Un edificio de Ermita del Santo se convierte en Bloque en Lucha

Un hombre de unos 35 años ha resultado gravemente herido este sábado tras recibir una puñalada en el abdomen mientras se encontraba en la vía pública en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Los hechos se han producido sobre las 14:00 horas en la esquina entre la calle Vizconde de Arlesson y Puerto de Balbarán, cerca de la estación de Cercanías de Asamblea de Madrid-Entrevías, según han informado fuentes policiales.

A su llegada al lugar, personal sanitario del Samur-Protección Civil encontró a un hombre que presentaba una herida penetrante en el abdomen, por encima de la cadera, y por la que ha sido trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón. El departamento de Policía Científica y la Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación, si bien por el momento no se ha localizado al presunto autor de los hechos ni tampoco el posible arma del crimen.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su implicación en varios robos con violencia a mujeres de avanzada edad a las que sustraían joyas mediante el método del tirón en plena vía pública en Majadahonda, unos hechos que se cometieron entre junio y septiembre y que dejaron a varias víctimas especialmente vulnerables. Las pesquisas se iniciaron tras tener conocimiento de estos robos, en los que los sospechosos actuaban siempre con el mismo modus operandi: mientras uno esperaba en una motocicleta, el otro empleaba violencia física sobre las mujeres para robarles gargantillas y collares por medio del tirón, y a continuación abandonaban el lugar a toda prisa a bordo del vehículo.

Los investigadores descubrieron que la motocicleta utilizada en las huídas era robada y finalmente la localizaron en la ciudad de Madrid, lo que permitió estrechar el cerco sobre los sospechosos. Así, el pasado 8 de octubre se detuvo a dos hombres por su presunta implicación en tres delitos de robo con violencia e intimidación, un delito de sustracción de vehículo y otro más contra la seguridad vial.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión con carácter provisional. La operación, según ha informado la Guardia Civil, permite cerrar una serie de asaltos que habían generado alarma entre las mujeres mayores de la localidad, un perfil de víctima al que los detenidos elegían precisamente por su menor capacidad de reacción y de defensa.

La Fiscalía de Madrid solicita diez años de prisión para dos acusados de urdir una operación para hacerse con dos sociedades familiares mediante contratos de compraventa y documentos societarios supuestamente falsificados, con un perjuicio económico que los propietarios cifran en más de tres millones de euros. El juicio, que estaba previsto para este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid, ha quedado finalmente suspendido y pendiente de una nueva fecha de celebración.

El Ministerio Público atribuye a los procesados delitos de falsedad documental y estafa, por los que solicita para cada uno tres años de prisión por falsedad y siete años por estafa, además de multas, y en concepto de responsabilidad civil reclama que se declaren nulos los contratos y documentos derivados de la presunta operación, que se restablezca la titularidad de las sociedades a sus legítimos propietarios y que los acusados indemnicen solidariamente al matrimonio por los perjuicios ocasionados, que cifra provisionalmente en más de tres millones de euros, derivados tanto de los activos y el patrimonio societario como de los ingresos y beneficios que se habrían dejado de percibir durante el periodo en que los acusados habrían gestionado las empresas.

Según el escrito de acusación, los procesados se habrían concertado entre mayo y julio de 2017 para hacerse con las sociedades NATIDES SL y LUARISVI SL, propiedad de los padres de uno de ellos, aprovechándose presuntamente de su avanzada edad, de su situación de vulnerabilidad y de la relación familiar existente. Para ello habrían simulado contratos de compraventa de las participaciones sociales, fechados el 17 de enero de 2017 en Budapest, por los que una sociedad húngara habría adquirido las empresas, y la Fiscalía sostiene que el hijo carecía de poderes para disponer de las participaciones de sus padres y que los documentos se utilizaron para dar apariencia de legalidad a la operación.

