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24
Jul
2013
El PSM anuncia que recurrirá la decisión del TSJM sobre la externalización PDF Imprimir E-mail
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Además, afirman que la Comisión Europea ya ha aceptado la demanda interpuesta

"La Comisión Europea ha iniciado todos los trámites de examen del procedimiento de la privatización sanitaria en Madrid ante la denuncia que los socialistas madrileños interpusieron el pasado 26 de junio en Bruselas". Así lo anunció Tomás Gómez en rueda de prensa, tras recibir una comunicación de Bruselas señalando que dicha denuncia será examinada a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable en la materia.

"El mes pasado una delegación de los socialistas madrileños, encabezada por el propio Tomás Gómez, viajó a Bruselas para denunciar graves irregularidades de procedimiento en el proceso de privatización de los hospitales de Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina e Infanta Sofía. El texto de este requerimiento argumentaba que el contrato para la gestión de los hospitales enmascara en realidad un contrato de prestación de servicios de gestión, por lo que el concurso público debería haber sido publicado en el Boletín de las Comunidades Europeas de acuerdo con el artículo 22 de la directiva 2004/18/CE, lo que supone una manifiesta irregularidad y la vulneración de la legislación europea", explicaba.

Los socialistas consideraban que "al no haberse seguido el protocolo dispuesto en la citada directiva, el concurso podría haber propiciado el reparto previo de los lotes a adjudicar entre las tres únicas empresas que se han presentado al concurso. Y por este motivo solicitaban a la Comisión Europea que tomara las medidas previstas para este tipo de vulneraciones de la ley, iniciara un procedimiento de infracción del derecho de la Unión y dictaminara la retroacción de todo el proceso de privatización, lo que significaría en términos prácticos la nulidad del concurso llevado a cabo por la Comunidad de Madrid".

"Las autoridades europeas han iniciado ya este procedimiento", tal y como ha anunciado el dirigente del PSM, quien también ha anunciado que su formación va a presentar un "recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que levanta la suspensión cautelar que había impuesto sobre el proceso de privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid".

A juicio de Gómez, "la paralización temporal dictada hace unos días por el TSJM puso de manifiesto que hay partido, que si bien es difícil no es una meta imposible. Fundamentalmente porque el escrito del TSJM que hace dos semanas ordenó la paralización del proceso de desmantelamiento de la sanidad pública en Madrid puso de manifiesto la existencia de irregularidades en el proceso, especialmente en lo referido a la reducción de los avales exigidos a las empresas que quieren quedarse con los hospitales de los madrileños. Hoy esas irregularidades siguen ahí, exactamente las mismas. Ante esas irregularidades no ha habido ningún pronunciamiento de los tribunales… Lo que se ha intentado es sacar del proceso a los denunciantes de las irregularidades”, ha señalado.

Por eso, Gómez ha anunciado: "Vamos a presentar un recurso de reposición. Vamos a pedir la nulidad de ese auto porque no respeta el artículo 51.1 y 51.4 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, porque vulnera la legalidad vigente y por no tener en cuenta ese auto el escrito que presentamos ayer argumentando y defendiendo nuestra legitimidad para defender a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid".

Concretamente, puntualizaba después el portavoz en materia sanitaria del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, "los socialistas presentaron ayer un escrito de 35 páginas especificando que si bien el PSM ha impulsado este recurso, el mismo está suscrito en realidad por diputados en calidad de ciudadanos y usuarios concretamente de los hospitales que el gobierno regional pretende privatizar y si ellos no están legitimados, si esta ley no protege a los ciudadanos, honestamente hay que cambiarla", apostillaba. Del mismo modo se argumenta que "estos pliegos organizan la asistencia de manera que afecta a los usuarios (obliga a un ciudadano a ser parte de un hospital y eso no puede figurar en un pliego) y que el ánimo de lucro de las empresas privadas adjudicatarias condicionaría la atención médica de una población de 1,2 millones de personas".

"El nuevo auto del TSJM se ha limitado a aplicar la jurisprudencia existente hasta el momento en materia de administrativa, muy lejos, consideran los socialistas, de las características del contrato que intenta promover la Comunidad para desmantelar la Sanidad pública madrileña. Por eso se presentará el recurso de reposición: Sabemos que esta va a ser una batalla dura y difícil contra el Gobierno regional, contra los poderes económicos privados y contra las empresas que quieren apropiarse de la sanidad pública… Pero sabemos que va a ser una batalla larga y difícil, que vamos a ganar", ha apostillado Tomás Gómez.

El dirigente socialista ha recordado que el PSM, además de este recurso, "ha presentado toda una batería de acciones en el ámbito judicial -denuncias, querellas y recursos-, políticos y administrativo aún pendientes: las medidas cautelares del juzgado 28, el recurso ante el Tribunal Constitucional, la resolución de la demanda presentada ante la Comisión Europea en Bruselas… Y especialmente hay que recordar que el día 13 de septiembre la Viceconsejera de Sanidad acude a los tribunales para dar explicaciones por la minoración de las garantías exigidas a las empresas que optaron a este concurso, para explicar el por qué del conchabeo entre las empresas privadas que quieren hacerse con la sanidad pública de Madrid y el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid”.

Y ante tantos frentes judiciales que pueden tumbar sus planes, Gómez ha manifestado sus sospechas de que "el gobierno de Ignacio González tratará de firmar rápidamente, tal vez mañana, los contratos con las tres empresas elegidas…" Por eso ha advertido al Gobierno del PP que no firme el contrato “porque les pediremos responsabilidades políticas y judiciales” y a las empresas que no firmen porque “vamos a conseguir que tengan que pagar el cien por cien de las garantías y no los 23 millones de euros que ahora les exige Sanidad”.

 

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