Según explican, modifica la Ley para que deje de ser obligatorio su protección en los PGOU

La Plataforma Ecologista Madrileña y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han advertido de que el ‘Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública’, impulsado por la Comunidad de Madrid, incluye una modificación de la Ley de Vías Pecuarias que, a su juicio, podría suponer una “desprotección” de estos corredores públicos.

Ambas organizaciones han remitido un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige la ministra Sara Aagesen, para que analice el alcance de la reforma.

Según denuncian, el anteproyecto modifica el artículo 25 de la Ley 8/1998, de Vías Pecuarias, sustituyendo la obligación de que estos trazados sean “calificados” en el planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de protección por una fórmula que establece que el planeamiento deberá “contemplar” dicha protección.

A juicio de los colectivos, la redacción vigente desde 1998 ha funcionado como una “obligación clara” que garantizaba su preservación frente a procesos urbanizadores. En cambio, la nueva formulación podría introducir inseguridad jurídica y abrir la puerta a interpretaciones que deriven en su “omisión o debilitamiento” en los planes municipales. “Calificar implica una obligación jurídica concreta; contemplar puede quedarse en una mera declaración sin efectos reales”, sostienen.

Las entidades recuerdan que las vías pecuarias son bienes de dominio público protegidos también por la Ley estatal 3/1995 y destacan que, además de su función histórica ligada a la trashumancia, hoy cumplen un papel clave como corredores ecológicos y espacios de conexión territorial. En la Comunidad de Madrid destacan trazados históricos como la Cañada Real Segoviana, la Cañada Real Galiana y la Cañada Real Soriana Oriental, que podrían integrarse en la futura Red Nacional de Vías Pecuarias.

Para la Plataforma Ecologista Madrileña y la FRAVM, cualquier debilitamiento de su protección urbanística comprometería no solo el patrimonio autonómico, sino también la coherencia del sistema estatal de protección.

Las organizaciones han trasladado también su preocupación al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, al que solicitan la retirada de la modificación prevista y el mantenimiento de la obligación expresa de clasificar las vías pecuarias como suelo no urbanizable de protección. A su entender, el refuerzo de la vivienda pública no debería realizarse “a costa” de debilitar la protección de un patrimonio ambiental y cultural considerado estratégico para la región.