Posteriormente, los acusados habrían elaborado certificaciones de acuerdos sociales supuestamente ficticios para formalizar ante notario el cambio de administradores y modificar los domicilios sociales de ambas mercantiles, logrando inscribir los cambios en el Registro Mercantil. Las sociedades contaban con distintos activos empresariales e inmobiliarios: NATIDES SL explotaba tres tiendas de muebles en Madrid bajo la denominación comercial de Muebles Arias, además de disponer de un chalet en Brunete que constituía el domicilio familiar, mientras que LUARISVI SL tenía en su patrimonio varios inmuebles, entre ellos una nave industrial en Leganés y distintas viviendas y fincas en la Comunidad de Madrid. Los padres denunciaron los hechos después de conocer que se había inscrito el nombramiento de un nuevo administrador en una de las sociedades, y la Fiscalía sostiene que los acusados continuaron realizando actos de gestión y administración de ambas empresas e incluso iniciaron un procedimiento judicial para desalojar al matrimonio de su vivienda familiar en Brunete.

La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular en dos procedimientos judiciales por las últimas muertes violentas de mujeres registradas en la región. El primero corresponde al de una mujer de 88 años, el pasado 11 de septiembre en San Sebastián de los Reyes, que acabó muriendo en el hospital a consecuencia de las heridas graves presuntamente causadas por su expareja; el segundo se refiere al caso de una víctima de 34 años que perdió la vida el 19 de septiembre en Leganés tras recibir varias puñaladas supuestamente a manos de quien había sido su pareja.

El Consejo de Gobierno, en su reunión, ha conocido las dos encomiendas de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales en estos dos procedimientos, que se desarrollarán en nombre de la Administración autonómica en las diligencias previas que se siguen en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, Plaza número 1, y en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alcobendas, Plaza número 1.

La acción popular se ejerce en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales de violencia contra la mujer abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital, y esta personación es una de las medidas previstas en la ley autonómica sobre este tipo de violencia, que extiende su protección a los hijos y personas dependientes. Desde 2016, el Ejecutivo autonómico ha aplicado esta facultad en un total de 82 causas penales.

Vecinos del bloque de viviendas situado en el número 14 del paseo Ermita del Santo, en el barrio madrileño de Puerta del Ángel, se han organizado como Bloque en Lucha junto al Sindicato de Inquilinas para impedir la expulsión de sus viviendas, que denuncian han sido compradas por una empresa que busca convertirlas en alquiler temporal por habitaciones. Así lo ha relatado ante los medios Sabina Pérez, una de las vecinas afectadas, que ha explicado que la nueva empresa propietaria del inmueble desde diciembre de 2025 les ha mandado ya burofaxes informando de que no renovará sus contratos de alquiler y notificaciones para abandonar sus viviendas.

Esta vecina ha recordado que ya hace tres años los inquilinos del inmueble tuvieron que organizarse para frenar un intento de transformación del alquiler en alojamientos de temporada por habitaciones por parte de la SOCIMI propietaria anterior, y entonces la movilización sirvió para permitir que los vecinos siguieran en sus casas, y ahora buscan movilizarse con el mismo fin: "No nos vamos a ir, nos vamos a quedar hasta conseguir alquileres estables a precios asumibles", ha afirmado, antes de reivindicar que el bloque es "nuestra casa, nuestra vida" y recordar que algunas personas llevan más de 18 años residiendo en él.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Sandra Mora, ha acudido a la concentración para mostrar el apoyo de la organización a las residentes y recordar que "no están solas", y ha destacado que las vecinas ya consiguieron frenar un intento anterior de expulsión mediante la organización colectiva. Mora ha señalado que el caso se enmarca en la presión especulativa que, a su juicio, afecta a otros bloques de Puerta del Ángel y de distintos barrios de Madrid, y ha recordado que desde 2018 un fondo compró más de 30 edificios en el barrio y, según ha denunciado, expulsó a sus residentes para destinar los pisos a alquiler temporal.

La portavoz ha relacionado esta reivindicación con la huelga general del 11 de noviembre, que se está preparando mediante comités unitarios en los barrios y en los que participan distintas organizaciones, y que busca reclamar contratos indefinidos, bajadas de los precios del alquiler y derechos sindicales para las inquilinas, y ha valorado la acampada en la Puerta del Sol como una herramienta que ha contribuido a dar visibilidad a la crisis de la vivienda, aunque ha defendido que ahora es necesario juntar esa reivindicación a la movilización en los barrios.