ha llevado a un aumento de la insatisfacción y la movilización social.

Más Madrid sostiene que el simple cambio de consejero no es suficiente para abordar los problemas estructurales en la política educativa de la Comunidad. Para ellos, es esencial que se implementen cambios significativos en las políticas educativas para garantizar el derecho a una educación pública de calidad.

El 14 de febrero, las plataformas representativas de las universidades públicas se reunieron para discutir y planificar futuras acciones y movilizaciones. Este encuentro fue fundamental para establecer una estrategia común que busca la retirada completa de la LESUC. Los representantes de las plataformas han dejado claro que su demanda principal es el retiro total de la LESUC. En caso de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúe con el trámite de la ley, se convocarán a una huelga urgente y significativa con el objetivo de paralizar su avance y evitar su aprobación.

Mientras se espera una respuesta del Gobierno, los estudiantes y profesores llevarán a cabo acciones descentralizadas en diversas facultades y universidades. Esta estrategia tiene como objetivo mantener la presión sobre las autoridades y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la situación. Los organizadores han hecho un llamado a los rectores de las seis universidades públicas: Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Universidad Carlos III (UC3M). Se ha enfatizado que si los rectores apoyan la retirada de la LESUC, estarán más alineados con la comunidad universitaria. Por el contrario, si deciden respaldar la ley, se les insta a que se retiren de sus cargos.

La Ley de Universidades, que inicialmente se había previsto que fuera votada en el Pleno de la Cámara de Vallecas en 2025, ha sido pospuesta para este año. En una reciente rueda de prensa, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, indicó que se espera llegar a un acuerdo con los rectores sobre la LESUC, con la intención de que se convierta en una realidad en 2026. El consejero defendió que desde 2019, el presupuesto destinado a las universidades públicas ha crecido más de un 23%. Además, mencionó que se implementará una financiación plurianual que proporcionará mayor certeza a las universidades, lo que se presenta como un argumento a favor de la LESUC.

Zarzalejos (Madrid, 1976), que toma el relevo al consejero Emilio Viciana, ejercía desde octubre de 2025 como viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid. La nueva consejera es doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Carlos III de Madrid.

Su trayectoria ligada al sector educativo incluye sus trabajos como personal docente e investigador en diferentes universidades y estancias en centros universitarios europeos. Zarzalejos, además, ha sido miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y de la Comisión de Educación de laFederación Española de Municipios y Provincias -FEMP-.

Alcaldesa y concejala del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias (2015/23) y diputada de la Asamblea de Madrid (2023/25), también es titulada en los estudios en Danza Española por el Real Conservatorio de Danza de  Madrid y en los estudios de Ballet Clásico por la Royal Academy of Dance de Londres.

Zarzalejos abre una nueva etapa al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que en este 2026 tiene un presupuesto histórico de 6.959 millones de euros -el 22,7% del total regional-, y también con cifras récord de becas y ayudas al estudio y docentes en la educación pública. En universidades públicas, el presupuesto madrileño ha crecido este año un 6,5%.

Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, expresó que el cese de Viciana era "cantado" debido a un desempeño que consideró "totalmente perdido" durante los dos años y medio de su gestión. Según Moñino, la situación educativa en la Comunidad de Madrid es crítica, con numerosos problemas que requieren atención urgente.

Moñino hizo un llamado a la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, quien es la actual viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, instándola a realizar un "giro valiente" en la dirección de la educación madrileña. Aunque la portavoz de Vox manifestó que no tiene "mucha confianza" en que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso implementará este cambio, advirtió que su partido se encargará de hacerlo en 2027.

Eva Aladro, portavoz de la coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, ha expresado la necesidad de que los nuevos líderes en el ámbito educativo sean "perfiles negociadores" que estén dispuestos a escuchar y considerar las demandas de las instituciones educativas. La portavoz ha subrayado que las universidades se encuentran en una situación crítica, describiéndolas como "estranguladas" y enfatizando la urgencia de un cambio en la política educativa.

La llegada de Mercedes Zarzalejo como nueva consejera ha generado expectativas entre los representantes universitarios. Aladro ha manifestado su esperanza de que Zarzalejo sea "más sensible" a las necesidades y preocupaciones de las universidades. Se recuerda que, cuando era viceconsejera, Zarzalejo mostró disposición al diálogo al recibir a cuatro decanos en la sede del Gobierno regional, lo que sugiere un enfoque más colaborativo en comparación con su predecesor.

