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05
Ago
2013
Madrid entrega trescientas viviendas a desahuciados en siete meses PDF Imprimir E-mail
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Resultados del convenio con Cáritas

La Comunidad de Madrid entregó en los primeros siete meses de 2013 un total de 457 viviendas públicas destinadas a familias que se encuentran en una situación de especial necesidad y en riesgo de exclusión social, lo que representa una media de 65 viviendas al mes. De este total de viviendas, un 65% (unas 300 viviendas) han ido destinadas a familias que han sufrido un desahucio y que no han podido hacer frente al pago de una hipoteca o de un alquiler y que, gracias a las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) y ONGs como Cáritas, han encontrado una solución a su problema.

El viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Borja Carabante, visitó hoy una de las viviendas que se están reparando actualmente y que se entregarán a partir de septiembre y a través de Cáritas, “Actualmente tenemos otras 109 viviendas en reparación que podrán estar a disposición de ser habitadas por familias que lo necesiten a finales del verano. El objetivo del Gobierno regional es que no haya viviendas cerradas mientras haya personas que necesitan un hogar y que, por diferentes razones, no pueden afrontar el pago de una hipoteca o de un alquiler”.

Según explicó el viceconsejero, el perfil de las familias que hasta ahora demandaban una vivienda del cupo de especial necesidad ha sufrido un cambio importante como consecuencia de la crisis. “Nos encontramos con personas que han perdido sus empleos y que han reducido drásticamente sus ingresos familiares. Algunas han llegado a perder sus viviendas como consecuencia de un desahucio o pagan alquileres muy por encima de sus posibilidades”.

Además, entre los adjudicatarios se encuentran también familias que por sus circunstancias personales y sociales presentan graves situaciones de vulnerabilidad, como mujeres que han sufrido violencia de género, familias monoparentales con una situación económica precaria, o personas mayores, con problemas de salud o que sufren alguna discapacidad.

La adjudicación de estas viviendas se enmarca entre las iniciativas que la Comunidad de Madrid está desarrollando para solucionar el problema de acceso a la vivienda que afecta cada vez a más colectivos, como consecuencia de la crisis, para las que tiene en cuenta las necesidades concretas de cada persona o familia. Así, el Gobierno regional, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), lleva apoyando de forma especial a estas familias desde el año pasado cuando se creó un cupo especial denominado Impulso Familiar, dentro de la adjudicación de viviendas por baremo.

Al respecto, Carabante recordó que el IVIMA ha reducido la renta a 5.000 familias inquilinas de viviendas públicas que, teniendo la voluntad de hacer frente a los pagos, no pueden asumir el coste en estos momentos. Para estas familias se ha establecido un alquiler medio de 50 euros mensuales, en condiciones similares a las más de 2.000 familias inquilinas del IRIS.

Por otra parte, para la Comunidad de Madrid, la exclusión social es un proceso, no una condición y en este sentido el acceso a una vivienda económica supone un impulso y una ayuda para que quienes atraviesan una situación difícil puedan superarla. Por esa razón existe el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), que realiza una labor reconocida internacionalmente, para y por la integración de las familias y personas más vulnerables.

Igualmente, “la Comunidad de Madrid está trabajando junto con las entidades sociales sin ánimo de lucro, que trabajan a pie de calle, con las familias más desfavorecidas y conociendo la realidad mucho más de cerca, que nos ayudan a detectar aquellas familias que están en riesgo de exclusión social, que hayan perdido su trabajo y estén a punto de perder su vivienda habitual, no disponiendo de más recursos”, explicó el viceconsejero. En este marco de colaboración se incluye el convenio alcanzado con Cáritas por el que se le ceden 1.000 viviendas para alojar a familias en situación de necesidad.

 

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