Fue aprobada de forma definitiva en la pasada Asamblea

Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP), en colaboración con la Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid (CDL), y el colectivo Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA), entregaba en el Registro Oficial de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en la mañana del día 12 de junio de 2013, cinco cartas dirigidas al Presidente de la Asamblea de Madrid, D. José Ignacio Echeverría, al portavoz del grupo Popular, D. Íñigo Henríquez de Luna, al portavoz del grupo Socialista, D. Tomás Gómez, al portavoz del grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, D. Gregorio Gordo, y al portavoz de Unión, Progreso y Democracia, D. Luis de Velasco, en las que se hace constar la "disconformidad de numerosos ciudadanos, instituciones y grupos especializados en Patrimonio Histórico y Cultural, con la Ley que se pretende aprobar".

"Se desmiente la visión que se ha querido dar desde el gobierno regional, de que esta Ley se hace desde el consenso. No ha habido lugar al menor debate público, ni a escala ciudadana ni entre especialistas, ni tampoco se ha admitido prácticamente ninguna de las correcciones o apreciaciones propuestas desde los grupos políticos de la oposición en la Asamblea, y sólo se han registrado enmiendas del propio grupo Popular referidas a la construcción de casinos y a la modificación de las leyes del Suelo y de Urbanismo para facilitar la instalación de este tipo de complejos. El carácter economicista y privatizador de la nueva ley es completamente impropio del cometido específico de una ley de Patrimonio, y deja a éste en bastante peor situación de la que estaba con la ley anterior", explica la asociación.

Las razones principales de oposición al texto legislativo se explican resumidas en el Manifiesto que ha servido de base para la recogida de firmas. Los apoyos recibidos van desde Australia a Francia o EE.UU.; en España, colectivos de arquitectos, asociaciones profesionales de arqueólogos de toda la geografía española, asociaciones en defensa del Patrimonio de gran tradición como Hispania Nostra o el CEHA (Comité Español de Historia del Arte), expertos de distintas instituciones como: el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), el INCIPIT (Instituto de Ciencias del Patrimonio), el IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural Español), el LIP (Laboratorio de Interpretación del Patrimonio), UNESCO Madrid o ICOMOS; especialistas en disciplinas afines como geólogos, ambientólogos, paleontólogos, restauradores, ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas); conservadores y directores de museos; profesores universitarios de Prehistoria, Arqueología, Arquitectura, Arte y de diversos masteres de Patrimonio Cultural de Valladolid, Salamanca, Granada, Barcelona, Cantabria… En Madrid, las universidades de Alcalá de Henares, Complutense, Politécnica, Rey Juan Carlos, Autónoma y la UNED han hecho también constar su NO A LA LEY.

"Por otra parte, conviene conocer que a finales del mes de mayo se publicó en el BOCLM la ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, una norma jurídica creada por el mismo partido político y con una coyuntura económica y patrimonial muy similar, siendo el resultado claramente diferente. El texto castellano-manchego ha sido debatido públicamente por más de cuarenta colectivos, y en él se incluyen muchas de las demandas que los expertos han solicitado que fueran incorporadas a la ley 1/13 de Madrid. La entrega de firmas pone un punto y aparte al trabajo de más de un año de difusión, movilizaciones y búsqueda de apoyos que se han llevado a cabo durante el proceso asambleario buscando la paralización o modificación sustancial del texto legal propuesto y que, en opinión de los expertos, no recoge las directivas europeas en la materia que resultan de obligado cumplimiento, y contraviene también normativas de carácter estatal. En el caso, muy probable, de que se apruebe la Ley sin recoger las modificaciones propuestas, se iniciará un nuevo proceso en el que se tomarán las medidas judiciales que resulten oportunas, ya que no debe permitirse al gobierno regional que utilice el Patrimonio Histórico de todos para el enriquecimiento de unos pocos", concluye la formación.