Aladro ha enfatizado que es fundamental que la Comunidad de Madrid adopte una postura abierta y negociadora en las cuestiones relacionadas con las universidades. La portavoz ha criticado la "ley Viciana", que incluía un régimen sancionador que, según ella, iba en contra de los intereses de las universidades.

Los sindicatos han señalado que la principal razón detrás del cese de Viciana es su "incapacidad" para avanzar en la creación y promulgación de una Ley de Universidades que ha sido objeto de críticas y descontento. Jesús Escribano, responsable de Universidades de CC.OO. Madrid, ha afirmado que Viciana no logró desarrollar la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), lo que ha generado un notable desprestigio en su figura dentro de la comunidad universitaria.

Escribano también destacó que Viciana no consiguió el consenso necesario entre los diferentes actores del sector educativo, incluyendo rectores, profesores, personal administrativo y estudiantes. Esta falta de apoyo ha sido evidente a través de una serie de movilizaciones y protestas en contra de la LESUC, lo que refleja un amplio rechazo hacia su gestión.

Por otro lado, Javier Becerra, responsable de universidad de UGT, añadió que la crisis de financiación en las universidades ha sido un factor crítico que ha contribuido a la tensión en los campus. Algunas instituciones han llegado a enfrentar situaciones de "quiebra técnica", lo que ha exacerbado el descontento y la presión sobre Viciana.

Ambos sindicatos han expresado su preocupación por el futuro de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Becerra enfatizó la importancia de observar cómo se desarrollarán las políticas educativas en adelante, destacando la necesidad de mantener una postura abierta al diálogo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el ámbito educativo.

Los representantes de CC.OO. y UGT han manifestado su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que beneficien a la comunidad educativa madrileña, reafirmando su compromiso con el diálogo y la mejora de las condiciones laborales.

Viciana fue encargado al inicio de la legislatura de desarrollar una normativa que buscaba modernizar y reforzar las universidades madrileñas. Sin embargo, su esfuerzo se vio obstaculizado por la falta de consenso y el rechazo de los rectores de las seis universidades públicas de la región, que incluían la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III.

Uno de los puntos más controvertidos de la LESUC fue la introducción de un régimen sancionador que contemplaba multas de hasta 100.000 euros por manifestaciones no autorizadas en los campus universitarios. Aunque esta cifra fue posteriormente ajustada a un máximo de 300.000 euros, las infracciones consideradas muy graves no incluían aquellas que no afectaran el funcionamiento normal de los centros.

La financiación de las universidades públicas se convirtió en el principal escollo para la aprobación de la ley. Desde hacía tiempo, las universidades habían alertado sobre su "asfixia económica", lo que llevó a la necesidad de un cambio en el modelo de financiación. En verano de 2025, se propuso dividir la financiación en tres partes: básica, específica y por objetivos. Sin embargo, los rectores manifestaron su insatisfacción con la propuesta, considerándola insuficiente.

El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, fue uno de los más vocales en solicitar una revisión del modelo de financiación, señalando que su universidad había tenido que solicitar un préstamo debido a su déficit estructural. La Universidad Rey Juan Carlos también se encontraba en una situación financiera complicada, lo que generó preocupación sobre su sostenibilidad futura.

La comunidad universitaria, que incluye estudiantes, profesores y trabajadores, se movilizó en respuesta a los borradores de la LESUC. La principal demanda fue que la financiación para las universidades públicas alcanzara el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. Viciana desestimó esta cifra, considerándola arbitraria e irreal.

A finales de noviembre de 2025, se llevó a cabo una huelga que tuvo un seguimiento superior al 70%, especialmente en la Universidad Complutense, donde la asistencia alcanzó el 90%. Durante la huelga, aproximadamente 7.000 personas marcharon en el centro de Madrid, exigiendo mejoras en la financiación y denunciando la "asfixia" de las universidades.

La llegada de Mercedes Zarzalejos a la Consejería de Educación se interpretó como un intento de reiniciar las negociaciones con la comunidad universitaria. Su primera acción fue reunirse con los decanos de la Universidad Complutense, quienes habían protestado por un plan de financiación más realista. Zarzalejos se comprometió a escuchar y dialogar con todos los sectores involucrados.

Con la destitución de Viciana y la llegada de Zarzalejos, tanto la plataforma de universidades públicas como los sindicatos expresaron su esperanza de que la nueva consejera fuera más receptiva a las necesidades de las universidades. Se espera que su perfil negociador facilite un diálogo constructivo sobre la financiación y otros temas críticos que afectan a la educación superior en la Comunidad de Madrid.